Congreso y Gobierno de Dina Boluarte juegan en pared para destituir a fiscal de la Nación, Delia Espinoza
Congreso tiene en sus manos cuatro denuncias constitucionales que serán debatidas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Su único objetivo es inhabilitar a Espinoza por 10 años.
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Juegan en pared. En menos de un mes, el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte de la mano del ministro del Interior, Juan Santiváñez, presentaron cuatro denuncias constitucionales ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), todas con el mismo objetivo: inhabilitar por 10 años de la función pública a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La primera denuncia constitucional fue presentada el último 17 de febrero por Santiváñez en la que se atribuye a la titular del Ministerio Público de, supuestamente, haber cometido dos delitos: revelar información sobre la investigación en desarrollo contra el titular del Mininter por el presunto delito de abuso de autoridad tras los audios con el capitán Junior Izquierdo 'Culebra' y de facilitar datos confidenciales que conozca por la naturaleza de su cargo.
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Días más tarde, el 28 de febrero, llegó la segunda. Kira Alcarraz (Podemos Perú) secundó a Santiváñez y presentó ante el Congreso otra denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por haber investigado a los 11 parlamentarios que impulsaron la ley de "doble sueldo" que beneficiaban a los policías y militares que trabajan en el Legislativo. Alcarraz acusó a Espinoza de los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, así como su inhabilitación por 10 años.
La tercera y la cuarta denuncia constitucional llegaron el último 10 de marzo. Desde la bancada de Renovación Popular se presentó una denuncia constitucional contra la fiscal por los presuntos delitos de cohecho, encubrimiento personal e infracción a la constitución. Además, la agrupación parlamentaria solicitó 10 años de inhabilitación. Los congresistas la acusan de haber archivado una investigación contra el fiscal supremo Pablo Sánchez de manera irregular a cambio de votar por ella para ser elegida como fiscal de la Nación.
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Al mismo tiempo, los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) también fueron a la carga contra Delia Espinoza; sin embargo, Cueto y Azurín fueron denunciados por la fiscal de la Nación por haber recibido doble sueldo mientras ejercían sus cargos como parlamentarios, pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró improcedente la demanda.
Los tres congresistas mencionados atribuyen a Espinoza el haber, presuntamente, desacatado la Ley 32130 —aprobada por ellos mismos— en el que se le otorga a la PNP la dirección de la investigación preliminar de los delitos y piden que sea inhabilitada por 10 años.
¿Por qué el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte denuncian a la fiscal de la Nación?
Desde el Congreso la buscan separar porque hay 24 denuncias constitucionales contra congresistas. Las bancadas que intentan remover a Espinoza del Ministerio Público son Renovación Popular, Fuerza Popular, Honor y Democracia, Somos Perú y Podemos Perú. Además, las denuncias constitucionales están firmadas por congresistas que, en su momento, fueron denunciados por la titular de la Fiscalía por la aprobación del dictamen del PL N° 319-2021, en el que se permitía que congresistas cobren doble remuneración mientras laboraban en el Parlamento.
En tanto, la presidenta afronta 8 investigaciones en su contra, entre las que destaca el caso Cofre por presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, así como las supuestas cirugías en junio del 2023 que, según sostiene la Fiscalía, la jefa de Estado abandonó el cargo y omitió funciones. Por su parte, Santiváñez fue parte de un allanamiento en el marco de las investigaciones por supuesto abuso de autoridad tras la difusión de audios en los que estaría conversando con el capitán Junior Izquierdo 'Culebra'.
En esa lista se encuentran José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú). Aunque varios parlamentarios no firmaron directamente las denuncias contra Delia Espinoza, sus agrupaciones políticas sí lo hicieron debido a que, anteriormente, estuvieron en la mira de la Fiscalía.
La institución dirigida por Delia Espinoza también investiga a la presidenta Boluarte por el presunto delito de encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, en el caso Cofre, así como por abandono de cargo y omisión de funciones tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica en junio del 2023.
