Julio Chávez, presidente de Acción Popular, es sentenciado por omitir denuncia de coima cuando era alcalde de SMP

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, fue sentenciado en primera instancia a 2 años y 8 meses de pena privativa de libertad suspendida por el delito de omisión de denuncia. La decisión corresponde al Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte. El caso se remonta a su gestión como alcalde de San Martín de Porres, cuando no informó a las autoridades sobre un pedido de coima realizado por un funcionario municipal.

Según la investigación fiscal, el entonces servidor edil Plácido Ayala exigió al dueño de la empresa Flores Hermanos el pago de US$70.000. A cambio, ofreció gestionar la reapertura de un terminal terrestre en el distrito. El empresario alertó al propio alcalde y le hizo escuchar un audio que registraba la conversación. Pese a ese conocimiento directo, Julio Chávez no formalizó denuncia alguna.

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El Ministerio Público acreditó que el exalcalde no levantó acta, no elaboró informe interno ni solicitó de manera oficial el audio como evidencia. Tampoco activó los canales institucionales que exige la normativa municipal, como la Ley Orgánica de Municipalidades y los reglamentos internos. Para la Fiscalía, esa omisión fue deliberada y vulneró su deber funcional de cautelar los intereses de la comuna.

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Como parte de la sentencia, Julio Chávez quedó inhabilitado para ejercer cargo público por dos años y deberá pagar S/ 2000 por concepto de reparación civil. En el mismo caso, el despacho del fiscal Jorge Mauro García Juárez obtuvo en 2025 una condena contra Plácido Ayala por tráfico de influencias simulado. El exfuncionario recibió 3 años y 10 meses de pena efectiva, luego convertida en 200 jornadas de trabajo comunitario, además de una inhabilitación de más de ocho años y el pago de S/ 4500 al Estado.

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Julio Chávez sostiene que el caso prescribió y niega haber cometido acto de corrupción

Tras conocerse la condena en su contra, Julio Chávez difundió un comunicado dirigido a la opinión pública. En el documento sostiene que la sentencia no está firme y asegura que el plazo legal ya venció. “Por el transcurso del plazo de diez años se produjo la prescripción sobrevenida y la hemos solicitado al mismo juzgado una excepción de prescripción sobrevenida”, indicó. En esa línea, afirmó que “queda sin efecto la citada sentencia y se archiva definitivamente el caso”.

El presidente de Acción Popular también negó cualquier vínculo con actos de corrupción. “Los hechos no tienen que ver con ningún acto de corrupción atribuible a mi persona”, señaló. Incluso remarcó que en un eventual juicio con sentencia firme “nunca quise acreditar que no tuve ninguna participación”. Según su versión, nunca se demostró que haya tenido intención de omitir la denuncia del presunto pedido de coima.

En otro tramo del pronunciamiento, cuestionó la actuación del sistema de justicia. Afirmó que “se han atropellado mis derechos fundamentales” y atribuyó el proceso a una supuesta persecución. “Desde hace años vengo sufriendo persecución por parte de enemigos políticos”, escribió. Además, aseguró que “han dado en mi contra, por la sencilla razón de que no soy corrupto ni delincuente”.

Chávez defendió su trayectoria política y anunció que continuará en actividad. “Seguiré firme trabajando con mi partido Acción Popular, por mi querido San Martín de Porres, y por este país que tanto amo”, expresó. También envió un mensaje a sus simpatizantes: “A mis correligionarios, que no tengan duda de que seguimos ¡Adelante!”.