Amazonas: “No podemos quedarnos sin justicia para nuestros niños y adolescentes Awajún y Wampís"

Los pueblos indígenas Awajún y Wampís somos invisibles para el gobierno. Las autoridades non dejan sin protección ante los ataques y las amenazas que sufrimos desde hace años. Y ahora nos abandonan una vez más, dejándonos a nuestra suerte, sin garantizar nuestros derechos.

La frase, llena de impotencia e indignación, es del líder awajún, Romer Orrego Ikam, un apu importante que lucha contra problemas como la minería ilegal, la corrupción y el crimen organizado en Río Santiago, Nieva y El Cenepa, ubicados en la provincia de Condorcanqui, región de Amazonas.

Y es que una situación preocupante está generando alarma en la provincia de Condorcanqui desde el 22 de diciembre cuando los defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) que atendían en los tres distritos mencionados dejaron de brindar servicios de defensa legal gratuita.

Esta medida afecta directamente a los sectores más vulnerables de la población, en especial a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, quienes dependen de la defensa pública para recibir atención legal inmediata, especializada y sin costo.

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Condorcanqui es una de las provincias con mayores limitaciones para acceder a la justicia, debido a su geografía, condiciones sociales y económicas, y a su población mayoritariamente indígena.

En este contexto, la ausencia de defensores públicos profundiza la brecha de desigualdad y coloca en situación de indefensión a cientos de familias.

Diversas organizaciones sociales, autoridades locales y representantes de la sociedad civil han expresado su rechazo y preocupación, exigiendo al MINJUSDH una explicación clara y la adopción de medidas urgentes que permitan restablecer de inmediato el servicio de defensa pública en toda la provincia.

Advirtieron que la suspensión del servicio pone en riesgo procesos judiciales en curso y podría desalentar la denuncia de hechos de violencia, debilitando aún más la protección de las víctimas.

Son 118 audiencias programadas que podrían caer a falta de defensa publica pues las víctimas no tienen dinero para abogados particulares.

Como  indígena Awajún, defensor de los derechos humanos y ciudadano de la provincia de Condorcanqui, expreso mi profunda indignación, rechazo y preocupación ante la decisión arbitraria e insensible del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de desarticular la Oficina de la Defensa Pública del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), dejando sin defensores públicos, sin psicólogo y sin traductor Awajún a una de las poblaciones más vulnerables del país, dice a La República el apu Romer Orrego

El líder indígena considera que esta medida afecta directamente a cientos de niños, niñas y adolescentes Awajún y Wampis, víctimas de violencia sexual, así como a mujeres y familias que requieren defensa legal en procesos de alimentos, familia y protección, en una provincia donde el acceso a la justicia ya es históricamente limitado.

“Resulta inaceptable que, mientras en redes sociales se anunciaban “avances” y “logros” en las sedes de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, hoy se despida a 24 profesionales, entre ellos personal clave para la atención intercultural, sin explicación ni justificación técnica, cuando esta oficina recién estaba en proceso de implementación”, señaló con indignación.

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Orrego está convencido de que todo indica que “la justicia para los pueblos indígenas solo fue usada para la foto y el discurso, pero no para garantizar derechos reales”.

El líder awajún emitió un pronunciamiento en el que asegura que d esmantelar el SNEJ en Condorcanqui es dejar en abandono a las víctimas, es revictimizar a niños y niñas Awajún que necesitan protección inmediata, y es un retroceso grave en la lucha contra la violencia sexual en territorios indígenas.

“Exigimos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, explicaciones inmediatas y la reposición urgente del equipo completo del SNEJ en Condorcanqui. Al Presidente de la República, que asuma su responsabilidad política frente al abandono del Estado en la Amazonía, y a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que no guarde silencio y actúe conforme a su mandato de protección de la niñez y las mujeres indígenas”, indicó.

También se dirigió al ministro de Educación a garantizar la protección integral de estudiantes víctimas de violencia sexual en zonas rurales e indígenas, a la Defensoría del Pueblo, que intervenga de oficio ante esta grave vulneración de derechos fundamentales, y a los organismos internacionales de derechos humanos, a poner atención urgente sobre lo que está ocurriendo en Condorcanqui.

MINJUSDH GARANTIZA CONTINUIDAD

En respuesta al pronunciamiento de los líderes indígenas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Defensa Pública, informó que garantiza la continuidad ininterrumpida del servicio de patrocinio legal gratuito en la provincia de Condorcanqui, descartando cualquier cierre o suspensión de la atención en dicha jurisdicción.

Esta precisión fue realizada por el director general de la Defensa Pública, Jorge Gibbons Ventura, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación local de la región Amazonas, en la que aclaró que las recientes disposiciones responden a un proceso administrativo regular del Estado, relacionado con el cierre del año presupuestal y la renovación de contratos, y no implican el retiro del servicio ni el desamparo de la población.

“El servicio de defensa pública en Condorcanqui está garantizado. Durante todo este proceso administrativo la atención continúa con normalidad y con la misma calidad”, señaló el funcionario.

En ese marco, el MINJUSDH reafirmó el compromiso directo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien ha dispuesto que se mantenga una atención constante y prioritaria en provincias con alta concentración de población en situación de vulnerabilidad, como Condorcanqui.

Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 26 defensores públicos, quienes continúan atendiendo principalmente casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como defensa penal y la protección de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, que representan la mayor demanda del servicio.

Asimismo, mientras se desarrollan las convocatorias para la cobertura y reposición de plazas, la Defensa Pública ha dispuesto el respaldo operativo de defensores a nivel provincial, regional y nacional, asegurando que ningún caso quede sin atención.