José Domingo Pérez: estos son los argumentos del fiscal para declarar a Fuerza Popular una organización política antidemocrática
El fiscal José Domingo Pérez, argumentó en un informe solicitado por la Fiscalía que forma parte de las investigaciones para declarar a Fuerza Popular como organización política antidemocrática tras denuncia ciudadana.
La República en GoogleAntes de ser suspendido de su cargo de fiscal, José Domingo Pérez envió un informe detallado a la Fiscalía sobre la investigación contra Keiko Fujimori en el marco de la denuncia ciudadana contra el partido Fuerza Popular por infringir la Ley de Organizaciones Políticas, que señala que la agrupación política podría haber cometido conductas antidemocráticas.
El informe detalla los argumentos para declarar ilegal al partido fujimorista, así como los distintos delitos en los cuales estaría implicada su lideresa y demás integrantes desde el 2011 hasta la actualidad.
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Los cuatro argumentos del fiscal José Domingo Pérez
Domingo Pérez determinó que Fuerza Popular habría incurrido en cuatro actividades contrarias a los principios democráticos: clandestinidad y anonimato de los aportes efectuados por empresarios, entregas de dinero en efectivo simuladas como aportes en especie, empleo de falsos aportantes para justificar los ingresos a la campaña de 2021 y la instrumentalización del supuesto fraude electoral.
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Sobre la clandestinidad y anonimato de los aportes efectuados por empresarios, el hoy suspendido fiscal señaló que la organización de Keiko Fujimori habría recibido S/1,2 millones en aportes no declarados durante la campaña de 2021, mediante un mecanismo clandestino para ocultar el origen del dinero. Se señala a María Cordero Jon Tay como responsable de entregar sumas en efectivo, presuntamente de fuentes prohibidas, con el fin de influir en decisiones del Congreso y vulnerar la igualdad política.
Así mismo, se señaló que el partido naranja simuló aportes en especie para encubrir entregas en efectivo durante la segunda vuelta de las Elecciones 2021, eludiendo así los controles sobre el financiamiento político. Casos como los de Rosa Perales y Jaime Barco evidenciarían esta práctica, al igual que otros aportes personales por más de S/460.000, que fueron registrados de manera irregular.
Sobre el empleo de falsos aportantes, la investigación de Pérez indica que las personas señaladas como aportantes al partido, negaron la entrega del dinero durante la campaña de 2021. Incluso, algunas declararon que no tenían la capacidad económica para hacerlo. Esta situación evidenciaría el uso de falsos aportantes y el encubrimiento de fuentes de financiamiento, en violación a la Ley de Partidos Políticos.
En el informe también se incluye una acusación contra Fuerza Popular de instrumentalizar el supuesto fraude electoral como estrategia para desacreditar el sistema democrático y buscar la captura del poder en 2021. Según se detalla, esta táctica incluyó campañas de noticias falsas, mensajes de odio y amenazas, además de la captación de fondos presuntamente ilícitos para financiar impugnaciones contra los resultados electorales.
"Se advierte que este comportamiento del partido político Fuerza Popular a través de sus integrantes, evidencia una operación sistemática para deslegitimar las elecciones, obtener réditos económicos con recursos ilícitos, y socavar la institucionalidad democrática del país con el fin de asegurar impunidad y control político, valiéndose del discurso del fraude y del miedo al comunismo como elementos centrales de manipulación", se lee.
Fiscal solicitó suspensión temporal de actividades políticas del partido fujimorista en 2020
Además, el informe señala que dentro de las medidas solicitadas al Poder Judicial por el caso 'Cócteles' se pidió la suspensión temporal de las actividades políticas de Fuerza Popular en 2020. Entre los fundamentos para la solicitud se incluyeron: obtención de poder político para asegurar impunidad, captar y administrar fondos ilícitos para el financiamiento político, infiltrar y controlar instituciones estatales, controlar el Congreso para fines delictivos, hostigar al Ministerio Público, blindar a magistrados implicados en corrupción, promover leyes que benefician a sus aliados económicos y buscar la desestabilización del Ejecutivo para obtener mayor poder.
