Nació en Lima el 29 de Agosto de 1963. Obtuvo su título de Abogada en laPUCP. Es Master en Jurisprudencia...

La Constitución al ritmo de la china, por Rosa María Palacios

"El hecho de que Rospigliosi hiciera aprobar leyes de favor a presuntos y no presuntos delincuentes, policías y militares en retiro y en actividad, en plena campaña electoral, da cuenta de que este es el mensaje de Fujimori. No le importó el costo electoral. Ganó con las justas"

El Tribunal Constitucional, en uno de los actos más inconstitucionales que recuerde la jurisprudencia peruana, violando el texto expreso de la Constitución, le dio facultades al Congreso para que gastara casi a su libre albedrío en el ya lejano año 2022. Las consecuencias han sido desastrosas en varios planos. En el moral, porque es una fuente abierta de corrupción y, como bien sabemos, 'en arca abierta, hasta el justo peca'. En el político, porque la compraventa de proyectos ha sido la moneda de cambio para conseguir consensos otrora imposibles. Y en el económico, porque el agujero fiscal no ha hecho sino crecer pese a las alertas, ruegos, reclamos y toda clase de advertencias, tanto del Consejo Fiscal como del BCR.

Por si no lo conocen, el texto del artículo 79 de la Constitución dice: 'Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto'. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Cómo es que el Tribunal Constitucional leyó ese artículo en 2022 e interpretó que ahí decía exactamente lo contrario? ¿No es acaso prevaricato? Ni crear, ni aumentar. Punto.

Los asesores económicos de Fujimori ya lo habían advertido. Luis Carranza lo reiteró en varias entrevistas durante el verano: el Congreso no puede seguir gastando de manera demencial. Con la interpretación complaciente del TC, cualquier ministro de Economía queda con las manos atadas. Ninguno medianamente decoroso aceptaría el cargo en esas condiciones, pues no sería más que un portapliegos del Congreso. Por eso, Keiko lo insinuó en campaña: dijo que los congresistas “no tienen iniciativa de gasto” y que pediría “una evaluación al TC”. Claro, después de que su bancada aprobara todas las leyes que contribuyeron al agujero fiscal que ahora hereda. Vaya hipocresía.

Más rápido que volando, el TC ha cumplido las órdenes, antes de que jure la presidencia. El Ejecutivo de Boluarte, en 2023, demandó la inconstitucionalidad de la ley de reubicación voluntaria de la Zona Baja del distrito de Belén, en Iquitos. No tenían ni evaluación ni programación presupuestal. Pasaron ¡dos años y medio! Y, súbitamente, el 16 de junio el TC decidió que “variaba su criterio jurisprudencial”. Para tapar la vergüenza, desarrollan unos criterios en los que el Congreso sí puede gastar (cosa que sigue sin decir la Constitución) siempre que lo autorice el MEF (cosa que tampoco dice la Constitución).

No puedo estar más a favor de que se enmiende el estropicio, pero aquí hay responsables. Un TC totalmente politizado, al servicio del Congreso, que gobernó el Perú los últimos cinco años con Fuerza Popular a la cabeza, es un desastre económico en marcha. Darle iniciativa de gasto al Congreso es como darle una ametralladora a un niño. Nada bueno sale de ahí. Lo sabían, siempre lo supieron y solo lo enmendaron cuando el viento político cambió. Si el nuevo Senado quiere una sola razón para destituir al TC, aquí tiene una. Falta grave es sentenciar contra el texto expreso de la Constitución. No hay nada que probar porque ellos mismos lo han reconocido. ¿O no?

¿Por qué es importante un Tribunal Constitucional que sí defienda la Constitución? Porque ese es el escenario donde todas las violaciones a los derechos fundamentales se juegan. Defender el capítulo económico de la Constitución, el equilibrio presupuestal, el derecho de propiedad y la libertad de contratar es igual de importante que defender el derecho a la vida. Derecho que está siendo menoscabado también por este espanto de Congreso que, felizmente, ya se va.

Las seis iniciativas para exculpar a policías y militares de crímenes horrendos cometidos contra civiles (asesinato, desaparición forzada, tortura, violaciones sexuales) no son más que la reedición del Manual de Montesinos. En la década del 90 del siglo pasado, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos desarrollaron un esquema jurídico de impunidad para sí mismos, la cúpula militar que los sostuvo y los operadores militares como el Grupo Colina. Fernando Rospigliosi, que en ese entonces combatía ese horror, sabe muy bien cómo termina esa historia: con todos presos. Pero sabe también que el tiempo es un aliado del mal y que, usado para obtener ventaja temporal, puede derrotar a los que buscan justicia.

Un Congreso que le quitó el derecho a los más pobres a contar con un abogado financiado por cooperación internacional para luchar contra cualquier abuso del Estado (Ley APCI) es un Congreso cruel y miserable. Un TC que no corrige tremendo atropello, que valida todas las violaciones al debido proceso perpetradas por el Congreso, no merece quedarse porque no sirve para lo único que debe servir: defender la Constitución que ampara nuestros derechos.

El hecho de que Rospigliosi hiciera aprobar leyes de favor a presuntos y no presuntos delincuentes, policías y militares en retiro y en actividad, en plena campaña electoral, da cuenta de que este es el mensaje de Fujimori. No le importó el costo electoral. Ganó con las justas. Perdió en el territorio nacional. Estas leyes han sido más importantes que el voto popular y que perder en 16 regiones. El mensaje no puede ser más contundente; de ahí el temor fundado de que perderemos muchos más derechos en los próximos cinco años y de que un gobierno de gran represión es no solo posible, sino viable por la impunidad garantizada, aunque sea temporalmente, desde el poder.

Keiko Fujimori recibió la última semana al alcalde de Puno y al de Juliaca. Ellos pidieron una comisión investigadora para los muertos de las matanzas de 2023. Ella les ofreció obra pública. ¿Ese va a ser el tono de su mandato? ¿Obras por muertos? Este TC se debe ir en mayo del próximo año. Se necesitan 40 votos en el Senado para nombrar otro. Eso será imposible si la moneda de cambio es sacrificar el capítulo de derechos fundamentales. Los escenarios son, por lo tanto, durísimos: un TC que, pudiendo ser vacado por faltas graves, se queda muchos años porque está al servicio de Keiko Fujimori y no al servicio de la Constitución. No nos queda sino pelear. Las cartas ya han sido echadas.

Rosa María Palacios

Contracandela

Nació en Lima el 29 de Agosto de 1963. Obtuvo su título de Abogada en laPUCP. Es Master en Jurisprudencia Comparada por laUniversidad de Texasen Austin. También ha seguido cursos en la Facultad de Humanidades, Lengua y Literatura de laPUCP. Einsenhower Fellowship y Premio Jerusalem en el 2001. Trabajó como abogada de 1990 a 1999 realizando su especialización en políticas públicas y reforma del Estado siendo consultora delBIDy delGrupo Apoyoentre otros encargos. Desde 1999 se dedica al periodismo. Ha trabajado enradio, canales de cable, ytelevisiónde señal abierta en diversos programas de corte político. Ha sido columnista semanal en varios diarios.