Contraloría: gobiernos del norte son los más corruptos
Observados. Las entidades registraron altos reportes en casos de corrupción e inconducta funcional, presunto fraccionamiento en las contrataciones públicas, falta de transparencia y más.
Los Gobiernos regionales de Áncash y Piura registraron altos índices de corrupción durante sus periodos 2021 y 2022, de acuerdo a los resultados del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), presentado por la Contraloría General de la República.
Según el índice, que estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional del Perú, basándose en los hallazgos del control gubernamental y otras fuentes de información, el Gobierno Regional de Áncash ocupa el primer lugar con un puntaje de 84,1, seguido del Gobierno Regional de Piura con puntaje de 82,2, ambos catalogados como muy alto.
Asimismo, el ranking continúa con el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El cuarto lugar es del Gobierno Regional de Junín y el quinto puesto es para el Gobierno Regional de Puno.
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Entre los valores evaluados para la elaboración del informe se consideró el presunto fraccionamiento en las contrataciones públicas sin proceso de montos menores o iguales a 8 unidades impositivas tributaria (UIT). El contralor general, Nelson Shack, detalló que, de las 198 entidades públicas con niveles alto y muy alto de corrupción, según los indicadores analizados en el INCO 2022, el 38,4% corresponden al nivel de gobierno regional, el 37,9% son de gobierno local y el 23,7% son del gobierno nacional. “El Sistema Nacional de Control ya tiene las instrucciones y tiene que mirar eso para saber qué pasa con esas entidades”, dijo.
Indicó que el INCO 2022 trabaja con 14 bases de datos públicas y con ello se pudo evaluar a un total de 2.815 entidades públicas, de las cuales 367 corresponden al nivel de gobierno nacional, 558 al de gobierno regional, y 1.890 corresponden al de gobierno local en todo el país.
La clave
Encuentran. Entre los principales problemas que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional de las regiones figura el presunto fraccionamiento en las contrataciones públicas sin proceso de montos menores o iguales a 8 UIT.