Los jueces sin rostro, la propuesta de los 90 que impulsa el fujimorismo: ¿medida efectiva o retroceso democrático?
Desde inconstitucional, inviable y hasta cínica, especialistas rechazaron la propuesta fujimorista y alertaron sobre los riesgos de repetir errores del pasado en la lucha actual contra el crimen organizado.
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Para la congresista fujimorista Patricia Juárez, la solución ante la ola de criminalidad que afronta el país es el retorno de los jueces sin rostro. Esta figura, que fue creada en los años noventa durante la gestión del exdictador Alberto Fujimori, fracasó tras cuestionarse su transparencia y garantías en los procesos judiciales. Siendo declarada no solo inconstitucional por el Tribunal Constitucional peruano, sino por diferentes organizaciones internacionales que rechazaron su implementación en el país.
“Nosotros tenemos que dar soluciones radicales a problemas radicales como los que estamos teniendo en este momento”, argumentó la parlamentaria de Fuerza Popular tras anunciar el proyecto que se encuentra elaborando. Para Juárez, existen muchos problemas con los operadores de justicia (jueces y fiscales) que no tienen mano dura para sancionar los casos de criminalidad por temor a represalias.
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Pero, ¿qué tan viable es la medida? La República contactó con especialistas que analizaron la propuesta fujimorista y comentaron sobre las implicaciones que pueden traer esta medida contra el crimen organizado.
Ernesto De La Jara: "Estamos ante un Congreso que hace lo que le da la gana"
"Reinstaurar a los jueces sin rostro nos llevaría a repetir los errores del pasado. Generaríamos un problema de legitimidad, aumentaríamos la posibilidad de encarcelar a inocentes y nos enfrentaríamos a nuevos cuestionamientos internacionales", expresó Ernesto De La Jara, fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien advirtió que una medida como esta es solo una actitud cínica que un Congreso que es acusado por diversos sectores, incluso por la misma OCDE, de emitir leyes a favor del crimen organizado.
"Estamos ante un Congreso que hace lo que le da la gana, que controla el Tribunal Constitucional, que controla la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo. Entonces, que no nos engañen, es cinismo puro. Lo primero que había que hacer es derogar todas las normas que todo el mundo dice que favorecen el crimen organizado, que comiencen por ahí antes de pensar en jueces sin rostro", agregó.
De la Jara enfatizó que, al aplicar una medida como esta, no es posible verificar la independencia de un juez cuando su identidad es desconocida y que justamente fue esta falta de transparencia la que abrió la puerta a condenas sin pruebas suficientes y ocasionó que miles de inocentes en los noventa fueran encarcelados injustamente. "El mismo Fujimori tuvo que indultar a más de 500 personas durante tres años debido a la presión nacional e internacional por los errores de estos tribunales", puntualizó.
"El tema de la seguridad siempre ha sido el pretexto para violar todas las normas, pero hay que exigirle al Congreso que sí le dé protección a los jueces y a los fiscales que combaten el crimen organizado y a la policía (como la DIVIAC), porque no lo están haciendo", concluyó.
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David Velasco: "La reinstauración de los jueces sin rostro no es una solución viable ni constitucional"
Desde una perspectiva legal, David Velasco, abogado y director de la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), sostuvo que la propuesta es incompatible con la Constitución peruana, específicamente con los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso establecidos en el artículo 139. "El sistema interamericano de derechos humanos ya sentó un precedente al anular juicios llevados a cabo por jueces sin rostro, ya que estas instancias no respetaban los estándares mínimos de imparcialidad", explicó.
Para el abogado, la figura de los jueces sin rostro, en una coyuntura como la que afronta el país, solo va a generar un efecto adverso. Pues, si los procesos se cumplen con las garantías mínimas, se corre el riesgo de que los condenados puedan apelar a instancias internacionales. Esto solo generaría la anulación de sentencias y la liberación de los culpables, un hecho que solo terminaría beneficiando a los acusados.
Asimismo, explicó un punto que también podría complicar el proceso judicial contra los investigados y que, lamentablemente, tiene que ver con la realidad del sistema de justicia en el país. "El derecho a conocer la identidad de un magistrado no es solo una cuestión formal, sino esencial para garantizar la transparencia del proceso judicial. Por ejemplo, ¿cómo puede un juez cuestionado como miembro de los 'Cuellos Blancos' seguir impartiendo justicia en casos de corrupción? Esto demuestra la importancia de conocer quiénes son los responsables de emitir sentencias", acotó el especialista.
Finalmente, para Velasco, la solución está en fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, como la Fiscalía y la Policía Nacional, y en implementar medidas de protección adecuadas para jueces y fiscales. "El problema no se resuelve con medidas inconstitucionales (como los jueces sin rostro), sino con un sistema judicial sólido y con voluntad política para enfrentar al crimen organizado", apuntó.
Gloria Cano: "La labor entorpecedora del Congreso y Ejecutivo termina favoreciendo la criminalidad"
El problema no son los jueces, sino la falta de inteligencia para combatir la criminalidad, y la labor entorpecedora del Congreso y Ejecutivo que termina favoreciendo la criminalidad.
Los jueces, sin rostro o con rostro, no pueden hacer nada con una legislación como la impuesta por el Congreso. Los procesos penales no pueden llevarse a cabo con una figura desfasada y violatoria como la justicia sin rostro. La solución es combatir con inteligencia, pero parece que no quieren por una posible cercanía de los políticos del Congreso y del Ejecutivo con las economías ilegales que generan criminalidad.
Los jueces sin rostro fue una medida adoptada por el fujimorismo en los 90 y de la que Alberto Fujimori tuvo que dar mar-cha atrás, no solo porque atentaba contra el debido proceso, sino porque llevó a centenares de personas inocentes a prisión. Fujimori encargó al defensor del Pueblo una comisión ad hoc para revisar los fallos, y nombró al padre Hubert Lanssiers como su representante. A través de esta comisión, se reconocieron las irregularidades y fallos errados de muchas personas. Además, el Tribunal Constitucional señaló que eran necesarios nuevos juicios para todos los que fueron sometidos a este tipo de tribunales.
Se quiere repetir la historia de abuso para no reconocer las medidas dictadas que favorecen al crimen.
Juan José Quispe: "El Congreso tiene que cambiar su forma de presentar los proyectos de ley"
Definitivamente, sería volver al pasado. Es retornar a un sistema cuyos tribunales no garantizan los derechos fundamentales de personas. Pero, ¿qué nos dijo en la práctica esta medida cuando fue implementada? Primero, que se mandaron indebidamente a muchos procesados a prisión. Segundo, que el Estado peruano, a través del propio gobierno de Fujimori, entendió que cometió errores con el tema de los jueces sin rostro.
Entonces, yo creo que volver a esa situación es una grave transgresión a los derechos fundamentales de las personas. Estamos viendo que el mensaje político es un doble mensaje que no ayuda a la lucha contra la criminalidad.
El Congreso tiene que cambiar su forma de presentar los proyectos de ley. Una solución sería convocar a la Fiscalía, al Poder Judicial. Es a ellos a quienes el Congreso tiene que convocar. Y a un ministro que no sea el señor Santiváñez, porque él ha demostrado que no tiene calidad moral, ni ética, ni es capaz en sus funciones.
La solución sería retornar a la detención preliminar, retornar a la ley de crimen organizado 30077 en todos sus extremos. Y que los operativos que haga la Policía sean realizados con participación del Ministerio Público, para que estos no lleguen a un mal juicio oral que termine beneficiando a los criminales.
Porque, ¿qué nos está faltando? Las leyes ya están dadas. Pero lo que se necesita es modificar las leyes que el Congreso ha cambiado para favorecer a las organizaciones criminales de cuello y corbata, pero que, finalmente, terminan favoreciendo a todas las organizaciones criminales que están azotando en estos momentos al país.
