Martín Vizcarra apuesta por la CIDH para anular inhabilitaciones y seguir en carrera presidencial rumbo a 2026

“Sigo totalmente en campaña. Yo veo muy difícil que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no corrija ese atropello”, dijo Vizcarra hace unas semanas ante las cámaras de este medio. El expresidente enfrenta a la justicia vistiendo el polo con el símbolo de su partido. No lo duda: competirá contra Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Guillermo Bermejo y cualquier figura política que se sume a la próxima carrera presidencial. Sea por exceso de confianza o por seguridad, Vizcarra está convencido de que logrará revertir las inhabilitaciones políticas que el Congreso oficializó en su contra, ahora con la expectativa de contar con el respaldo del máximo ente de derechos humanos de la región.

Pero Vizcarra no tiene un camino sencillo. Si quiere postular a la presidencia, deberá esperar a que el sistema de justicia interamericano falle a su favor. De no hacerlo, Perú Primero podría quedarse sin su principal carta, y las elecciones tendrían un gran bolsón de votos disperso entre un número finito de candidatos.

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El camino del rechazo

Pero, ¿cómo llegó Vizcarra a enfrentarse a esta situación? Partamos del inicio: el expresidente está inhabilitado no una, sino tres veces. Fue inhabilitado en abril de 2021 por el caso 'Vacunagate', donde su vacunación irregular durante ensayos clínicos le costó 10 años de prohibición para ejercer cargos públicos. Ya en 2022, el ahora candidato presidencial de Perú Primero fue inhabilitado por 5 años, luego de que el Parlamento dictaminara que contrató con empresas privadas mientras ejercía como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de PPK. Por último, en junio de este año, Vizcarra fue inhabilitado por tercera vez, en esta ocasión por haber disuelto el Congreso en 2019.

Estas inhabilitaciones tuvieron efecto directo: Vizcarra fue elegido congresista en 2021, pero no pudo asumir el cargo debido a la sanción por el 'Vacunagate'. El exmandatario no se quedó de brazos cruzados y presentó una serie de recursos ante las instancias correspondientes, pero en ambas no obtuvo resultados favorables. En septiembre de 2024, la Corte Suprema ratificó su inhabilitación por 10 años; mientras que en abril de este año, el Tribunal Constitucional rechazó su pedido para anular la inhabilitación de 5 años. Con las vías internas agotadas, la ley le permite recurrir a estamentos internacionales.

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El proceso en la CIDH y las cartas de Vizcarra

Sin embargo, el camino hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no será fácil. Un proceso común ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —la instancia previa antes de llegar a la Corte— requiere que se admita y analice la petición de la persona natural o jurídica que presenta su recurso. Este trámite, en promedio, puede tardar entre 3 y 7 años, y no garantiza necesariamente que la Comisión interponga una demanda ante la Corte IDH, que es la instancia que emite la decisión final.

Pero hay un detalle adicional: según la defensa del expresidente, Vizcarra ha solicitado una medida cautelar a la CIDH. Este recurso puede llevar a que la propia CIDH recomiende al país tomar una decisión con respecto a ciertos casos. La medida cautelar funciona como un “salvavidas” mientras se resuelve el fondo del caso. Alejandro Salas, abogado del expresidente, explicó a La República su intención con esta herramienta.

"La medida cautelar es evaluada por la Comisión, la cual, si encuentra evidencias de hechos que vulneren derechos humanos (en este caso, derechos humanos políticos), emite el informe correspondiente y deriva lo actuado a la Corte, para que esta se pronuncie sobre el fondo. El Estado peruano está en la obligación de acatar estas disposiciones por mandato constitucional (artículo 205 de la Constitución) y por los convenios internacionales de los cuales el Perú es parte. El incumplimiento de esta obligación acarrea sanciones internacionales para el país y, de forma colateral, podría viciar el proceso electoral, generando mayores problemas para la legitimidad de las elecciones", señaló a este medio.

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Uno de los argumentos de Martín Vizcarra para defender su caso ante la CIDH tiene nombre y apellido presidencial: Gustavo Petro. El caso Petro Urrego vs. Colombia, citado previamente por Vizcarra ante el TC, se refiere a cuando Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá en 2013, fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, por supuestas irregularidades en la recolección de basura. Petro alegó que esta decisión era una forma de persecución política y que atentaba contra su derecho a participar en política, derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Tras agotar todos los recursos dentro de Colombia, Petro llevó su caso a la Corte Interamericana, que en 2020 responsabilizó al Estado colombiano por violar sus derechos políticos y garantías judiciales. El tribunal señaló que no se puede sancionar a un funcionario electo solo mediante vía administrativa, sin un proceso judicial adecuado. Además, ordenó al Estado modificar sus leyes para garantizar estos derechos y pagar una indemnización. Este antecedente es una de las principales cartas de Vizcarra, quien asegura que su situación guarda similitudes que justificarían la anulación de su inhabilitación bajo el mismo enfoque.

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"No es que automáticamente yendo a la Comisión Interamericana se obtenga una decisión favorable"

Para entender mejor el proceso que enfrentará el expresidente peruano en instancias internacionales, La República conversó con el abogado constitucionalista de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), Reynaldo López Viera. Según López Viera, este proceso no implica una resolución rápida, sino que puede superar el año de duración.

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"No es que automáticamente yendo a la Comisión Interamericana la Comisión te vaya a dar una decisión favorable. Debe seguirse un procedimiento donde se analice si hubo vulneración de derechos y el Estado debe justificar por qué se restringió el derecho de la persona que acude al sistema interamericano. Todo esto puede demorar más de un año. (...) De igual forma, (la medida cautelar) tomará su tiempo, a menos que ellos cuenten con algún tipo de influencia que pueda hacer que se resuelva en tiempo récord y de manera favorable. De lo contrario, la medida cautelar deberá seguir su curso como en cualquier otro caso", señaló el abogado constitucionalista a este medio.

El especialista sostuvo que Vizcarra viene abordando la posibilidad de que se le retire la inhabilitación desde la CIDH como parte de una estrategia política y electoral: “Este triunfalismo del señor Vizcarra puede ser parte de un incentivo para fomentar esperanza y respaldo popular, pero por el procedimiento y el tiempo que demora, no creo que alcance para las elecciones. De todas formas, estamos en campaña y todo es válido, incluso para presionar a organismos internacionales y fortalecer el apoyo popular a su eventual candidatura en el Perú”, indicó a La República.