Congreso: fuerte presión para que no se apruebe ley que protege reservas marinas de la pesca industrial
Una iniciativa para prohibir efectivamente la pesca industrial en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Reserva Nacional de Paracas y la Dorsal de Nazca, está en la agenda del Legislativo. Pero intereses políticos vinculados con los sectores empresariales intentan que no se ponga a debate.
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Un dictamen que contiene los proyectos de ley de diferentes bancadas parlamentarias, cuya finalidad es instituir la prohibición definitiva de la pesca industrial en las Áreas Naturales Protegidas, debería ponerse a debate este jueves, pero todo depende de la voluntad política del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.
Si bien la restricción de la actividad industrial en estas zonas tiene 25 años de vigencia, los gremios industriales han mantenido una ofensiva legal y política para revertirla con fines económicos, sin medir las consecuencias de dicha actitud.
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La norma bajo debate busca corregir un vacío causado por el Decreto Supremo N.° 006-2025-PRODUCE, publicado el 14 de abril del 2025, dispositivo que eliminó la infracción por incumplir dicha prohibición. En la práctica, esta ley permite que reservas como Paracas se encuentren en situación de indefensión ante la voracidad de la pesca ilegal debido a la falta de sanciones efectivas, lo que genera un escenario de impunidad.
La iniciativa parlamentaria también busca ratificar lo ya señalado por un fallo de la Corte Suprema, ante una demanda promovida por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) para que se le permita pescar industrialmente en Paracas.
La sentencia precisó que restringir la actividad industrial en las áreas protegidas no atenta contra los derechos de las empresas pesqueras, sino que, por el contrario, cumple con el deber constitucional del Estado de promover la conservación de las áreas naturales protegidas y así garantizar la sostenibilidad de los recursos que albergan.
Una medida de impacto
En esta línea, el debate del dictamen para institucionalizar la prohibición de la pesca industrial en las áreas naturales protegidas es prioritario para impedir la operación de flotas industriales nacionales y extranjeras que incursionan para depredar especies.
Pero el impacto no solo es ecológico, sino también social, porque miles de familias que dependen de la pesca artesanal y del turismo verán afectados sus ingresos por la presencia de embarcaciones dedicadas a la extracción industrial en las zonas protegidas, como señalan los gremios de pescadores artesanales en diversos pronunciamientos.
Al Congreso se le presenta la oportunidad de decidir si blinda la soberanía alimentaria y el patrimonio natural o si mantiene las puertas abiertas a la explotación industrial en el corazón de nuestras reservas marinas.
Un debate necesario
Cuando cumplió 25 años de vigencia, el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que garantiza la conservación de la diversidad biológica en el país, fue modificado por el Decreto Supremo N.° 006-2025-PRODUCE.
Sin embargo, debido a la falta de rango legal del decreto, se presentaron tres proyectos de ley multipartidarios para impedir que embarcaciones industriales continúen pescando en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), pero el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi insiste en no incluir la discusión en la agenda del Pleno.
Mientras no se resuelva el vacío legal señalado, grandes embarcaciones seguirán pescando ilegalmente en zonas prohibidas.
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