Ejecutivo niega a Contraloría pedido de S/542 millones para pagar a 3 mil auditores
Alerta roja. La mandataria Dina Boluarte no ha contestado la solicitud de reunión del contralor César Aguilar para evitar que se reduzcan las acciones de fiscalización de miles de obras públicas.
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El 23 de enero de este año, el contralor general César Aguilar solicitó con carácter de urgencia a la mandataria Dina Boluarte un presupuesto adicional de S/542 millones, destinados a pagar los sueldos de 3.000 servidores, la mayoría auditores de contrataciones y obras públicas.
Sin el mencionado monto de fondos públicos, la Contraloría no podrá renovar a un considerable número de trabajadores especializados en verificar el cumplimiento de la ejecución de contrataciones y la edificación de infraestructuras de uso público, como carreteras, hospitales y colegios.
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Aguilar precisó que más de 3.000 de los empleados, el 69%, están asignados a las Oficinas de Control Institucional (OCI) de 637 entidades públicas, entre ministerios, Gobiernos regionales y alcaldías en todo el país.
Boluarte nunca respondió.
De no aprobarse fondos adicionales, se afectará el control de la ejecución de las obras públicas. Foto: La República
El 6 de febrero, esta vez, el contralor César Aguilar pidió a la jefa de Estado una reunión de trabajo para abordar el problema de presupuesto. Transcurridos 47 días, la mandataria Boluarte no ha contestado ni siquiera para decirle sí o no. No ha respondido, a pesar de que Aguilar le señaló claramente que la Contraloría se encontraba “en una crítica situación”.
Sin los recursos solicitados, no será posible renovar contratos a los 3.000 servidores, quienes laboran bajo un plazo determinado, sujetos a la disponibilidad de fondos públicos. De modo que si no se aprueba la suma adicional, “se debilitaría el control al buen uso de los recursos del Estado”, escribió Aguilar a Boluarte.
Tampoco hubo respuesta de la presidenta.
En una reunión con periodistas este martes, en la que participó La República, el contralor César Aguilar relató que planteó como alternativa un decreto de urgencia para obtener los recursos necesarios. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le dijo que no.
Evaluación. Los auditores verifican las obras en el terreno. Foto: difusión
Tocando puertas
El 14 de agosto de 2024, el contralor se dirigió al entonces titular del MEF, José Arista, indicándole que de no contar con los fondos adicionales, ocurriría una reducción “del personal contratado que desarrolla labores de control concurrente”. Esto es, la fiscalización del cumplimiento de los contratos y de las obras durante el proceso de ejecución de los mismos, incorporando acciones preventivas y acciones correctivas.
El 12 de diciembre, en otro oficio para José Arista, César Aguilar demandó la aplicación de medidas para no perder el personal necesario y así cumplir con las operaciones de control. Y el 18 de diciembre, reiteró otro documento a Arista en el mismo sentido. Sin resultados, hasta que Arista fue sustituido por José Salardi Rodríguez como titular del MEF.
El 27 de febrero de este año, Aguilar propuso a Salardi “un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias destinadas a garantizar los servicios de control a nivel nacional, en el marco de la emergencia por desastres naturales acaecidos por la coyuntura climática, el incremento de la inseguridad ciudadana y la reactivación de obras paralizadas”.
El Ministerio de Economía y Finanzas insistió en que dicha proposición no era viable y que en todo caso la solución sería la emisión de una nueva ley. Pero esta ruta demanda demasiado tiempo, por lo que la Contraloría General de la República ya no podría contar con los más de 5.000 servidores.
Para los trabajadores que se encuentran con plazo determinado, vence en marzo de este año.
La situación crítica que enfrenta la Contraloría se ha presentado en un contexto en el que se requiere de mayores acciones de fiscalización: el destrabe de la construcción de obras públicas, la reconstrucción de las infraestructuras afectadas por las emergencias climáticas y las elecciones generales de 2026. Ante la ausencia de control, florece la corrupción.
Con un personal de 9.000 servidores, el órgano contralor ha conseguido destrabar 137 obras públicas paralizadas. Con la eventual reducción de 3.000 trabajadores, en caso de que no se consiga la ampliación del presupuesto, la reactivación de las construcciones de infraestructuras esenciales sufrirá un duro retroceso.
