Arequipa: Fiscalía investigará a Yamila Osorio por presunto soborno

Según la Fiscalía, Osorio habría constituido y liderado la organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Arequipa.

Osorio exhortó a la ciudadanía a confiar en el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE. Foto: La República
Osorio exhortó a la ciudadanía a confiar en el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE. Foto: La República

El Ministerio Público anunció después de casi dos años el inicio de una investigación preparatoria a la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado. Se le sindican los delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio, que habrían sido cometidos los años 2015-2018.

Los hechos se remontan a fines de 2020, cuando dos colaboradores eficaces revelaron que Osorio, a través de un intermediario, pidió un soborno a ICCGSA antes de la firma del contrato. Esta empresa se encargó de construir uno de los tramos de la Variante de Uchumayo, y luego abandonó los trabajos.

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La fiscal provincial Angela Zuloaga Bayes del Octavo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, formalizó la investigación el pasado 31 de agosto y solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Osorio. La audiencia se realizará hoy desde las 11.00 horas.

De acuerdo a la Fiscalía, Yamila Osorio habría constituido y liderado la organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Arequipa, la cual, bajo una misma resolución criminal, operó durante los años 2015-2018, y cuyo plan consistió en cometer principalmente delitos contra la administración pública. Para esto, se habría designado en puestos claves de la entidad a miembros de su organización delictiva.

De acuerdo a la nota de la Fiscalía, a Osorio se le imputa el delito de colusión, en razón de su cargo de gobernadora por intervenir de manera directa en la licitación de esta obra.

La exgobernadora habría concertado, a través de Edgar Montalvo Gálvez, con Fernando Castillo Dibós, gerente de ICCGSA, por intermedio de Carlos Zariquiey y Rafael Granados Cueto, para favorecer a la citada empresa a cambio de un beneficio económico en detrimento de los intereses patrimoniales del Estado.

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