Susana Chávez: “Que un congresista pida información médica y haga público a la paciente es inaceptable”

El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, expuso el caso de una ciudadana que solicitó una presunta interrupción terapéutica de embarazo en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. Lo hizo en un oficio enviado al director del citado nosocomio en el que colocó el nombre de la paciente e incluso exigió los nombres de los integrantes de la Junta Médica que participaron. Aunque él dijo luego que no colocó el nombre, el periodista Cristian Rebosio lo desmintió, compartió el documento y aseguró "ahí estaba el nombre de la mujer". Sobre el caso entrevistamos a la obstetra, directiva de Promsex y defensora de los derechos de la mujer, Susana Chávez.

¿Qué es lo más grave de este hecho: que el congresista Christian Aranda haya pedido información médica confidencial o que haya hecho pública esa información con el nombre de la paciente?

Creo que lo más grave es el abuso de poder. Como ciudadanía no deberíamos permitir, en ninguna circunstancia, que una autoridad use su posición para vulnerar derechos básicos. Aquí estamos hablando del derecho de cualquier persona a que su información de salud permanezca en reserva y a no ser expuesta públicamente.

Que un congresista solicite información médica confidencial ya es sumamente preocupante, pero que además haga público el nombre de la paciente cruza un límite inaceptable. ¿Qué se buscaba con eso? ¿Estigmatizar a la paciente? ¿Intimidar a los profesionales de salud que la atendieron? La intimidad de las personas se respeta, y el secreto profesional también. Eso debería ser absolutamente claro para cualquier autoridad pública.

El diputado de Renovación Popular argumenta que es un acto de fiscalización parlamentaria legítimo.

Nada justifica lo ocurrido. Por supuesto que la fiscalización es una función legítima de cualquier parlamentario, pero esa función tiene límites muy claros, y esos límites los establecen los derechos fundamentales de las personas. Entre ellos están el derecho a la intimidad, la confidencialidad de la información médica y, por supuesto, la protección de la salud y la vida de las mujeres.

Aquí hay además un problema adicional: el diputado ha intentado negar que hizo público el nombre de la paciente, cuando existe una carta difundida por él mismo en la que ese nombre aparece. Creo que lo mínimo que corresponde es que reconozca lo ocurrido y asuma su responsabilidad. Y, sí, considero que debería evaluarse una sanción.

El problema no es nuevo, ya la congresista Milagros Aguayo hostigó al Instituto Materno Perinatal en el caso de aborto terapéutico de niñas víctimas de violación.

Efectivamente, ese es un muy mal precedente. Pero hay que ser precisos: que antes haya ocurrido algo similar, que el Congreso no haya reaccionado y las autoridades del Ministerio de Salud lo hayan permitido, no convierte esa conducta en aceptable. Todavía recordamos lo que ocurrió con el Instituto Materno Perinatal, cuando su equipo tuvo que acudir a una supuesta Comisión Investigadora y soportar un trato claramente hostil e intimidatorio. Y lo más preocupante fue la pasividad de las autoridades, incluido el ministro de Salud y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que no protegieron ni al servicio ni a sus profesionales. Ese precedente no debería repetirse.

El Minsa no debe guardar silencio.

Tiene la obligación de defender a sus equipos cuando actúan dentro de la ley y de impedir que la fiscalización política se convierta en hostigamiento o interferencia en la atención médica.

No es la primera intervención pública del diputado en estos casos.

Sí, esto no parece ser un hecho aislado, sino parte de una actuación reiterada del diputado en este tema. Hubo un caso anterior en el que una joven fue denunciada por su pareja, supuestamente para impedir que abortara, y el señor Arana, hoy diputado, asumió públicamente la defensa del supuesto feto. Lo más llamativo es que finalmente se determinó que no existía embarazo y el caso tuvo que archivarse.

Tiene interés en el tema.

Eso muestra que hay de su parte un interés muy particular y persistente en intervenir en decisiones vinculadas a la salud reproductiva de las mujeres. Y ese es justamente el problema: cuando una autoridad utiliza su posición política para intervenir, señalar o generar presión sobre decisiones médicas individuales y de las personas afectadas, deja de ser un debate de opiniones y empieza a convertirse en una forma de hostigamiento que afecta derechos.

¿Cuáles son los riesgos que conllevan este tipo de actos para el derecho a la salud?

Los riesgos son enormes, porque esto no afecta solamente a las mujeres que necesitan un aborto terapéutico. Estamos hablando de algo mucho más amplio: del derecho de cualquier persona a recibir atención de salud sin interferencias políticas.

Si aceptamos que una autoridad puede intervenir en una decisión médica porque personalmente no está de acuerdo con ella, ¿dónde ponemos el límite? Mañana podría considerar que una adolescente no debe acceder a anticonceptivos, que una persona no debe recibir reproducción asistida o cuestionar otro tratamiento.

¿Qué implica entonces para la salud pública?

Este es un tema central de salud pública. Ojalá así lo entendiera también el Ministerio de Salud. El aborto terapéutico no es una concesión: existe precisamente para evitar que una mujer sea obligada a continuar un embarazo cuando hacerlo pone en riesgo grave su salud o su vida.

En el Perú seguimos teniendo mortalidad y, sobre todo, morbilidad materna que en muchos casos puede prevenirse. Hemos avanzado en reducir algunas muertes por emergencias obstétricas, pero todavía hay mujeres con enfermedades graves o condiciones de salud que pueden empeorar dramáticamente con el embarazo.

En esos casos, interrumpir la gestación puede ser justamente la medida necesaria para evitar un daño grave y permanente. Obligar a una mujer a continuar un embarazo en esas circunstancias puede significar prolongar innecesariamente el sufrimiento de ella y de su familia.

Me imagino que para las mujeres pobres todo esto resulta todavía mucho más complicado.

Así es, hay una dimensión de desigualdad que no podemos ignorar. Estos problemas pueden ocurrirle a cualquier mujer, tenga o no recursos, pero quienes tienen menos posibilidades económicas son siempre las que enfrentan mayores barreras para recibir atención oportuna y de calidad. Por eso, cuando una autoridad política intimida a los servicios o pone obstáculos al aborto terapéutico, no está interviniendo solamente en un caso individual: está afectando una política de salud pública destinada a prevenir daños, discapacidades y muertes evitables.

¿Dirías que la exposición pública de una paciente es una forma de violencia contra las mujeres?

Sí, claramente. Es una expresión de violencia de género ejercida desde el poder político, porque no estamos hablando solo de la vulneración de la privacidad de una paciente, sino de una forma de control sobre su cuerpo y sobre su capacidad de decidir.

Históricamente, a las mujeres se nos ha impuesto la maternidad como mandato, incluso cuando continuar un embarazo puede afectar gravemente nuestra salud o nuestra vida. Y eso es justamente lo que el feminismo ha cuestionado: que otras personas —el Estado, las iglesias, las autoridades políticas o incluso la propia familia— se atribuyan el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos.

¿Qué mensaje le daría a una mujer que hoy necesita un aborto terapéutico y que, después de conocer este caso, tiene miedo de acudir a un hospital?

Que no caigan en la trampa del miedo. Justamente lo que buscan estos sectores es que las mujeres no reclamen, no hagan visible su sufrimiento y renuncien a un derecho que la ley les reconoce.

El problema no está en la mujer que necesita un aborto terapéutico, está en los funcionarios que obstaculizan la atención, en quienes desconocen la ley y en quienes utilizan su poder para intimidar a pacientes y profesionales de la salud.

A una mujer que hoy necesita esta atención le diría que busque ayuda, exija información y no renuncie a su derecho a proteger su salud y su vida. El Estado tiene la obligación de atenderla, proteger su confidencialidad y garantizar que reciba atención digna y oportuna.

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¿Problema de salud o democrático?

 ¿Qué debería hacer el Estado para proteger la identidad y la seguridad de la paciente?

Como punto de partida, respetar la ley. Hoy el principal incumplidor es el propio Estado. La pregunta no debería ser cuántos abortos terapéuticos estamos dispuestos a aceptar, sino cuántas mujeres y niñas que cumplen con las condiciones establecidas por la ley están pudiendo acceder efectivamente a este derecho. El Ministerio de Salud cuenta con una guía para el aborto terapéutico que, desde mi punto de vista, es sumamente restrictiva y mantiene barreras innecesarias para el acceso. Pero lo más grave es que ni siquiera esa normativa, con todas sus limitaciones, se cumple adecuadamente.

No sé cuánto conoce el ministro Dyer sobre este tema, pero esperaría que, como máxima autoridad sanitaria, tenga claro que las decisiones del sector deben basarse en la ley, la evidencia científica y la protección de la salud de las personas, y no en convicciones personales. Lo mismo corresponde a la presidenta: puede tener una posición sobre el aborto, pero eso no puede sustituir ni modificar lo que establece la legislación vigente.

Espero que informar, acompañar y defender estos derechos nunca llegue a convertirse en actividad susceptible de sanción bajo la Ley APCI. Porque si defender el cumplimiento de la ley puede ser objeto de sanción, el problema ya no es solo de salud pública: es también un problema democrático.