Ministerio Público denuncia intervención del Ejecutivo a favor de Patricia Benavides: "Hay una clara injerencia en este asunto"

El vocero del Ministerio Público (MP), Víctor Cubas, denunció que existe una “clara injerencia” del Poder Ejecutivo en el conflicto abierto por la restitución de Patricia Benavides. Cubas apuntó directamente contra los ministros del Interior y de Justicia, a quienes acusó de vulnerar la autonomía fiscal para favorecer a la exfiscal de la Nación.

El vocero del MP cuestionó que el titular del Ministerio del Interior haya dispuesto brindar resguardo policial a Benavides, a pesar de que no ha retomado el cargo ni ha sido reconocida por la Junta de Fiscales Supremos. "El ministro del Interior ha dispuesto que la policía nacional le dé seguridad a una persona que aún no toma posición del cargo", comentó vía Canal N.

Además, reveló que el mismo ministro se dirigió el pasado 19 de junio a Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, para convocarla a una reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, dos días después, el representante del Ministerio del Interior le remitió otra comunicación en la que ya no la reconocía como titular del Ministerio Público, sino únicamente como fiscal suprema.

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"El día 21 (de junio), se dirige el mismo ministro a la señora Delia Espinoza Valenzuela, pero ya no como fiscal de la Nación, sino como fiscal suprema. Quiere decir que él ya desconoció de hecho la autoridad de la fiscal de la Nación. El ministro del interior y el ministro de justicia están interfiriendo en este problema y eso es un grave atentado contra la autonomía del ministerio público, contra la institucionalidad democrática", precisa.

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El Poder Judicial ha admitido a trámite la demanda de amparo interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La acción judicial busca declarar nula e inejecutable la Resolución N° 231‑2025‑JNJ, emitida el pasado 12 de junio, que ordena la restitución de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación

Espinoza argumenta que la resolución de la JNJ vulnera derechos constitucionales, como la independencia funcional, el debido proceso y el pleno ejercicio de la función pública. Además, pide una orden de cese inmediato a cualquier acción que ponga en riesgo sus atribuciones como cabeza del Ministerio Público. El caso será evaluado en una audiencia prevista para el próximo 8 de agosto.