Política

Comuneros de Espinar exigen un segundo bono del Convenio Marco y anuncian huelga para obtenerlo

El desembolso de S/ 90 millones pondría en peligro la ejecución de proyectos de desarrollo para la provincia de Espinar. Pobladores señalan que el dinero que aporta la minera Tintaya, hoy Antapaccay, ha sido robado mediante la sobrevaloración de adquisiciones.

Se conoció que la adquisición de terrenos eriazos en zonas altas para el represamiento de aguas costó 3 millones y medio de soles, siendo su precio real 700.000 soles. Foto: La República/archivo
Se conoció que la adquisición de terrenos eriazos en zonas altas para el represamiento de aguas costó 3 millones y medio de soles, siendo su precio real 700.000 soles. Foto: La República/archivo

En 2020, la pandemia de la COVID-19 obligó a los comuneros de Espinar a solicitar por única vez un bono de S/ 1.000 para mitigar la crisis económica y sanitaria. Se estaba transgrediendo los objetivos de la creación del Convenio Marco, que es el desarrollo de la provincia con un fondo proveniente del 3% de las utilidades de la empresa minera Tintaya, actualmente Antapaccay; pero se entendió que se trataba de una emergencia.

Hoy, los espinarenses han solicitado un segundo bono, esta vez de S/ 2.000 soles, con lo cual estarían poniendo en riesgo la ejecución de proyectos, teniendo en cuenta que este desembolso alcanzaría los S/ 90 millones. El argumento para esta demanda es que dicho fondo ha sufrido un robo perpetrado a través de la sobrevaloración de adquisiciones.

El expresidente del Frente de Defensa de Espinar, Edgar Huaranga, señala que se trata de millones de soles que el comité de gestión del Convenio Marco está invirtiendo de manera irregular, de acuerdo a los documentos a los que la población ha accedido. Refiere al caso de la compra de tractores a S/ 760.000 cada uno cuando su precio real es de S/ 350.000 o S/ 370.000.

También menciona la adquisición de terrenos eriazos en zonas altas para el represamiento de aguas, a 3 millones y medio de soles, siendo su precio real S/ 700.000. De ahí que los comuneros prefieran un bono de S/ 2.000 antes que los fondos se terminen en compras irregulares.

“Este conflicto lo han generado el alcalde provincial Lolo Arenas y la minera Antapaccay. Si no quería estos problemas, la minera debió haber cortado desde el inicio: hubiera dicho que no se realicen las adquisiciones. Sabían lo que pasaba porque son parte de comité gestor”, señala Edgar Huaranga.

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El presidente del Frente de Defensa del distrito de Pallpata, Fredy Llaique, refiere cómo llegaron a conocer la sobrevaloración de proyectos.

Solicitamos informes al comité de gestión sobre la cantidad de dinero que se recibió hasta el último aporte de la empresa, pero no nos han querido dar. Representantes de la sociedad civil que integran el comité de gestión nos han informado sobre las obras que se estaban ejecutando. Averiguamos el costo de dichas obras y lo primero que encontramos es que estaban comprando tractores a precio sobrevalorado. Igual con un terreno. Tengo las actas de la compra del terreno donde dice que han comprado en un millón, pero en el informe del soporte técnico del Convenio Marco indican 3 millones. Ahí se ve muy claro la sobre valoración”, menciona Llaique.

El dirigente también considera que el alcalde provincial Lolo Arenas, quien preside el comité de gestión, estaría en coordinación con la empresa minera y el soporte técnico de dicho comité en el mal manejo de los fondos del Convenio Marco.

Precisamente, con el fin de conocer cuánto dinero hay, la población se reunió en la Plaza de Armas de Espinar para pedir cuentas a la autoridad edil, pero el alcalde no se presentó. Ese día acordaron solicitar el segundo bono y desconocer al Frente de Defensa, al considerar que es aliado del alcalde provincial.

Asimismo, determinaron realizar un plantón en la municipalidad hasta que el funcionario edil se presente. Como no apareció al segundo día, resolvieron cerrar la municipalidad; pero este hecho no ocurrió porque el burgomaestre llegó al lugar. Entonces, fue cuando se solicitó una reunión de emergencia al comité de gestión. Según precisa Fredy Llaique, ahí el comité aprobó el segundo bono de S/ 2.000.

El alcalde dijo que en 10 días iba a entregar un informe del soporte técnico respecto al bono de S/ 2.000. También se quedó en que el comité de gestión y el soporte técnico tenían 60 días para dar el informe final del expediente de entrega del bono. Han pasado 30 días y no hay informe”, cuestiona.

El lunes 15 de agosto, se frustró una reunión con el comité de gestión por discrepancias con el alcalde respecto a la participación de Irma Yauli como presidenta del Frente de Defensa. La población había acreditado a Sergio Huamaní como presidente de esta organización.

Por la tarde de ese día, las comunidades acordaron reunirse hoy, viernes 19 de agosto, para conformar el comité de lucha y radicalizar sus medidas de protesta.

“En el caso de que no se conforme el comité de lucha, la medida será encabezada por el Frente de Defensa que preside Sergio Huamaní. La huelga indefinida contra el alcalde Lolo Arenas y la minera posiblemente se inicie el lunes o martes de la semana que viene”, anuncia Fredy Llaique.

Por su parte, Flavio Huanqque, dirigente de la comunidad Alto Huancané, anota que las 11 comunidades adyacentes a las operaciones mineras nunca han hablado del bono y que ese es un pedido de los dirigentes de la provincia de Espinar. Sin embargo, dice que no se oponen a dicha petición.

Las referidas comunidades son Cala Cala, Huisa, Huancané Bajo, Alto Huancané, Huarca, Huisa Collana, Alto Huarca, Suero y Cama, Huano Huano, Anta Collana y Tintaya Marquiri, las mismas que vienen tratando con representantes del Gobierno aspectos de salud, educación, territorio y desarrollo sostenible. Huanqque indica que, si no atienden sus derechos, estarían suspendiendo las operaciones de Antapaccay en Espinar.

Por su parte, el electo presidente del Frente de Defensa de Espinar, Sergio Huamaní, asegura que se mantendrá la posición de respetar la demanda del pueblo sobre el bono de S/ 2.000.

“La población tiene que determinar las obras a priorizarse. Algunos proyectos pueden ejecutarse con los fondos del Estado. El alcalde tiene un presupuesto sin gastar de más de S/ 200 millones. El fondo del Convenio Marco debe ser para el bono que la población necesita”, demanda el dirigente que hoy podría ser designado para encabezar la próxima semana una nueva huelga en Espinar.

Advierten apetitos populistas

El estudio “Los fondos sociales y convenios marco en el Corredor Minero Sur”, publicado por el Grupo Propuesta Ciudadana, menciona la inclinación de ciertos dirigentes de Espinar por la distribución de los fondos a los ciudadanos a través de aportes directos.

Explica que el Convenio Marco de Espinar, en sus primeros años, entregó los fondos necesarios para ejecutar importantes obras de infraestructura siguiendo un plan de desarrollo concertado. Pero que, a partir del 2012, políticos y dirigentes abandonaron el entusiasmo por las inversiones. “Es por esta razón que, en el 2020, S/ 111 millones permanecían ahorrados sin destino”, precisa el documento.

También alerta que la entrega de un nuevo bono pone en riesgo los fondos del Convenio Marco, “los cuales ahora son del apetito de dirigentes populistas e inmediatistas, carentes de una visión de futuro y de la capacidad para planificar el desarrollo de su provincia. Entregar el bono representará el desembolso de S/ 90 millones, lo que impedirá que se concreten proyectos clave y que cuentan con el consenso ciudadano”, anota.

Al respecto, el consultor de Propuesta Ciudadana, Pablo O’Brien, refiere a La República lo que podría suceder los próximos días.

“Lo más probable es que ahora, mediante una paralización muy violenta, como la que hubo el año 2020, y en la que se quemaron varios vehículos de Las Bambas —que no tuvo nada que ver en el asunto— y quemaron algunas obras de regadío de comunidades que no se plegaron a la huelga, van a tratar de exigir que se les entregue el bono”, indica.

También cuestiona que los dirigentes no quieran cumplir con el reglamento del Convenio Marco y que tampoco presenten un estudio técnico que respalde lo que quieren.

No dicen por qué el bono es para toda la población y no para los de extrema pobreza. No hay ningún criterio, simplemente lo que están haciendo es exigir por la fuerza que se les dé un bono”, apunta O’Brien.