La doble cara de Fuerza Popular en la lucha contra la inseguridad: las 4 leyes que respaldó y facilitan el crimen

Tras el asesinato del cantante de Armonía 10 Paul Flores, Fuerza Popular presentó una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su incapacidad para combatir la inseguridad ciudadana. Lejos de representar un sincero interés por la seguridad, lo único que demuestra es la doble cara de un partido que, durante la última legislatura, ha presentado proyectos que dotan de impunidad a los criminales o, en su defecto, ha defendido iniciativas de ese tipo como si fueran suyas. 

Desde tratar de impedir la detención preliminar en casos de no flagrancia hasta liberar de responsabilidad a los culpables de crímenes de lesa humanidad, la bancada naranja ha permitido con sus votos que los peruanos y la ley que los protege queden a merced de los criminales.

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Fuerza Popular quiso eliminar la detención preliminar y blindar a la PNP

El 6 de noviembre del 2024, el Pleno del Congreso aprobó, con 94 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, el dictamen recaído en los proyectos de ley 3999/2022-CR, 7115/2023-CR y 7965/2023-CR, que propone modificar el Código Penal para eliminar la detención preliminar en casos de no flagrancia y garantizar la presunción de inocencia a policías cuando usen su arma "de forma reglamentaria" y causen lesión o muerte.

La propuesta inicial vino del fujimorista Víctor Flores Ruiz. Consecuentemente, una vez en el Pleno, la mayoría de votos provino de Fuerza Popular. Algunos de los congresistas de esta bancada que votaron a favor fueron: Fernando Rospigliosi, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Eduardo Castillo Rivas, Mery Infantes Castañeday, Jorge Morante Figari, Jeny López Morales, Patricia Juarez.

Irónicamente, la iniciativa aprobada en primera votación y exonerada de una segunda se debatió en una sesión plenaria destinada a debatir propuestas legislativas que contribuyen a la lucha contra la inseguridad ciudadana

Lejos de preservar la seguridad, la ley dotaría de impunidad a los efectivos policiales que generen lesión o muerte durante su intervención, alertó el abogado de IDL, Carlos Rivera, quien patrocina a familiares de fallecidos y heridos en las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero 2023.

“El proyecto es inconstitucional porque atenta contra las facultades del Ministerio Público al pretender impedir que el fiscal solicite detención preliminar y prisión preventiva contra el personal de la PNP. El policía que mate a una persona tiene que ser investigado, y debe haber evidencia suficiente de que fue en cumplimiento de su misión o en legítima defensa, de lo contrario merece una condena”, declaró a este medio

Finalmente, el dictamen fue oficializado por Dina Boluarte el 11 de diciembre del 2024, sin embargo, tras la oposición de la Fiscalía, el Poder Judicial y la ciudadanía, se restituyó la detención preliminar en casos de no flagrancia el 6 de marzo del 2025. 

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Ley a favor del crimen organizado (Ley 32108)

La Ley 32108, también conocida como ley contra el crimen organizado, si bien fue promovida por el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón, logró su aprobación en el Congreso gracias al respaldo del partido de Keiko Fujimori. 

Esta norma excluye delitos que tengan sanción menor a seis años en procesos por organización criminal y obliga la presencia del acusado y su abogado en los allanamientos fiscales.

Debido a que el proyecto fue catalogado como facilitador del crimen, la ciudadanía exigió su derogación por medio de protestas sociales. El Congreso no escuchó. Después de varios cuartos intermedios, decidió aprobar el texto sustitutorio que modifica, mas no deroga, la norma con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones.

Fuerza Popular defendió frontalmente la ley como si fueran los principales autores: brindó 19 votos a favor desde su bancada. 

En ese grupo se encuentran: Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Rosangela Barbarán, Ernesto Bustamante, Eduardo Castillo y Nilsa Chacón. 

Ley que acorta los plazos de colaboración eficaz

Otras de las normas que debilita la lucha contra el crimen organizado y que fue promovida por el Fujimorismo fue la Ley 31990 que reduce el plazo para el proceso de colaboración eficaz a 8 meses

La norma podría tumbarse diversos procesos en curso, incluso aquellos en que están involucrados los líderes políticos de algunas bancadas como la de Fuerza Popular, partido cuya lideresa es investigada por los presuntos aportes ilícitos a su campaña presidencial del 2011.

El proyecto fue presentado el 26 de octubre del 2021, durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo, por la ex parlamentaria de Podemos Perú María Teresa Cabrera Vega.

Tras un largo camino en el Legislativo, el 21 de junio de 2023, el Congreso aprobó el proyecto con 84 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. Fuerza Popular realizó un estratégico voto dividido. Desde su bancada salieron 11 adhesiones y 10 en contra. Además, se exoneró la segunda votación con 81 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones. El 21 de marzo del 2024 se oficializó la norma en El Peruano. 

Blindaje a los responsables de delitos de lesa humanidad (Ley 32107)

El viernes 9 de agosto del 2024 entró en vigencia Ley 32107, popularmente conocida como Ley de Amnistía, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por terroristas y militares durante el conflicto armado interno (antes del 1 de julio de 2002).

La iniciativa fue promovida por el fujimorista Fernando Rospigliosi y en los votos que lograron su aprobación en el Congreso figura una mayoría de Fuerza Popular. 

Durante el debate, la congresista Martha Moyano (FP), titular de la Comisión de Constitución, sustentó el dictamen, señalando que la tipificación del delito de lesa humanidad no puede servir para “convalidar situaciones de injusticia ni distorsionar los fines de la pena” ni “para la venganza”.

El principal beneficiado fue el fallecido ex dictador Alberto Fujimori, quien fue el responsable político de los asesinatos en Barrios Altos y La Cantuta, que son dos de los casos más emblemáticos relacionados con violaciones de derechos humanos durante su presidencia. 

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Fuerza Popular intenta tomar distancia del Gobierno en miras a las Elecciones

Al respecto, el analista político e historiador del Fujimorismo, Alejandro Godoy, explicó a La República que, en diferentes legislaturas, la bancada de Fuerza Popular ha impulsado normas para blindar a gente allegada e, incluso, al propio Alberto Fujimori. “Se trataría de una especie de autoamnistía”, precisa. 

“No solamente de Fuerza Popular sino otros partidos políticos lo que buscan es evitar una judicialización de la política a través de leyes que los beneficien en términos penales o, incluso, los excluyan de la acción de la justicia”, manifestó.

Asimismo, advirtió que el supuesto respaldo a la súplica ciudadana que pide la salida de Santiváñez se debería  a una estrategia política para “evitar que el desempeño del Gobierno los siga perjudicando”. Todo ello en miras a las próximas elecciones.

“Fuerza Popular conforme se acerca el periodo electoral va a tratar de tomar distancia del actual Gobierno y aparentar ser un partido de mano dura ante la inseguridad y, por lo tanto, seguir apoyando a Santivañez no les conviene políticamente, pero al mismo tiempo no quieren firmar mociones de otros congresistas, sino tener la suya propia para tratar de diferenciarse y tener un perfil particular”, anotó.

Por su parte, la docente de ciencias políticas de la PUCP, Katherine Zegarra, indicó a este medio que si bien no se trataría de una medida populista, se trata de una forma de “reducir lo máximo posible el daño y el impacto negativo que le genera Santivañez a la imagen de Fuerza Popular”. “A estas alturas ya es muy tarde”, expresó.