Condenan a alcalde de Chancay por entregar administración de baños públicos a terceros
El alcalde, Juan Álvarez, fue acusado de entregar bienes públicos a terceras personas sin los procesos legales correspondientes. Según la resolución judicial, facilitó el aprovechamiento de recursos municipales a Julia Romero y Olinda Martínez, con quienes mantenía un vínculo personal.
La República en GoogleLa Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura dictó una sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad suspendida contra el alcalde distrital de Chancay, Juan Alberto Álvarez Andrade. El fallo responde a la comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado.
Contra el burgomaestre también se impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el periodo de la condena y establece el pago solidario de una reparación civil de S/15.000 a favor del Estado peruano.
Video destacado
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA NO SERÁ ALCALDE: ¡LA LEY SE RESPETA! | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron entre los años 2017 y 2018. Según la investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Steefanny Cherres Pacora, Álvarez Andrade entregó la administración de servicios higiénicos públicos a personas particulares sin contar con la aprobación del Concejo Municipal, requisito establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972).
- JNJ consuma venganza contra Pablo Sánchez: ya no continuará como fiscal supremo
- Dictan 9 meses de prisión preventiva contra sujetó que abusó de menor de 5 años en Chachapoyas
Alcalde de Chancay fue condenado por el delito de peculado doloso. Foto: Ministerio Público
La fiscalía determinó que los baños, los cuales formaban parte de un proyecto turístico del Gobierno Regional de Lima, fueron gestionados por terceros para generar ingresos propios mediante el cobro por uso y la venta de productos. Este manejo se realizó sin que mediara un contrato oficial o resolución respecto de la concesión.
La entidad edil no percibió algún pago de rentas por la prestación del servicio, lo que derivó en un perjuicio económico. La tesis fiscal señaló que Juan Álvarez infringió los deberes funcionales de defender y cautelar los derechos e intereses del Estado al beneficiar por años a los terceros, con quienes mantenía un vínculo de amistad.
Junto al burgomaestre, fueron condenadas Julia Romero y Olinda Martínez a cuatro años de prisión suspendida, al ser identificadas como las beneficiarias directas de la administración de dichos bienes públicos.
