Delia Espinoza: presentan denuncia constitucional en su contra por buscar investigar a congresistas con doble remuneración
Kira Alcarraz argumenta que la fiscal de la Nación habría cometido abuso de autoridad y prevaricato al denunciar a los legisladores que impulsaron la ley que beneficia a policías y militares en retiro.
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La congresista Kira Alcarraz de Podemos Perú presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal de la nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, por haber denunciado a 11 congresistas que impulsaron la ley del 'doble sueldo' a policías y militares en retiro que laboren en el Legislativo y la acusó de abuso de autoridad y prevaricato.
"Así como ser presunta autora de la comisión de los delitos contra la Administración Pública Delito cometido por Funcionarios Públicos, en la modalidad de abuso de autoridad y contra la Administración de Justicia - Delitos contra la Función Jurisdiccional en la modalidad de prevaricato en agravio del Estado", se lee en la denuncia.
Los parlamentarios beneficiados por esta medida son José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez, todos ellos integraban la Comisión de Defensa.
En el documento, Alcarraz solicita la inhabilitación de Espinoza por un periodo de 10 años y el Congreso deberá evaluar si esta denuncia procede o no.
Fiscal de la Nación denunció a 11 legisladores por ley 'doble sueldo'
El pasado 22 de enero, se conoció por el Ministerio Público que la fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a 11 parlamentarios bajo el argumento de "interesarse indebidamente y directamente en que se apruebe el dictamen" al promover la ley que permitía que policías y militares en retiro que ocupen un lugar en el Legislativo puedan cobrar doble remuneración.
La reforma había sido promovida inicialmente por la legisladora María del Carmen Alva y fue modificada varias veces por la Comisión de Defensa Nacional como eliminar un tope salarial. Debido a esto, la Fiscalía argumentó que estas acciones fueron un agravio al Estado por promover una norma que los beneficiaba personalmente.
