Vacíos en normas electorales no permiten controlar fondos usados por partidos para pagos externos

Deficiencias. Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), comunicó que los partidos Somos Perú, Perú Libre y Renovación Popular serían —preliminarmente— investigados, ya que habrían usado el financiamiento público dado por la institución “para fines diferentes a los señalados por la Ley de Organizaciones Políticas”.

El último domingo, “Punto Final” reveló que los tres partidos mencionados habrían utilizado el dinero recibido para beneficiar a terceros en el contexto de elecciones regionales y municipales 2022.

Renovación Popular, que recibió S/ 843.000 del fondo público, pagó S/ 226.650 al excongresista fujimorista Julio Gagó por un servicio de coaching a sus candidatos, con miras a los comicios del próximo 2 de octubre.

Vladimir Cerrón, con sentencia suspendida por corrupción, percibe S/ 12.000 mensuales provenientes de S/ 1 075 639,61 otorgados a Perú Libre por pasar la valla electoral el 2021 con el mayor número de congresistas.

Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, sería otra beneficiada con el recurso público del Estado, pues su partido le estaría pagando S/ 15.000.

Para Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, la ONPE debería “completar la información faltante”. En declaraciones a La República, Lanegra señaló que —en principio— “no hay problema de ilegalidad” con los rublos expuestos. No obstante, precisó que los partidos deben sustentar lo que gastan con el fin de “demostrar” lo que declaran ante la entidad electoral.

“La ONPE debe revisar si hay cierta proporcionalidad entre lo que se haga (o se haya adquirido). Por ejemplo, si dicen que compraron un auto a un S/ 1 millón, la ONPE debe pedir la cuenta que justifica eso”, declaró.

Seguidamente, sostuvo que en caso se compruebe que hubo “formas fraudulentas de querer pasar ciertos gastos que, efectivamente, no se justifican”, entonces sí podría haber sanciones.

“Puede haber multas por evasión del cumplimiento de la norma del financiamiento. Si hay reincidencia, se le puede quitar el fondo al partido, pero estamos todavía en la primera etapa”, explicó a este diario.

José Tello, experto en derecho electoral, recuerda que la Ley 31046 (que modificó el financiamiento público de los partidos el 2021) establece que solo se puede utilizar hasta el 50% en gastos administrativos. “Pagarle a un presidente de un partido es un gasto administrativo. Hay otro 50% en capacitaciones”, resaltó.

Para Tello, la ONPE debe “colocar parámetros” con el fin de controlar los gastos que hacen las organizaciones políticas. “No están poniendo límites. Hay un problema de la ONPE referente a las contrataciones”, dijo a este medio.

Seguidamente, el abogado consideró que la entidad electoral “no puede controlar a los partidos” debido a que no pusieron desde un principio “las reglas claras”. “Estos son temas recurrentes, estos problemas ya hubo antes”, añadió.

Fernando Tuesta: “Entregar dinero a los partidos políticos no es popular”

El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta sostuvo que la ley de financiamiento de partidos se creó porque estos “ya no pueden proveer de sus ingresos”. También detalló que en el caso del fondo público existen dos maneras: la primera es indirecta con la franja electoral y la segunda con la entrega de dinero directa a las organizaciones.

“El rechazo de la política y los partidos es muy grande en nuestro país. Pensar que se les entrega dinero a los partidos políticos no es popular”, manifestó durante una reciente entrevista en el canal del JNE.

El politólogo mencionó que el dinero entregado tiene dos objetivos: evitar la desigualdad y el manejo de la política por parte de empresas privadas. “La diferencia era de quien tenía dinero privado y quien no tenía (....). Con la ley se busca evitar el dinero ilícito”, agregó.