Arequipa: Fiscalía investigará a Yamila Osorio por presunto soborno
Según la Fiscalía, Osorio habría constituido y liderado la organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Arequipa.
- En Loreto, 2.441 hectáreas de bosque, con árboles y guacamayos esperan la ayuda del Estado
- ONPE finalizó conteo al 95% y perfila a Roberto Sánchez para la segunda vuelta: quedan 4.600 actas observadas
El Ministerio Público anunció después de casi dos años el inicio de una investigación preparatoria a la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado. Se le sindican los delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio, que habrían sido cometidos los años 2015-2018.
Los hechos se remontan a fines de 2020, cuando dos colaboradores eficaces revelaron que Osorio, a través de un intermediario, pidió un soborno a ICCGSA antes de la firma del contrato. Esta empresa se encargó de construir uno de los tramos de la Variante de Uchumayo, y luego abandonó los trabajos.
TE RECOMENDAMOS
BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
La fiscal provincial Angela Zuloaga Bayes del Octavo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, formalizó la investigación el pasado 31 de agosto y solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Osorio. La audiencia se realizará hoy desde las 11.00 horas.
PUEDES VER: Obras de municipio de Arequipa tienen retrasos
De acuerdo a la Fiscalía, Yamila Osorio habría constituido y liderado la organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Arequipa, la cual, bajo una misma resolución criminal, operó durante los años 2015-2018, y cuyo plan consistió en cometer principalmente delitos contra la administración pública. Para esto, se habría designado en puestos claves de la entidad a miembros de su organización delictiva.
De acuerdo a la nota de la Fiscalía, a Osorio se le imputa el delito de colusión, en razón de su cargo de gobernadora por intervenir de manera directa en la licitación de esta obra.
La exgobernadora habría concertado, a través de Edgar Montalvo Gálvez, con Fernando Castillo Dibós, gerente de ICCGSA, por intermedio de Carlos Zariquiey y Rafael Granados Cueto, para favorecer a la citada empresa a cambio de un beneficio económico en detrimento de los intereses patrimoniales del Estado.
