Congreso: buscan eliminar financiamiento de defensa legal a altos funcionarios

Cuando un alto funcionario del Estado es investigado durante su período en el cargo, la Ley del Servicio Civil lo ampara con el financiamiento de la defensa legal. La falta de transparencia prima en este proceso porque la evaluación que realiza la entidad no es pública y las decisiones giran en torno al Gobierno de turno.

De esta manera, muchos funcionarios investigados por corrupción o por irregularidades en su gestión se aprovechan para sacar ventaja de este beneficio. En el marco de estos privilegios, la congresista Ruth Luque busca eliminar el financiamiento de la defensa legal en funcionarios de todos los niveles. Se trata del proyecto de ley N° 10642/2024-CR, el cual plantea dos puntos para lo que sería una nueva norma.

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Primero, que solo los funcionarios de escasos recursos puedan acceder a este beneficio de la defensa y asesoría legal, que sea financiada por el Estado. El segundo punto corresponde a que la defensa pública del Ministerio de Justicia asuma los casos de los otros funcionarios que tienen solvencia en caso de que lo soliciten.

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En la actualidad, se otorga dicho beneficio, pero si al culminar el proceso se demuestra responsabilidad del funcionario investigado, este deberá reembolsar el monto que le entregaron para la defensa legal.

No obstante, para la congresista Luque este beneficio debería desaparecer porque los procesos penales duran mucho tiempo, además, no hay pena si el investigado no devuelve el dinero entregado.

“El tema tiene que debatirse, es decir, entender hasta cuándo el Estado puede pagar los gastos en defensa privada sin criterios, sin mayor transparencia y con montos que realmente pueden ser tan grandes en términos de lo que pueda significar una defensa comercialista, porque el investigado es quien elige al abogado”, dijo Luque.

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Beneficio a “dedo”

En entrevista para La República, la parlamentaria Boque Democrático Popular indicó, además, que dicho proceso no es transparente, debido a que hay montos excesivos cada año como es el caso del saliente ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien deja el cargo con un privilegio de 311.000 soles en defensa legal.

“Lo que a mí sí me llama la atención, además de que toda esta información no está publicada nunca en una página del sector, es un poco los márgenes, los criterios. O sea, no entiendo mucho por qué un estudio puede cobrar una cantidad, digamos, 10.000, 12.000 o 40.000 soles, y otra, como en el caso del exministro del Interior más de 310.000 soles. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, no hay criterio y todo se basa a lo que plantea el abogado de la defensa privada”, dijo la congresista.

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En una revisión exhaustiva al proyecto se evidencia que al mismo estilo de Santiváñez, su sucesor Julio Diaz Zulueta, actual ministro del Interior, goza un beneficio de 80.000 soles por la investigación de compras de irregulares en pandemia en el año 2020.

También se registran pagos a favor de los exministros Carlos Basombrío Iglesias y Rubén Vargas Céspedes.