EDITORIAL / El banco de la mafia ...... L os pacientes interrogatorios del juez Saúl Peña Farfán, magistrado anticorrupción encargado del proceso a Vladimiro Montesinos, y de los miembros de la comisión Waisman, a uno de los testaferros del ex asesor, el cooperativo Víctor Alberto Venero Garrido ñquien se ha acogido a la ley de arrepentimientoñ comienzan a dar sus primeros resultados. Pues una de las principales incógnitas que subsistía respecto del modus operandi de la red de corrupción establecida por el jefe oficioso del SIN estaba referida a la forma cómo Montesinos y sus testaferros se las habían arreglado para enviar fuera del país ñy en algunos casos repatriarñ enormes cantidades de dinero malhabido. Se sabía ya que en algunos casos se valieron del sistema financiero legalmente establecido, pero en mínima proporción, pues un movimiento de capitales tan notorio realizado por vías legales hubiera terminado por ser detectado e informado, al amparo de la legislación existente contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Ahora, gracias a las confesiones de Venero, quien recordó que el prófugo testaferro de Montesinos Juan Silvio Valencia Rosas ñel mismo que escondió al ex asesor hasta el momento de su fuga a Galápagosñ había realizado un depósito por US$ 30 millones en la oficina del Pacific Industrial Banc, cuya oficina en el Perú era dirigida por Alfonso Morales Bermúdez, se ha llegado a una de las fachadas financieras de la mafia. El Pacific Industrial Banc (PIB), cuya sede principal funciona en Gran Caymán, llegó al país en 1990, demandando a la SBS autorización para operar como institución financiera, permiso que les fue negado, pero en cambio obtuvieron uno para operar como "representantes de institución exterior no acreditada en el Perú". En 1996, a través de los promotores Ernesto Lúcar de la Portilla y Luis Pércovich Bambarén, el PIB renovó el pedido para regularizar sus operaciones en el Perú, pero en mayo de 1997 la SBS les canceló la autorización con que contaban desde 1990 al comprobar que venían captando dinero de una cartera de clientes. Esta circunstancia hizo que, a partir de entonces, el PIB desapareciera legalmente del país y quedara representado por la empresa Aval Card Perú S.A. dedicada a la administración de tarjetas de crédito del PIB. Esta empresa, que funciona en el corazón financiero del distrito de San Isidro, alega no tener ninguna vinculación con Montesinos y sus testaferros. Sin embargo, y a partir de la información proporcionada por Venero, el juez Saúl Peña condujo una investigación que lo llevó a las oficinas de Aval Card, donde le aseguraron desconocer a Alfonso Morales Bermúdez y no estar ligados al PIB. La insistencia de Venero, quien describió al juez oficinas que correspondían a las de Aval Card, motivó el retorno del juez a dichos ambientes, encontrándolos vacíos. Consultado el personal de administración y vigilancia del edificio se pudo averiguar que la mudanza había sido realizada el fin de semana anterior a la segunda visita del magistrado, quien dio aviso a la PNP, la que pudo ubicar al responsable de la mudanza. Este dato permitió llegar a distintos inmuebles adonde habían sido conducidos los enseres de la oficina y capturar computadoras y agendas que dieron nuevas pistas de implicados. No se han producido detenciones hasta este momento, lo cual indica que los implicados en este movimiento ilegal se han dado a la fuga. En la página Web del PIB se puede leer que es una entidad financiera fundada en 1986, con sede en Gran Caymán y sucursales en diversos países centroamericanos, responsable de administración de cuentas por US$ mil millones. La comisión Waisman ha establecido que el testaferro Valencia Rosas, utilizando parientes y amigos, transfirió a Nueva York y Miami US$ 22 millones en los días previos a las elecciones del 9 de abril del 2000, y se conoce la vinculación de este personaje con la Caja de Pensión Militar Policial como asesor, así como miembro del directorio de Financiera Sur, la entidad que hizo inversiones fraudulentas con los fondos de la Caja. Como se ve, el círculo se encuentra próximo a cerrarse. Falta conocer el movimiento financiero del PIB en el Perú y ordenar un mandato de arresto internacional para sus responsables locales. Pero algo nos dice que este es solo un hilo de la madeja de corrupción que manejó Vladimiro Montesinos. EDITORIAL / El banco de la mafia ...... L os pacientes interrogatorios del juez Saúl Peña Farfán, magistrado anticorrupción encargado del proceso a Vladimiro Montesinos, y de los miembros de la comisión Waisman, a uno de los testaferros del ex asesor, el cooperativo Víctor Alberto Venero Garrido ñquien se ha acogido a la ley de arrepentimientoñ comienzan a dar sus primeros resultados. Pues una de las principales incógnitas que subsistía respecto del modus operandi de la red de corrupción establecida por el jefe oficioso del SIN estaba referida a la forma cómo Montesinos y sus testaferros se las habían arreglado para enviar fuera del país ñy en algunos casos repatriarñ enormes cantidades de dinero malhabido. Se sabía ya que en algunos casos se valieron del sistema financiero legalmente establecido, pero en mínima proporción, pues un movimiento de capitales tan notorio realizado por vías legales hubiera terminado por ser detectado e informado, al amparo de la legislación existente contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Ahora, gracias a las confesiones de Venero, quien recordó que el prófugo testaferro de Montesinos Juan Silvio Valencia Rosas ñel mismo que escondió al ex asesor hasta el momento de su fuga a Galápagosñ había realizado un depósito por US$ 30 millones en la oficina del Pacific Industrial Banc, cuya oficina en el Perú era dirigida por Alfonso Morales Bermúdez, se ha llegado a una de las fachadas financieras de la mafia. El Pacific Industrial Banc (PIB), cuya sede principal funciona en Gran Caymán, llegó al país en 1990, demandando a la SBS autorización para operar como institución financiera, permiso que les fue negado, pero en cambio obtuvieron uno para operar como "representantes de institución exterior no acreditada en el Perú". En 1996, a través de los promotores Ernesto Lúcar de la Portilla y Luis Pércovich Bambarén, el PIB renovó el pedido para regularizar sus operaciones en el Perú, pero en mayo de 1997 la SBS les canceló la autorización con que contaban desde 1990 al comprobar que venían captando dinero de una cartera de clientes. Esta circunstancia hizo que, a partir de entonces, el PIB desapareciera legalmente del país y quedara representado por la empresa Aval Card Perú S.A. dedicada a la administración de tarjetas de crédito del PIB. Esta empresa, que funciona en el corazón financiero del distrito de San Isidro, alega no tener ninguna vinculación con Montesinos y sus testaferros. Sin embargo, y a partir de la información proporcionada por Venero, el juez Saúl Peña condujo una investigación que lo llevó a las oficinas de Aval Card, donde le aseguraron desconocer a Alfonso Morales Bermúdez y no estar ligados al PIB. La insistencia de Venero, quien describió al juez oficinas que correspondían a las de Aval Card, motivó el retorno del juez a dichos ambientes, encontrándolos vacíos. Consultado el personal de administración y vigilancia del edificio se pudo averiguar que la mudanza había sido realizada el fin de semana anterior a la segunda visita del magistrado, quien dio aviso a la PNP, la que pudo ubicar al responsable de la mudanza. Este dato permitió llegar a distintos inmuebles adonde habían sido conducidos los enseres de la oficina y capturar computadoras y agendas que dieron nuevas pistas de implicados. No se han producido detenciones hasta este momento, lo cual indica que los implicados en este movimiento ilegal se han dado a la fuga. En la página Web del PIB se puede leer que es una entidad financiera fundada en 1986, con sede en Gran Caymán y sucursales en diversos países centroamericanos, responsable de administración de cuentas por US$ mil millones. La comisión Waisman ha establecido que el testaferro Valencia Rosas, utilizando parientes y amigos, transfirió a Nueva York y Miami US$ 22 millones en los días previos a las elecciones del 9 de abril del 2000, y se conoce la vinculación de este personaje con la Caja de Pensión Militar Policial como asesor, así como miembro del directorio de Financiera Sur, la entidad que hizo inversiones fraudulentas con los fondos de la Caja. Como se ve, el círculo se encuentra próximo a cerrarse. Falta conocer el movimiento financiero del PIB en el Perú y ordenar un mandato de arresto internacional para sus responsables locales. Pero algo nos dice que este es solo un hilo de la madeja de corrupción que manejó Vladimiro Montesinos.
