Ex procuradora Ad Hoc señala que PJ no está obligado a aplicar decisión de Brasil de anular pruebas de Odebrecht contra Toledo

La exprocuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, en entrevista para RPP, afirmó que la decisión del magistrado brasileño José Dias Toffoli de anular las pruebas de Odebrecht contra el expresidente Alejandro Toledo no tienen un efecto automático en el sistema judicial de nuestro país. Pues según explicó, el fallo debe pasar primero por un trámite legal antes de que los jueces tomen una decisión al respecto. Cabe señalar que por este caso, sobre la Carretera Interoceánica Sur, Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses de prisión en el Penal de Barbadillo por los delitos de colusión y lavado de activos.

El pronunciamiento del ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil anula los archivos extraídos de los servidores Drousys y My Web Day B, usados como evidencia contra Toledo en el caso Interoceánica, debido a presuntas irregularidades en la cadena de custodia durante su obtención en los tribunales de Curitiba.

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My Web Day B era el software con el que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht gestionaba el pago de sobornos, mientras que Drousys era el sistema de correo cifrado usado por sus ejecutivos para coordinar esas operaciones con testaferros y operadores financieros.

Carrión explicó que la nulidad debe atravesar un proceso judicial denominado Exequátur, mediante el cual la justicia peruana valida formalmente la decisión extranjera antes de derivarla al juez penal a cargo del caso. "Hay un trámite que se llama Exequátur, que es un trámite en el cual la justicia peruana, primero, tiene que validar formalmente quién emite esa decisión, para luego de ese trámite, que es judicial también, pueda derivarlo al juez penal a cargo del caso, que recién en ese momento evalúa si es que hay alguna prueba de las mencionadas por esa decisión, que no conocemos íntegramente, que deba ser excluida", señaló para RPP.

La exfuncionaria dijo que Perú no está subordinada a la brasileña y que ambos países mantienen soberanía jurisdiccional. "Hay una soberanía jurisdiccional también y un respeto, digamos, del ordenamiento legal procesal; así, como lo que indique el juez peruano tampoco va a obedecerlo inmediatamente un juez brasilero. No funciona así", explicó.

Asimismo, agregó que, hasta el momento, no se conoce el alcance total de la decisión de Dias Toffoli ni qué documentos específicos habrían sido considerados contaminados. Cabe recordar que, en septiembre de 2023, Toffoli ya había determinado que las pruebas obtenidas mediante esos sistemas estaban jurídicamente comprometidas, al declarar su "inutilidad" "bajo el ordenamiento jurídico" brasileño. Ahora, el magistrado extendió los alcances de esa resolución al proceso que involucra a Toledo, y ordenó anular las pruebas.

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¿Por qué Perú podría no acatar el fallo brasileño?

Según la ex procuradora, el Poder Judicial sí podría desconocer la nulidad dictada en Brasil y mantener como válida la prueba que fue incorporada al proceso y que siga el procedimiento legal peruano con normalidad. "Es perfectamente posible, porque el Poder Judicial peruano tiene soberanía jurisdiccional y se va a regir por las leyes de nuestro país, y va a considerar válida una prueba que ha sido ingresada de manera legítima, siguiendo el procedimiento legal", remarcó para RPP.

"Si eso es así, por más que llegue cualquier decisión de cualquier país extranjero respecto a que esa prueba es nula, el juez penal peruano puede decir 'es válida', y no toma en cuenta esa decisión", agregó. En declaraciones para La República, la exprocuradora precisó que ese criterio aplicaría también a la instancia que hoy conoce el caso. "El juez, o en este caso la sala superior, podría decidir no aplicar la sentencia o la decisión de la autoridad brasilera".

Como antecedente, Carrión citó el caso de otro expresidente, Ollanta Humala, pues fue el mismo juez Dias Toffoli quien emitió un pronunciamiento similar sobre nulidad de pruebas, pero que finalmente no fue considerado por el Poder Judicial al no haber sido notificado de manera correcta.

"Esa decisión, obviamente, fue alegada en las audiencias por los abogados de defensa en ese caso, pero el Poder Judicial no tomó en consideración la decisión de la justicia brasilera, porque además no llegó notificada de manera correcta (…) Entonces, eso quedó en una alegación de las defensas, pero no fue valorado ni considerado por el Poder Judicial", detalló.

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Asimismo, Carrión precisó que la mayoría de las pruebas que se tienen contra Toledo en el caso Interoceánica no dependen de la cooperación internacional, sino que fue entregado directamente en el Perú por Odebrecht a través del acuerdo de colaboración eficaz.

"Entonces, hace entrega de un paquete de información respecto a Interoceánica, Odebrecht como empresa, y además los ejecutivos han declarado. Ese paquete no está en discusión, porque lo que dice Dias Toffoli es sobre lo que ha llegado por la cooperación internacional, y lo que ha llegado por la cooperación internacional en el caso Toledo es bastante menor", puntualizó.

Sin embargo, la sentencia contra el expresidente aún no es firme. En la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacionales se continúan evaluando recursos que presenta la defensa de Toledo contra el fallo y en lo que va del año han continuado las audiencias de segunda instancia. En diálogo con La República, Carrión precisó que dicha apelación fue formulada tanto por la defensa como por la fiscalía. "La sentencia del señor Toledo, que se dictó en primera instancia, fue apelada y en este momento se encuentra discutiéndose la apelación de esa sentencia (...) La apelación es formulada por parte de la defensa y de la fiscalía (...) para que la sala superior finalmente pueda confirmar, esperemos, la decisión de primera instancia", explicó.

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Carrión rechaza plan para desactivar la Procuraduría Ad Hoc

Consultada por este medio sobre la posibilidad de eliminar la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, Carrión calificó esa medida como inconveniente y destacó los resultados obtenidos. "No sería la decisión más conveniente (...) la procuraduría ad hoc ha sido una procuraduría que hasta la fecha viene exponiendo resultados favorables para la defensa del Estado (...) se ha impuesto una reparación civil de más de 1,500 millones de soles en sentencias ya firmes, y de esas sentencias firmes (...) se viene cobrando a la fecha casi 400 millones de soles", dijo.

La exfuncionaria remarcó que se trata de la recuperación más alta lograda por el Estado peruano en un caso de corrupción, y adelantó que la procuraduría proyecta recaudar S/650 millones para 2029, de los cuales S/70 millones corresponderían a este año.

Asimismo, cuestionó la gestión de la Procuraduría General del Estado (PGE), a cargo de María Caruajulca, y advirtió sobre el riesgo de trasladar los casos Lava Jato a la Procuraduría Anticorrupción. "La Procuraduría Anticorrupción (...) este año (...) han emitido dos comunicados (...) en el que piden por favor que lo declaren en emergencia, porque no se dan abasto con la cantidad de casos que tienen, tienen más de 50,000 casos, no tienen personal, no tienen recursos (...) a esta procuraduría quieren trasladar los casos lavajatos, que son casos complejos, son casos que tienen no menos de 50 investigados, con un montón de empresas".

Según la exprocuradora, detrás de esta propuesta de desactivación estaría el interés de frenar los embargos que mantiene la Procuraduría Ad Hoc, que ascienden a unos S/3000 millones. "¿Qué es lo que quieren hacer realmente? Quieren desactivarla para que ya no siga cobrando más dinero de reparación civil, para que ya no siga embargando (...) creo que hay que ser cuidadosos para tomar una decisión como esta de desactivarla, porque los casos van a correr riesgo y la recuperación de la reparación civil se pone en riesgo", finalizó.