Christian Aranda responsabiliza a su "equipo" por exponer datos de paciente: "Hubo un error por parte de mi despacho"
Debido a la difusión de un oficio que reveló datos personales y detalles sobre el aborto terapéutico de una ciudadana, el diputado Christian Aranda responsabilizó a su despacho por la filtración.
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Tras la difusión de un oficio que reveló datos personales y detalles sobre el aborto terapéutico de una ciudadana, el diputado Christian Aranda responsabilizó a su equipo por la filtración de información confidencial.
“Son mis cuentas oficiales, pero desde ya hace un tiempo no las administro únicamente, las coadministro. O sea, ha habido un error por parte de mi despacho. (…) el error material no lo cometí yo, pero yo asumo la responsabilidad política por eso”, señaló.
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Lejos de admitir su responsabilidad por la exposición de información reservada, el congresista ratificó sus acciones y se justificó, señalando que se trataba de una fiscalización como parte de su labor parlamentaria.
“Si yo tomo conocimiento de que presuntamente se va a practicar un aborto terapéutico allí donde no corresponde, yo voy a ejercer mis facultades fiscalizadoras, y lo siento si se intimidan con mis pedidos de información, pero hay un bien superior que se tiene que proteger y es el de la vida”, sostuvo.
La controversia comenzó a raíz del oficio emitido por su oficina y dirigido a Mariano Walter Holgado Jordán, director del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. En el texto, el diputado exigió explicaciones detalladas y la verificación de requisitos legales sobre una presunta interrupción terapéutica del embarazo.
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En el documento difundido públicamente, el diputado ordenó que se le remita la evaluación médica integral de la paciente. Esto incluyó la solicitud de informes que justifiquen si el procedimiento era el único medio para salvar su vida o evitar un daño grave, además de pedir los exámenes clínicos que sustenten dicha conclusión.
La solicitud también abarcó la conformación de la Junta Médica con los nombres de los profesionales a cargo, la constancia de consejería previa brindada a la ciudadana, el consentimiento informado, el registro cronológico de la historia clínica y el marco normativo del establecimiento de salud.
Además, junto con el oficio, el legislador defendió su labor de fiscalización y su postura provida. En esa línea, señaló que evaluaría posibles irregularidades ante el Ministerio Público.




















