Juan Carlos Álamo: "Las rondas campesinas deben actuar sin vulnerar los derechos humanos"

El especialista en derecho electoral, Juan Carlos Álamo Castro, explicó que las rondas campesinas cumplen un rol reconocido por la Constitución, pero su función es complementar la justicia ordinaria, no reemplazarla. De esta manera, ondicó que el artículo 149 les otorga atribuciones para resolver conflictos dentro de sus comunidades, siempre que su accionar se mantenga dentro del marco legal y sin afectar la integridad ni la dignidad de las personas.

"La justicia comunal no puede convertirse en un espacio de castigo o humillación; debe operar bajo la ley", indicó.

Respecto al caso ocurrido en Ayabaca, donde ronderos de Hualcuy aplicaron azotes al alcalde Darwin Quinde, el jurista calificó el hecho como un abuso de autoridad contrario a los principios del derecho. Señaló que ningún argumento cultural o costumbre ancestral puede justificar la violencia.

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"Los azotes y las humillaciones no son justicia, son agresiones", afirmó, al destacar que este tipo de actos distorsionan la verdadera finalidad de la justicia comunal.

Álamo Castro también criticó la difusión del castigo en redes sociales y advirtió que exponer públicamente a una persona agrava la falta y atenta contra su honra. Recordó que el Tribunal Constitucional ha sido enfático al señalar que las rondas pueden participar en la resolución de conflictos comunales, pero sin vulnerar derechos fundamentales ni incurrir en actos que atenten contra la integridad física o moral.

"Una ronda que se politiza deja de servir a su comunidad. La coordinación con las autoridades judiciales, la Policía y los municipios es esencial para evitar excesos", subrayó.

"La justicia comunal debe ser motivo de orgullo, no de vergüenza. Ninguna forma de violencia resuelve los problemas del pueblo. El verdadero camino es la ley y la dignidad", añadió.