Fujimorismo intenta reescribir la historia a través del currículo escolar

La presidenta Keiko Fujimori presentó este 14 de septiembre el nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031, un proyecto que busca cambiar los textos escolares para imponer una versión oficial sobre los años ochenta y noventa.

Durante la presentación del documento, la mandataria argumentó que la enseñanza debía prescindir de interpretaciones políticas y centrarse en datos concretos. Por ello, el Ejecutivo respaldó la exclusión del concepto conflicto armado interno bajo el pretexto de “erradicar la ideología”.

“La currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología. Tiene que tener datos, estadísticas, información real", señaló Fujimori. En esa misma línea, el ministro de Educación, José Antonio Chang, apoyó la medida y manifestó que el Estado eliminará cualquier visión o interpretación política sobre los años de violencia que vivió el país.

“Vamos a retirar de la currícula nacional todo tipo de ideología. No debe haber una interpretación ideológica de la historia. Nosotros vamos a recurrir al rigor de la historia científica para que nuestros niños tengan acceso a ello. Y que su pensamiento crítico les de su opinión. Pero nosotros no vamos a manejar ideológicamente ningún tipo de pensamiento".

El funcionario también cuestionó que se catalogara este tramo de la historia como conflicto armado interno y rechazó la complejidad de aquellos años al ignorar los abusos cometidos por agentes del Estado.

“Vamos a retirar toda interpretación que se haga muchas veces interesada de la historia: El tema de las luchas que algunos consideran una guerra civil. En realidad hubo terrorismo sencillamente y creo que eso hay que señalarlo como un hecho histórico pero no como una connotación ideológica".

Frente a estas declaraciones, el historiador José Ragas advirtió para La República que esta estrategia del Ejecutivo intenta manipular la historia para construir un relato a favor del Estado, apelando a una supuesta objetividad y a la “erradicación de la ideología”.

El especialista señaló que el gobierno busca simplificar el pasado para evitar las responsabilidades que tiene el primer régimen fujimorista.

“Hay un intento muy concreto por parte del ministro y que fue respaldado por el gobierno de simplificar y, obviamente, manipular lo que se entiende por lo que ocurrió durante los años de violencia política. La idea de reducirlo únicamente a terrorismo y no, por ejemplo, incluir otros aspectos, lo que hace es establecer que el origen de la violencia política, su desarrollo y sus consecuencias reposaron exclusivamente en los movimientos subversivos".

El historiador añadió que esta nueva narrativa reduce el conflicto a la etiqueta de “terrorismo” para ocultar los abusos cometidos por las fuerzas del orden.

"El problema con ese concepto es que omite deliberadamente las acciones del Estado que tuvieron lugar, que fueron muy importantes en el combate a la violencia política y que llevaron también a abusos y a una serie de violaciones de derechos humanos que ya todos conocemos".

En ese marco, Ragas alertó que la estrategia gubernamental no solo tergiversa el pasado, sino que sienta un precedente para la democracia y los derechos ciudadanos.

"No solo se busca imponer un tipo de narrativas, sino normalizar un tipo de narrativa que favorece al gobierno y al sector". Además, Ragas advirtió que esta decisión blinda la arbitrariedad estatal bajo la coartada de la seguridad.

"Tiene un correlato que es el hecho de favorecer esta visión de que el Estado solo se defendió, cualquier acción que haya cometido el Estado lo hizo amparado bajo la idea que se tuvo que defender de acciones subversivas y que cualquier matanza o violación de derechos humanos no tiene que ser juzgada porque se trató de un 'exceso' en términos que ellos mismo lo ponen".

El experto también mencionó que legitimar esta visión abre la puerta a un escenario de abierta autocracia e impunidad.

"Se normaliza una idea en la cual 'vale todo' y que con tal de combatir a fuerzas, no solo terroristas sino también, más adelante, de oposición, el Estado tiene carta libre para hacer lo que sea y eso es muy peligroso. Va creando un discurso del estado en la ciudadanía que permite normalizar violaciones e impunidad, empezando por los agentes del Ejército y de la Polícia pero también con la responsabilidad política de Alberto Fujimori".

Frente a estos intentos de imposición, el historiador advirtió sobre el peligro de privar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para comprender la historia. "Lo que hace el gobierno actual no es de ninguna manera una propuesta neutral, como lo quiere plantear el ministro, ni es una cuestión 'sin ideología'; es ideología pura lo que están haciendo, y en ese sentido no amerita ningún tipo de respaldo".

Asimismo, el experto apuntó que esta modificación curricular responde a una agenda política impulsada desde sectores afines al oficialismo desde hace varios años.

“Esto es parte de un esfuerzo que hay desde hace mucho tiempo de introducir, por ejemplo, un curso de historia del terrorismo —planteado hace algunos años por una legisladora fujimorista—, y también se ve que es parte de una suerte de estrategia de atacar el informe de la Comisión de la Verdad y de negar las responsabilidades institucionales".

El historiador también sostuvo que la imposición de este relato en las aulas atenta directamente contra el desarrollo del pensamiento crítico en las nuevas generaciones.

“Lo que se pierde no tiene que ver solamente con esos intentos torpes de borrar un periodo, sino también un elemento básico y fundamental de la ciudadanía: el pensamiento crítico. El hecho de no permitir a la ciudadanía conocer su pasado y establecer su propio criterio es muy grave".