Harold Forsyth sobre demanda contra Boluarte: “Por el bien del Perú, ojalá que la Corte Penal Internacional haga justicia”

—Ha anunciado que la presidenta de la República, Dina Boluarte, será denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta violación sistemática de los derechos humanos. Esto por los asesinatos cometidos durante las protestas en su contra, a finales de 2022 e inicios de 2023. ¿Es una iniciativa que toma usted de manera independiente o acompañado con otras personas?

—En realidad, somos un grupo de personas que estamos en un proceso para desarrollar el tema desde el punto de vista jurídico. Lo que ocurre es que yo me he adelantado en anunciarlo porque es un asunto muy importante y por eso estimo que es necesario que se sepa, cuanto antes, que esta iniciativa está de por medio.

—¿Con qué personas viene trabajando esto?

—Prefiero no decirlo todavía. Lo que sí creo es que con el transcurrir de los días las cosas se irán aclarando.

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—¿Por qué delitos se puede denunciar a alguien ante la CPI?

—La CPI se encuentra en La Haya, al igual que la Corte Internacional de Justicia. El Perú pertenece a la CPI desde el año 2001. Esta se ocupa concretamente de hechos criminales cometidos por gobiernos por tres ilícitos penales.

—¿Cuáles son esos ilícitos penales?

— Crímenes de guerra, genocidios y lesa humanidad. Hay que precisar también que los fallos de la CPI son inapelables y de obligatoria ejecución. Se creó para enfrentar asuntos penales en todo el mundo y resta decir que se trata de una institución de mucho prestigio en el mundo.

— Imagino que en el caso de la presidenta Boluarte aplicaría la lesa humanidad.

— En efecto. En el caso del Perú, en el tema concreto de la señora Boluarte que tenía el poder en sus manos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, hay ciertamente delitos de lesa humanidad. Estamos hablando, por lo menos, de 49 muertos, sin que nadie diga “esta boca es mía”. Se ignora por completo el informe del Departamento de Estado (de los Estados Unidos), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esto ya no puede ser. El Perú es -lo acabamos de ver con la reacción de un grupo importante de países (frente a la denominada ley anti-ONG, que se busca aprobar en el Congreso) un paria en la comunidad internacional. Y creo que los peruanos merecemos un poco más que esto. La señora Boluarte ha tenido la oportunidad de salir al frente para explicar estos hechos tan graves, sin embargo, ya todo tiene un límite. Es importante que la CPI, que existe para estos casos, tome cartas en el asunto peruano.   

— ¿Cómo es el proceso? ¿Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante la CPI?

— Ahí ya hay teorías de índole judicial. Sudáfrica, por ejemplo, ha presentado una denuncia ante la CPI contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, por genocidio. En realidad, los ciudadanos estamos habilitados para presentar estas denuncias y, ciertamente, la CPI está en la condición de evaluarlas y de actuar en consecuencia. Presentada la demanda, ya se abre un compás de espera. La CPI es muy estricta en sus plazos, pero de que el asunto va, va.

—¿Cuándo se presentaría la denuncia?

—Una vez que se perfeccionen algunos mecanismos legales. Lo que quiero destacar es lo siguiente, que me parece muy importante: una vez que la CPI -y ojalá sea el caso- emita una medida cautelar, todos los países miembros estarán obligados a acatarla.

—¿Eso qué significa?

—Significa que la persona denunciada, en cualquier lugar del mundo, en donde esté, se hace acreedora del brazo de la ley. Por eso la señora (Boluarte) va a tener que pensar y mucho antes de seguir dando vueltas por el mundo. La China no es problema porque no es miembro de la CPI, pero en el Asia sí lo es Japón, como lo somos muchos países en el mundo, afortunadamente.

—¿Eso quiere decir que, si la CPI dictase una medida cautelar, Boluarte no podría dejar el país?

—De poder, puede. Pero acuérdese, Enrique, del caso del juez Baltasar Garzón (cuando el exdictador chileno, Augusto Pinochet, fue detenido en Londres en octubre de 1998). Cuando llega una persona fuera de su país, ya no se encuentra protegida, porque está en una jurisdicción de la CPI. Por supuesto, esperemos que no se llegue a ese tipo de situaciones extremas. Pero creo que es evidente que el Perú es un paria en el mundo y no creo que los peruanos merezcamos esto. Este Gobierno prácticamente ya está en margen de error (en las encuestas de opinión pública) y sería preciso que se llamen a elecciones en el más breve plazo porque la situación ya resulta insostenible.

—La CPI no está adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque coopera con ella. ¿Correcto?

—Efectivamente. La CPI, como bien dice, coopera con la ONU.

—¿Qué impacto cree que tendría en el Perú que una presidenta sea acusada ante la CPI?

—No sé qué impacto podría haber. Lo que sí sé es que cuando se tienen cuentas pendientes tan graves y delicadas, como las tiene este Gobierno de la señora Boluarte, se está expuesto a cualquier cosa. Por el bien del Perú, ojalá que la CPI haga justicia.

—¿Para los propios familiares de las víctimas?

—Para los propios familiares, desde luego. Pero también hay que recordar que todos los peruanos somos agraviados.