Alerta: La defensa de las áreas marinas protegidas en manos del Congreso saliente
El dictamen que fortalece a las Áreas Naturales Protegidas e impide la pesca industrial en estas zonas se encuentra a la espera del debate y aprobación en el Congreso saliente. De aprobarse el proyecto de ley, contribuiría a resguardar definitivamente los recursos marinos en beneficio de todos los peruanos.
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En el sustento legal y técnico del dictamen para incorporar un artículo a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que busca reafirmar la protección de la biodiversidad acuática, se destaca que el Estado peruano se sumó al Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal en diciembre del 2022.
Una de las metas más importantes del mencionado pacto es que cada país asegure la conservación efectiva del 30% de sus áreas marinas. En el caso del Perú, lamentablemente, solo se ha alcanzado el 8%. Lo más alarmante es que no existe una prohibición aplicada de manera efectiva a actividades pesqueras de gran escala en parte de ellas. El plazo para alcanzar la meta es el 2030.
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El dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE), que se encuentra pendiente de debate y aprobación en el Congreso, podría representar un paso significativo hacia el fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas, en particular para impedir el acoso de las pesqueras industriales.
Sin embargo, el tiempo se acaba. Al finalizar la presente legislatura, el dictamen se archivaría y se perdería una oportunidad única para proteger nuestras Áreas Marinas Protegidas.
Al mismo tiempo que se han reportado incursiones de embarcaciones industriales en zonas protegidas, como la bahía de Paracas, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha presentado iniciativas legales y judiciales para que se le permita emprender extracciones de especies en tales áreas.
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Una acción urgente
Ese esfuerzo empresarial ha colisionado con una reciente decisión de la Corte Suprema, en enero de este año, que rechazó el pedido de la SNP para pescar en Paracas y reafirmó la prohibición de la extracción industrial en dichas zonas.
De acuerdo con los fundamentos del dictamen, “las áreas naturales protegidas juegan un rol clave en la conservación de la biodiversidad, así como en la mitigación y adaptación al cambio climático”.
Y añade que, “para lograr sus objetivos y generar los beneficios socioeconómicos esperados, es imperativo que las actividades de aprovechamiento de recursos naturales en su interior sean compatibles con las mismas”.
Esa es la tendencia mundial, y Perú se ha sumado a pactos y compromisos en ese sentido. Sin embargo, cuando la CPAAAE consultó a la Sociedad Nacional de Pesquería su punto de vista, esta opinión fue contra la corriente del empeño por fortalecer las áreas naturales.
De no discutirse ni aprobarse el dictamen de la CPAAAE en el periodo legislativo que concluye, sería un punto a favor de los intereses de la SNP.
Lo que dicen los privados
“La SNP estima que la iniciativa es inconstitucional y carece de sustento técnico de adecuada motivación”, señala el informe de la CPAAAE.
Para la SNP, “el Proyecto de Ley propone una prohibición absoluta de pesca de mayor escala sin tomar en cuenta la existencia de usos y zonas diferentes de áreas naturales protegidas y sin permitir que sea la autoridad competente, en cada caso concreto, la que determine las zonas y las restricciones que puedan imponerse”.
Pero también reclama que “el Proyecto de Ley desconoce los derechos adquiridos y plantea una prohibición absoluta que desconoce el principio constitucional de proporcionalidad”, argumentos cuestionados por la Corte Suprema.
El proyecto de ley de la CPAAAE propone que el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos “no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área, quedando prohibida la pesca de mayor escala al interior de las áreas naturales protegidas, marinas o continentales, cualquiera sea su categoría o zonificación”.
Empero, sectores interesados en el Congreso boicotean el debate de un dictamen que garantizará la seguridad de las áreas protegidas, como ocurre en otros países.
En Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos prohíbe la pesca industrial. En Colombia, la Resolución N.° 1908 del 2017 también restringe la pesca industrial dentro del Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Chile prohíbe la pesca de mayor escala en los parques marinos, conforme a la Ley General de Pesca y Acuicultura. El Perú no puede darse el lujo de no seguir esta tendencia.
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