Colegio de Abogados de Lima denuncia amenazas del Gobierno de Dina Boluarte tras reunión con CIDH

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) acusó al Gobierno de Dina Boluarte de haber intentado silenciar y amenazar a su Junta Directiva después de llevar a cabo una reunión virtual con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, ha intentado amordazar y amedrentar a miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima", señala el comunicado emitido por la institución.

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Según la denuncia, después de dicha reunión, celebrada el pasado 26 de diciembre de 2024, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia presentó una demanda contra el decano del CAL y otros directivos, bajo el argumento de que la reunión no contaba con la autorización de la Asamblea General.

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Durante el encuentro con la CIDH, el decano y los directivos del CAL expresaron críticas hacia la aprobación de normas inconstitucionales que no han sido observadas por el Ejecutivo. Entre ellas, se mencionaron las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado y otros proyectos legislativos, como el que busca retirar al Perú de la jurisdicción de la CIDH.

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Es por ello que el CAL sostiene que las acciones del Ministerio de Justicia atentan contra principios fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a difundir ideas y las facultades legales y estatutarias de los colegios profesionales. Asimismo, lamentó que la presidenta Dina Boluarte, siendo abogada y exdirectiva de la entidad, "desconozca las normas estatutarias e incurra a través de órganos del Poder Ejecutivo en amordazar y vulnerar la dignidad de colegas que ejercen su derecho constitucional de libertad de opinión y expresión ante lo que acontece en el país".

Decano del Colegio de Abogados de Lima se pronuncia

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, se pronunció sobre la demanda que recibieron de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia tras la reunión que sostuvo con la CIDH y otros directivos e indicó que una de las razones por las cuales recibieron esta notificación fue por no contar con el permiso de la Asamblea General.

"La denuncia en nuestra contra señala que no hemos pedido permiso a la Asamblea para hablar con la CIDH y, dos, que hemos faltado a la verdad, puesto que hemos dicho que falta institucionalidad en el país por cuanto el Congreso y el Ejecutivo están generando un conjunto de leyes y que afectan la marcha democrática del país. Se afecta al Poder Judicial, al Ministerio Público, se han dado leyes que afectan a la adolescencia, que benefician el crimen organizado a la cual se han acogido varios políticos y, eventualmente, gente vinculada a la corrupción", expresó.

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Asimismo, Canelo comentó que dicha demanda se trata "de una política de amedrentarnos y atentar contra derechos que tenemos cualquier ciudadano". Asimismo, calificó el actuar del Gobierno como un "despropósito".

"Todo esto fue un conversatorio y dicen que hemos faltado a la verdad. Se trata de, evidentemente, de una política de amedrentarnos y atentar contra derechos que tenemos cualquier ciudadano: opinión, libertad de pensamiento, de expresión y reunión. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso no significa que nos denuncie, da lástima esta situación porque afecta la imagen del propio Gobierno, es un despropósito, no se dan cuenta de lo que hacen, es una suerte de práctica de 'dictadorcillos'", lamentó.