Congresistas arremeten contra la fiscal de la Nación: presentaron denuncia constitucional contra Delia Espinoza

El congresista fujimorista, Fernando Rospigliosi, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunto desacato a la Ley 32130. La denuncia fue respaldada por los legisladores José Cueto, de Honor y Democracia, y Alfredo Azurín, de Somos Perú. Según el parlamentario de Fuerza Popular, Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos habrían incumplido con la norma promovida desde el Congreso, la cual otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de dirigir la investigación preliminar de los delitos.

El parlamentario señaló que la fiscal no solo manifestó su oposición a la ley, sino que, junto con la Junta de Fiscales Supremos, habría emitido un reglamento que contradice lo establecido por el Congreso. "Hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la nación y toda la Junta de Fiscales Supremos", acotó Rospigliosi, quien advirtió también que una de las sanciones posibles contra Espinoza sería la inhabilitación.

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Renovación Popular presenta otra denuncia constitucional contra fiscal de la Nación

Asimismo, la bancada de Renovación Popular presentó otra denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunta infracción a la Constitución y los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal. Los congresistas acusan a Espinoza de haber archivado irregularmente una investigación contra el exfiscal Pablo Sánchez Velarde, presuntamente a cambio de su voto para su elección como fiscal de la Nación. La denuncia solicita su inhabilitación por 10 años y será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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Congresistas denunciados por Delia Espinoza muestran su molestia

Uno de los congresistas denunciados constitucionalmente por la fiscal de la Nación fue Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, quien se pronunció tras el archivo de la denuncia en su contra y otros 10 legisladores en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) el pasado 7 de marzo. En declaraciones a la prensa, Montoya afirmó que el caso fue analizado por "personas imparciales y por expertos" que determinaron que la denuncia no tenía sustento.

Asimismo, criticó duramente a Delia Espinoza, calificándola como una "persona descalificada moralmente para el puesto" y sugirió que debería dejar el cargo. "La fiscal de la Nación no entiendo qué criterio emplea para actuar así. Está en su lucha de poderes y cree que puede jugar con los congresistas", expresó Montoya.

Por su parte, el congresista José Cueto, también de Honor y Democracia e incluido en el caso, defendió la postura del Congreso en relación con el archivamiento de la denuncia constitucional presentada por la fiscal. Cueto sostuvo que la SAC actuó según el artículo 93 de la Constitución, el cual indica que los congresistas no pueden ser procesados por sus opiniones y votos.

Otro de los congresistas denunciados, Roberto Chiabra (APP), manifestó su sorpresa ante las declaraciones de la fiscal sobre el caso. En declaraciones a la prensa, aclaró que la ley en cuestión no beneficiaba solo a cinco congresistas, sino a todos los oficiales en retiro.No obstante, rechazó que la denuncia constitucional contra Espinoza se trate de una "venganza" del Congreso contra la Fiscalía. "No se debe actuar bajo una lógica de ojo por ojo", afirmó.

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¿De qué trata el caso?

El pasado 7 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró improcedente la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra 11 congresistas por presunto delito de negociación incompatible. Según la Fiscalía, los legisladores habrían influido indebidamente en la aprobación del proyecto de ley 319-2021, lo que les permitió recibir simultáneamente sueldo y pensión del Estado.

Sin embargo, la SAC concluyó que "no se puede penalizar el ejercicio de la función legislativa cuando está acorde con la Constitución", y que sancionar a los congresistas por aprobar una ley disminuiría sus derechos. De esta manera, la denuncia fue archivada, cerrando la posibilidad de una investigación contra los legisladores implicados.