Poder Judicial pide a la fiscalía concluir la investigación y pronunciarse sobre los arbitrajes de Odebrecht
El plazo de la investigación concluyó el 22 de noviembre de 2024, por lo que el juez Jorge Chávez Tamariz solicitó que se concluya con archivar el caso o formular la acusación correspondiente.
Más de un mes después de concluir el plazo de la investigación, el juez Jorge Chávez Tamariz dispuso que el Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato dé por concluida las investigaciones del caso de los arbitrajes favorables a Odebrecht y se pronuncie sobre el fondo: de no haber encontrado nada archive el proceso o proceda a formule la acusación respectiva, trascendió en medios judiciales.
De acuerdo con fuentes de La República, el plazo de la investigación concluyó el 22 de noviembre de 2024. Los investigados y sus abogados habían venido reclamando al juez que realice un control de plazo, entendiendo que la fiscalía había dicho desde el 2019 que ya tenía todas las pruebas.
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"Esta demora del juez en pronunciarse le regala 37 días a la fiscalía, lo que no cautela los derechos de los procesados", opinó el abogado Humberto Abanto Verástegui, también incluido en ese caso.
Fuentes judiciales precisaron que dado que el plazo de la investigación ya concluyó, no puede haber control de plazo, el juez solo está precisando que debe proceda a emitir y notificar la disposición de conclusión. Además, precisaron que si bien el plazo legal para emitir la disposición es de 30 días, al tratarse de un caso complejo y con un alto número de investigados, es probable que la fiscalía requiera más tiempo.
"Desde abril de 2018 hasta hoy han transcurrido 80 meses de investigación en mi caso. En el camino, prisión preventiva, inhabilitación provisional, impedimento de salida, medidas restrictivas de la libertad. Un olímpico desprecio por los derechos de la persona investigada. Uno no es sujeto de una investigación, es objeto de ella. Esto tiene que cambiar", explicó.
En base a la declaración del colaborador eficaz N° 508-2019 y los exfuncionarios de la constructora brasileña, Fernando Llanos y Ronny Loor Campoverde, el 2017, el Equipo Especial Lava Jato inició una investigación a un grupo de 16 árbitros legales por supuestamente haber solicitado y recibido sobornos de Odebrecht de forma indirecta, es decir, al cobrar un elevado honorario arbitral o vía "bonos de éxito".
La mayoría de abogados involucrados niegan haber recibido de forma directa o indirecta pagos ilícitos por los arbitrajes. Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, declaró ante la fiscalía que no hay registro de pagos ilícitos a árbitros en los archivos del sector de operaciones estructuradas.
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En octubre de 2019, el fiscal German Juárez llegó a solicitar prisión preventiva para 16 árbitros al considerar que tenía fundados "elementos de convicción" que daban la certeza al 99.9% de una sentencia condenatoria. Por eso, los abogados se quejan que transcurridos siete años, con prisiones preventivas, inhabilitaciones, impedimentos de salida del país y otras medidas restrictivas, la fiscalía todavía requiera más tiempo para emitir su conclusión.
