César Astudillo asegura que su investigación por presunta apropiación de combustible fue archivada

El recién designado ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, confirmó el cierre definitivo de la investigación que se le seguía por la presunta apropiación de combustible asignado al Ejército.

Según la resolución dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento —un recurso legal que pone fin al proceso penal por falta de responsabilidad o pruebas— solicitado por el Ministerio Público. Con ello, se ordenó el archivo definitivo del caso y la anulación de cualquier antecedente policial o judicial generado durante las pesquisas.

Al respecto, Astudillo dio a conocer la decisión del juzgado a su favor por medio de sus redes oficiales. "Hace ya buen tiempo que la denuncia sobre mi persona, por una presunta apropiación de combustible, he sido sobreseído del caso por no encontrarse ningún tipo de responsabilidad”. Además, el excomandante general del Ejército, agregó que el caso había sido archivado por el juez Concepción Carhuancho.

El origen de las investigaciones

Las indagaciones fiscales comenzaron en 2018 tras la detección de una presunta red criminal dentro del Ejército dedicada al desvío de combustible. Denominados inicialmente como "Los capos del diésel", los implicados utilizaban vehículos condicionados con tanques especiales para retirar petróleo desde los grifos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y venderlo ilegalmente en estaciones de servicio privadas. Esta modalidad operó entre 2013 y 2018, generando un daño económico estimado en S/ 3 millones.

Para diciembre de 2019, un megaoperativo derivó en la detención preliminar de 21 militares y el allanamiento de 25 escuelas de formación del Ejército en Lima, Arequipa, Tarapoto y Cajamarca. Posteriormente, las declaraciones de colaboradores eficaces ayudaron a conocer que los altos mandos militares también estaban involucrados.

En el caso específico de Astudillo Salcedo, la Fiscalía indagaba presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y peculado doloso. Las hipótesis iniciales señalaban que el alto oficial habría omitido tomar acciones tras conocer reportes sobre ventas irregulares de diésel en el COEDE en 2018, además de supuestos malos usos en la gasolina de 95 y 97 octanos asignada a la Comandancia General entre 2017 y 2018.

Sin embargo, al terminar la etapa de investigación preliminar, el Ministerio Público concluyó que no existían pruebas suficientes para formular acusación penal.