Congreso: proponen condenar a políticos que mientan en campaña electoral hasta con 4 años de cárcel
El congresista Luis Kamiche de Alianza Para el Progreso presentó un proyecto de ley que establece cárcel de hasta cuatro años para candidatos que mientan en elecciones.
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El congresista de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Kamiche Morante, presentó un proyecto de ley ante el Parlamento donde se propone condenar hasta con cuatro años de cárcel a candidatos políticos que mientan durante sus campañas políticas con el fin de manipular los votos de los electores en el contexto de la elecciones generales de 2026.
El Proyecto de Ley N° 10650/2024 establece penas de prisión de entre uno y cuatro años para aquellos candidatos que distorsionen hechos históricos, estadísticos o científicos con el fin de manipular el voto de la ciudadanía. De esta forma, se pretende buscar frenar la desinformación que afecta la confianza del electorado y la gobernanza del país.
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Kamiche considera que este tipo de mentiras afecta la democracia en nuestro país alterando la confianza de la ciudadanía. “Es urgente frenar la propagación de mentiras que afectan la integridad del sistema democrático, alteran la confianza del electorado y perjudican la gobernanza del país”, señaló.
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¿Qué dice el proyecto de ley?
En el artículo 1 del PL se plantea “evitar la normalización de la mentira en la vida política y su impacto negativo en la gobernanza del Perú”. El documento propone incoporar ciertos artículos al Código Penal, con penas específicas para los candidatos que usen mentiras, dañando la imagen de sus contrincantes manipulando la elección de los votante, y no cumplan con sus promesas tras ganar las elecciones.
El artículo 2 introduce una modificación al artículo 356.A del Código Penal, que establece sanciones para los candidatos que distorsionen hechos históricos, estadísticos y científicos dentro de sus campañas. Quienes incumplan esta ley, enfrentarían una pena de prisión entre uno a cuatro años.
También, el artículo 3 sugiere incluir los artículos 376.C y 376.D, que establecen sanciones para los funcionarios públicos que, al desatender las promesas electorales de su plan de gobierno o del plan de trabajo por el cual fueron elegidos o designados, actúen de manera arbitraria y sin justificación. La pena propuesta oscila entre uno y cuatro años de privación de libertad.
El PL ingresó formalmente el 28 de marzo de 2025. Los coautores son los congresistas Eduardo Salhuana Cavides, Nelcy Lidia Ruiz Rodríguez, Magaly Rosmery García Correa, Idelso Manuel Acuña Peralta y María Grimaneza Heidinger Ballesteros. Se espera que este sea debatido en el pleno en las siguientes semanas.
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