Piero Corvetto defiende legalidad de las elecciones durante citación al Congreso

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso inició esta tarde una sesión extraordinaria para determinar las responsabilidades administrativas y funcionales tras los incidentes del pasado 12 de abril. Para ello, se citó a los máximos responsables del sistema electoral. Sin embargo, la sesión quedó incompleta ante la inasistencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Pese a que el titular solicitó una reprogramación mediante un oficio, la directiva de la comisión rechazó el pedido y cuestionó su ausencia para esclarecer sobre la supervisión y la legalidad de las decisiones adoptadas frente a las fallas.

Durante la sesión, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto defendió la validez del escrutinio actual y aseguró que cada cifra tiene un respaldo documental. “Los resultados que se encuentran en la página web se encuentran sostenidos por lo que indican cada una de las actas”.

Además, Corvetto atribuyó la responsabilidad del colapso logístico al incumplimiento de la empresa concesionaria Servicios Generales Gálaga. "Todo lo que tiene que ver con el transporte ha ameritado un incumplimiento en tiempos y formas que ha tenido un impacto grande en la ciudadanía", señaló.

Ante los cuestionamientos por la falta de transparencia, el funcionario aseguró que la ONPE no oculta información y que están facilitando las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría. "Nuestra responsabilidad es dar la cara y explicar el problema". Además, reveló que, en medio de la desorganización, solicitaron al JNE medidas para limitar el daño: “Propusimos ampliar de 12 a 2 la hora de instalación de las mesas y dar una hora más al sufragio”, medidas que, según Corvetto, permitieron llegar a más locales pese al retraso de los camiones.

Motivos de la citación

Los funcionarios fueron convocados para responder por las fallas en la logística electoral. A Piero Corvetto (ONPE) se le exigió detallar las causas estructurales y operativas de las irregularidades, así como los procesos de contratación de los proveedores tecnológicos que debieron garantizar la transparencia.

Por su parte, la citación de Roberto Burneo (JNE) buscó esclarecer los mecanismos de supervisión y la legalidad de las decisiones adoptadas frente a las fallas registradas y la garantía del derecho al sufragio.

La sesión también contó con la participación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien presentó un informe sobre la intervención de su entidad durante la jornada electoral. Sobre todo se discutieron las acciones realizadas por la entidad ante la instalación tardía de mesas y fallas del sistema. Asimismo, el asesor legal de la Contraloría Guzmán Vera Coronel informó sobre las acciones de control con relación a la gestión electoral, la revisión de contrataciones, la identificación de responsabilidades y las acciones de auditoría iniciadas o por iniciar.

Irregularidades detectadas durante la jornada del 12 de abril

Durante las elecciones del domingo pasado, se registró que no se llegó a instalar 211 mesas de sufragio, principalmente en los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. Esta falta de material electoral impidió que 63,300 ciudadanos, entre electores y miembros de mesa, participaran del proceso electoral del día domingo.

Intervención de la Contraloría

La Contraloría emitió información técnica sobre las carencias del proceso. Guzmán Vera Coronel, ejecutivo de la institución, reveló que se emitieron alertas que no han sido corregidas. Según explicó, la falta de atención a estas advertencias por parte de los organismos electorales influyeron en las fallas logísticas del domingo, señalando que “en la etapa preelectoral se debió dar una mirada de cumplimiento de las normas” para evitar impactos negativos.

Vera Coronel detalló deficiencias específicas en la preparación de la jornada electoral. El representante expuso sobre la gestión de las oficinas descentralizadas. Denunció que la capacitación a cargo de estas dependencias se realizó de forma incompleta, incluyendo una “baja capacitación a los miembros de mesa” y problemas críticos de supervisión, como la ausencia de coordinadores en las oficinas de procesos electorales. A estas fallas se sumó el riesgo logístico, pues la entidad identificó que “el material electoral para la capacitación se encontraba indebidamente custodiado” y que existían incongruencias en la entrega de los equipos informáticos necesarios para el escrutinio.

Intervención de Josué Gutiérrez

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó la inacción de las autoridades frente a los protocolos establecidos. Durante su intervención, recordó que, según los instrumentos normativos vigentes, el material de la ONPE debía estar en los centros de votación a más tardar a las 11:59 p. m. del sábado. Al respecto, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenía la autoridad para verificar este cumplimiento y actuar antes de la apertura de las mesas. “En ese momento se debieron dictar los correctivos”. Además, el defensor cuestionó por qué no se tomaron medidas preventivas ante el retraso del material.

Gutiérrez fue enfático al señalar que la crisis no debe atribuirse a una sola entidad, sino a una falla estructural del sistema electoral. “Aquí no hay responsabilidad de una sola institución sino del sistema”.

Josué Gutiérrez Indicó que la falta de reacción oportuna pone en riesgo la legitimidad de los comicios y la confianza ciudadana. “O garantizamos este proceso o lo echamos todo a la borda, porque las denuncias que se están viendo grafican incumplimiento del deber”.

Durante la sesión, también se registró la participación de la congresista Kira Alcarraz, quien cuestionó la ausencia del titular del JNE. “El Jurado Nacional de Elecciones debería estar acá porque se supone que dos días antes todos sabemos que están en los colegios. Ellos debieron haber advertido que no llegó el material. Nunca lo hicieron”.

Por otro lado, la congresista y secretaria de la Comisión de Fiscalización, Ariana Orué, criticó la contratación de Gálaga SAC para la distribución del material electoral: “La empresa Servicios Generales Gálaga SAC ya había incurrido en faltas”, y consultó a la Contraloría sobre su accionar al tener conocimiento de las incidencias.

Ante las consultas de la congresista Orué, el representante de la Contraloría detalló la labor de fiscalización realizada. Informó que se han emitido cerca de 278 informes y que todas las situaciones adversas fueron puestas en conocimiento del titular de la ONPE. Sin embargo, denunció un bajo nivel de respuesta: “El 77% de esas 600 observaciones identificadas no han sido corregidas hasta la fecha. No nos quedamos con la información, vamos in situ a verificar”.

Vera Coronel precisó que el personal se constituyó a la sede de la ONPE los días viernes y domingo para verificar el cronograma de reparto, el cual calificó como una "condición inalterable". Según detalló, el 10 de abril debían salir 168 rutas a las 10:00 p. m., y el día 11 otras 49 rutas desde las 7:00 a. m. para cubrir Lima y Callao.

El auditor reveló que desde marzo se notificó al titular de la ONPE sobre riesgos que podrían impactar el proceso. “En una constatación in situ, identificamos que los conductores no cumplían con las condiciones establecidas en el contrato”, afirmó. Además, señaló que cada intervención ha sido debidamente comunicada y asentada en actas que servirán de evidencia para el informe final de auditoría.