Senadores estadounidenses alertan sobre proyecto de ley que restringe el trabajo de las ONG en el Perú

Los senadores Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado hoy viernes 6 de diciembre expresando su preocupación por el impacto que podría tener en la democracia peruana el proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 27692, reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En el comunicado, los senadores señalaron que las propuestas legislativas incluyen disposiciones que podrían limitar severamente la labor de las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de cooperación internacional. Estas medidas, afirmaron, “traicionarían las tradiciones democráticas de larga data del Perú” y podrían socavar valores fundamentales compartidos entre ambos países.

“El lenguaje amplio y vago de estos proyectos de ley corre el riesgo de enfriar la libertad de expresión y socavar la democracia”, declararon. Asimismo, advirtieron que la aprobación de estas medidas, junto con recientes iniciativas del Congreso peruano que limitan la rendición de cuentas en casos de derechos humanos y debilitan instituciones independientes, podría poner en peligro la relación estratégica entre Estados Unidos y Perú.

La preocupación de Washington

Ambos senadores subrayaron que la libertad de asociación y expresión son pilares esenciales de cualquier democracia. En su mensaje, instaron al Congreso peruano a detener las iniciativas que debilitan la sociedad civil, enfatizando que los derechos humanos y la lucha contra la corrupción deben seguir siendo prioritarios en las relaciones bilaterales.

Reacciones internacionales y nacionales

El comunicado de los senadores estadounidenses se suma a la preocupación manifestada por los relatores especiales de las Naciones Unidas, quienes el pasado 19 de junio advirtieron que las reformas propuestas podrían interferir en el funcionamiento interno de las ONG y dificultar el acceso a financiamiento internacional. En particular, resaltaron que obligar a las organizaciones a registrar sus actividades y divulgar información sensible va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

A nivel local, el predictamen enviado por el Congreso incluye medidas que algunos expertos consideran inconstitucionales, como la cancelación de la inscripción de las ONG por infracciones graves. El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado contra una iniciativa similar, declarando que violaba derechos fundamentales.

Postura de la embajada estadounidense

La embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, también expresó su preocupación sobre este tema. En declaraciones pasadas durante la primera arremetida del Congreso peruano contra la sociedad civil, destacó la importancia de las ONG en el fortalecimiento de la democracia y advirtió que estas medidas podrían afectar negativamente la cooperación internacional y el clima de inversión en el Perú. En esa oportunidad, los parlamentarios retrocedieron y PL no fue votado.

“En cualquier democracia, necesitamos una sociedad civil fuerte para garantizar su funcionamiento”, afirmó la embajadora en una entrevista en RPP, añadiendo que más de 60 millones de dólares anuales del presupuesto de USAID están destinados a trabajar con organizaciones locales.

El predictamen enviado por el Congreso incluye medidas que expertos consideran inconstitucionales, como la cancelación de la inscripción de las ONG por infracciones graves. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado contra una iniciativa similar, declarando que violaba derechos fundamentales.