José Domingo Pérez ratificó que Keiko Fujimori recibió más de USD 13.000.000 de manera ilegal

José Domingo Pérez fue suspendido de su cargo como fiscal del Equipo Especial Lava Jato. Sin embargo, en los días previos a la medida, continuó ejerciendo funciones. En uno de sus últimos actos, presentó un informe en el que detalla nuevamente las entregas de dinero ilícito presuntamente realizadas a favor de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, con el objetivo de sustentar la solicitud de declarar su ilegalidad como organización política.

En el documento, Pérez describe cómo, desde 2011, la organización fujimorista habría captado más de trece millones de dólares a través de mecanismos ilícitos y acuerdos con empresas privadas. El informe fue remitido al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para su evaluación.

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Entre los activos irregulares registrados, se incluyen aportes de Credicorp, el grupo empresarial Rassmuss, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la empresa Inversiones Piuranas S.A.C., entre otros.

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El recorrido del dinero ilícito según el informe fiscal

El informe presentado por el fiscal suspendido resume gran parte de las investigaciones relacionadas con los presuntos aportes ilegales recibidos por Fuerza Popular desde 2011. El apartado fiscal detalla que Keiko Fujimori, a través de su partido, habría gestionado la entrega de 3.65 millones de dólares por parte del empresario Dionisio Romero, entonces presidente de Credicorp, cuando el partido aún se denominaba Fuerza 2011.

Según el informe, las reuniones entre Romero y personas cercanas a Fujimori, realizadas en el domicilio del exministro Martín Pérez Monteverde, ubicado en La Molina; buscaban asegurar beneficios si esta accedía al poder. Los fondos se habrían entregado en pagos de seis cifras entre finales de 2010 e inicios de 2011.

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Durante la campaña electoral de 2011, la empresa vinculada al grupo Rassmuss también habría entregado 3,5 millones de dólares al entorno de Fujimori. El informe precisa que estos fondos fueron enviados desde las oficinas de la empresa Sudamericana de Fibras, ubicada en el Callao, entre 2010 y 2011. Las reuniones habrían contado con la participación de Juan Enrique Rassmuss y la propia Keiko Fujimori.

El grupo Rassmuss vuelve a ser mencionado por Pérez, esta vez, en referencia a nuevos aportes ilícitos entregados entre 2015 y 2016, con motivo de las elecciones generales de ese periodo. El fiscal sostiene que, a través de unas 30 reuniones, se habrían canalizado 3.73 millones de dólares. Entre los encargados de recolectar el dinero figuran personas recurrentemente señaladas en las investigaciones, como Jorge Yoshiyama, Pier Figari y Mark Vito, exesposo de la lideresa fujimorista.

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Por su parte, la Confiep también es mencionada. De acuerdo con el informe, en 2011, su entonces presidente, Ricardo Briceño, logró captar 2.07 millones de dólares de diversas empresas y empresarios, entre ellos Alicorp, Odebrecht, Southern Perú, Carlos Rodríguez Pastor y Roque Benavides.

Dionisio Romero vuelve a ser mencionado en el contexto de la campaña de 2016. Según el fiscal, entre marzo y mayo de ese año entregó 450.000 dólares a la cúpula de Fuerza Popular. Estos montos, no bancarizados, habrían sido entregados en sobres y maletines nuevamente en la vivienda de Pérez Monteverde, en el distrito de La Molina. En ese momento, el exministro presidía la Confiep.

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Fuerza Popular reúne condiciones para ser una organización criminal, sostiene Domingo Pérez

En el informe, José Domingo Pérez ratifica y sustenta su pedido para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular, formulado en 2020. El fiscal trae de vuelta los argumentos con los que se expuso al partido naranja como una organización que buscó el control del poder político no con fines democráticos, sino para garantizar la impunidad de sus miembros.

El documento desarrolla que el partido amerita una suspensión temporal de sus actividades políticas. Según el fiscal, su objetivo central habría sido interferir en decisiones institucionales y procesos judiciales, impidiendo que sus dirigentes rindieran cuentas ante la justicia. La estrategia, afirma, incluyó campañas de desprestigio contra fiscales, el copamiento del Congreso y la infiltración de instituciones del Estado.

El pilar de esta presunta organización criminal sería la ya mencionada captación de fondos ilegales para financiar actividades políticas a cambio de favores legislativos a sus financiadores. Como se explicaba líneas atrás, Fuerza Popular habría utilizado su bancada parlamentaria para blindar a magistrados vinculados a casos de corrupción y promover leyes que beneficiaban a ciertos sectores empresariales, evidenciando un uso instrumental del poder legislativo en favor de intereses particulares.

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Finalmente, el documento acusa al partido de haber promovido la desestabilización del Poder Ejecutivo a través de maniobras legislativas y contactos clandestinos, con el objetivo de negociar cuotas de poder. Según Pérez, estas acciones constituyen indicios suficientes para solicitar la suspensión del partido, al considerarlo una amenaza al orden democrático y al adecuado funcionamiento del Estado.