Congreso: dictámenes para derogar leyes procrimen a la espera de ser debatidos en el Pleno de diputados
La Junta de Portavoces priorizó tres iniciativas que buscan revertir los cambios en la prescripción penal, la investigación preliminar y la extinción de dominio. El cuarto dictamen, referido al fuero militar, quedó pendiente de programación.
La República en GoogleLos dictámenes aprobados en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados esperan ser debatidos en el Pleno tras el retorno de la semana de representación. La Junta de Portavoces incluyó formalmente en su agenda del lunes 9 de noviembre la priorización de tres de las cuatro propuestas legislativas para que ingresen al debate del Pleno convocado para este martes.
Según la programación oficial del Área de Relatoría de la cámara de diputados, se trata de los dictámenes sobre la eliminación de límites de la prescripción penal, el retorno de la investigación preliminar al Ministerio Público y la restitución de la autonomía en los procesos de extinción de dominio.
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Respecto al dictamen que ajusta los límites procesales del fuero militar, fuentes de La República señalaron que el documento deberá esperar un turno posterior en la programación de la Junta. La Mesa Directiva fijó un tope inicial de tres proyectos por grupo de trabajo para la sesión del martes, razón por la cual la Junta de Portavoces habría priorizado los otros tres textos.
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El diputado César Holguín, autor de tres de los proyectos de ley que buscan revertir estas medidas, sostuvo que en la cámara de diputados existe la voluntad política requerida para la aprobación de las derogatorias. El legislador de Ahora Nación señaló que su bancada mantiene un compromiso tácito para respaldar los dictámenes. Sin embargo, advirtió que el trámite enfrentará una mayor resistencia cuando las propuestas pasen a revisión en la Cámara de Senadores.
Los cambios clave en el sistema penal que aguardan la decisión del Pleno
El dictamen que deroga la Ley 31751, conocida como "Ley Soto", busca corregir un mecanismo utilizado por procesados por corrupción para eludir el juzgamiento mediante el paso del tiempo. La propuesta plantea que la suspensión de la prescripción se calcule de forma proporcional a la gravedad del delito cometido, fijando un tope legal equivalente al plazo ordinario más la mitad de este. Con este cambio, los tribunales dispondrán del margen operativo necesario para tramitar expedientes complejos sin riesgo de impunidad por vencimiento de plazos.
En materia patrimonial, la modificación al Decreto Legislativo 1373 elimina las trabas procesales introducidas por la Ley 32326 a la extinción de dominio. La norma devuelve al proceso su carácter independiente frente a la vía penal, lo que permitirá al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) y a las fiscalías especializadas recuperar activos de origen ilícito con mayor rapidez. A su vez, el dictamen incorpora un procedimiento especial para proteger a los terceros de buena fe que acrediten la titularidad legítima de sus propiedades.
Respecto a la conducción de las investigaciones penales, la derogación de la Ley 32130 restablece el mandato del artículo 159 de la Constitución Política. La Policía Nacional mantendrá su rol técnico y operativo bajo la dirección jurídica y funcional de los fiscales desde la etapa preliminar. Informes de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo revelaron que más del 67% de comisarías carece de personal especializado y que el 85% no tiene kits básicos de criminalística, factores que volvían inviable dejar las pesquisas únicamente en manos policiales.
