Delia Espinoza: presentan denuncia constitucional en su contra por buscar investigar a congresistas con doble remuneración
Kira Alcarraz argumenta que la fiscal de la Nación habría cometido abuso de autoridad y prevaricato al denunciar a los legisladores que impulsaron la ley que beneficia a policías y militares en retiro.
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La congresista Kira Alcarraz de Podemos Perú presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal de la nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, por haber denunciado a 11 congresistas que impulsaron la ley del 'doble sueldo' a policías y militares en retiro que laboren en el Legislativo y la acusó de abuso de autoridad y prevaricato.
"Así como ser presunta autora de la comisión de los delitos contra la Administración Pública Delito cometido por Funcionarios Públicos, en la modalidad de abuso de autoridad y contra la Administración de Justicia - Delitos contra la Función Jurisdiccional en la modalidad de prevaricato en agravio del Estado", se lee en la denuncia.
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Los parlamentarios beneficiados por esta medida son José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez, todos ellos integraban la Comisión de Defensa.
En el documento, Alcarraz solicita la inhabilitación de Espinoza por un periodo de 10 años y el Congreso deberá evaluar si esta denuncia procede o no.
Fiscal de la Nación denunció a 11 legisladores por ley 'doble sueldo'
El pasado 22 de enero, se conoció por el Ministerio Público que la fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a 11 parlamentarios bajo el argumento de "interesarse indebidamente y directamente en que se apruebe el dictamen" al promover la ley que permitía que policías y militares en retiro que ocupen un lugar en el Legislativo puedan cobrar doble remuneración.
La reforma había sido promovida inicialmente por la legisladora María del Carmen Alva y fue modificada varias veces por la Comisión de Defensa Nacional como eliminar un tope salarial. Debido a esto, la Fiscalía argumentó que estas acciones fueron un agravio al Estado por promover una norma que los beneficiaba personalmente.
