Sala de Apelaciones rechazó la recusación de juez del caso Gasoducto

La Tercera Sala Penal Nacional de Apelaciones rechazó la recusación que la fiscalía y la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato presentaron contra el juez Leodan Cristóbal Ayala por presunta imparcialidad en el desarrollo de las audiencias de control de acusación del caso Gasoducto del Sur contra el expresidente Ollanta Humala y otros.

De esta manera, el magistrado podrá continuar con el desarrollo de las audiencias. Los jueces de apelación desestimaron la existencia de causales que justifiquen apartar a un juez de la dirección de un proceso. Concluyeron que los argumentos de la procuraduría y la fiscalía para dudar de la imparcialidad, neutralidad u objetividad del magistrado están referidos a cuestionar la corrección o incorrección de los argumentos que el magistrado propuso en sus resoluciones.

Al respecto, la Sala precisa que los cuestionamientos de la fiscalía y la procuraduría no pueden recibir tutela vía una recusación, pues para eso hay otros procedimientos. En tal sentido, los recursos de la fiscalía y la procuraduría tendrían efectos dilatorios perjudiciales para el proceso.

La fiscalía y la procuraduría cuestionaron la imparcialidad del juez Leodan Cristóbal luego de que este desestimó diversos aspectos de la acusación y el escrito de reparación civil presentados por la fiscal Geovanna Mori y la procuradora ad hoc Nory Vega Caro en el proceso por el caso Gasoducto del Sur.

El juez concluyó que hay una serie de errores insubsanables en la acusación y adelantó que podría resolver el archivo del proceso para hasta siete acusados por delitos de organización criminal y colusión agravada.
Además, desestimó devolver la acusación y el escrito de reparación civil para nuevas subsanaciones.

Con la decisión de la Sala de Apelaciones, el juez continuará esta semana con el control de la acusación, referido a la prueba y la idoneidad de los delitos imputados. El magistrado podría terminar por declarar el archivo de la acusación o llevar a juicio a un número reducido de acusados por delitos menores que los inicialmente señalados.