14N: familiares de Inti Sotelo denunciarán al Estado peruano ante la CIDH esta semana
En espera. El juez César San Martín, quien preside la sala de la Corte Suprema donde está el caso de las muertes durante la marcha del 14 de noviembre, todavía no ha establecido una fecha para que las partes presenten sus argumentos en audiencia.
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Los familiares de Inti Sotelo, fallecido en la violenta represión policial del 14 de noviembre del 2020, denunciarán esta semana al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la impunidad que generó el Congreso al desestimar la acusación constitucional como autores mediatos contra Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.
Así lo informó Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a la familia. Sostuvo que hay pruebas suficientes para que la instancia supranacional determine la responsabilidad del Estado.
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Explicó que la CIDH iniciará una investigación, tras lo cual podría emitir un pronunciamiento y hacer recomendaciones para que se reabra la investigación a Merino y los exministros. Agregó que si el Estado tiene una estrategia obstruccionista, podrían presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“En un caso tan evidente, donde hay tanta prueba documental y testimonial, es muy probable que la Corte tendrá un fallo condenando al Estado peruano, y eso significará que se abra una investigación a Merino y los exministros”, precisó. Sin embargo, es un proceso largo, que tomará aún varios años más.
Investigación paralizada
Por otro lado, la investigación preliminar por homicidio agravado contra altos mandos y oficiales de la Policía, que se formalizó en octubre del año pasado, lleva casi cuatro meses paralizada.
En julio, la fiscal Jhousy Agurto tomó esta decisión hasta que la Corte Suprema resuelva un recurso de casación sobre la competencia del caso de una corte especializada en derechos humanos.
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Esto se inició cuando la defensa del coronel Percy Tenorio, uno de los oficiales investigados, solicitó copias de la carpeta fiscal, lo que finalmente terminó en la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que se negó a asumir la competencia.
Ante esta circunstancia, en febrero de este año, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional de Derechos Humanos presentó la casación. El caso está en una sala de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, que aún no ha fijado fecha para una audiencia en la que las partes presenten sus argumentos.
Mientras tanto, la investigación a los altos mandos no puede avanzar. En dicha indagación están incluidos 11 oficiales, entre ellos el teniente general Jorge Lam, quien estaba encargado de la Comandancia General de la Policía, y el general Jorge Cayas, entonces jefe de la Región Policial Lima; así como el coronel Carlos Villafuerte, jefe de toda la operación.
Los tres estuvieron en la intersección de las avenidas Abancay con Nicolás de Piérola, una de las zonas donde la represión fue más violenta y en la que acribillaron a Bryan Pintado.
Rivera señala que la Fiscalía estaba en proceso de identificar a los responsables de los disparos cuando se paralizó la investigación. Y mientras tanto, los familiares siguen esperando justicia.
