Procuraduría supera los S/ 300 millones en reparaciones civiles a favor del Estado por caso Lava Jato
Entre noviembre y diciembre, el Estado recibió más de S/ 60 millones de Odebrecht, Aenza y Cosapi bajo acuerdos de colaboración eficaz aprobados por el Poder Judicial.
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La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que la recaudación total por concepto de reparación civil en el proceso de corrupción ya superó los S/ 300 millones. Esta cifra corresponde a los pagos realizados por las empresas Odebrecht, Aenza y Cosapi en cumplimiento de los acuerdos de colaboración eficaz establecidos con el Poder Judicial.
Según lo señalado por la entidad pública, entre los meses de noviembre y diciembre, el Estado recibió un total de más de S/ 60 millones correspondientes a las cuotas de las empresas Odebrecht, Aenza y Cosapi. Las transferencias fueron realizadas en el marco de sus respectivos acuerdos de colaboración eficaz aprobados por el Poder Judicial.
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Los pagos de Odebrecht, Aenza y Cosapi
La empresa Aenza efectuó dos transferencias, una el 28 de noviembre y otra el 3 de diciembre, sumando aproximadamente S/ 26 millones. Este pago corresponde a la segunda cuota de reparación civil establecida en su acuerdo de colaboración eficaz. Por su parte, el 5 de diciembre, la empresa Cosapi realizó un pago de S/ 13.4 millones, correspondiente a la cuota inicial de su convenio de colaboración eficaz.
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Finalmente, el 10 de diciembre, la empresa Odebrecht abonó la suma de S/ 22 millones, correspondiente a la sexta cuota de su reparación civil, acordada por la justicia para un total de 4 proyectos. Con este pago, Odebrecht ha abonado hasta la fecha un total de S/ 190 millones en reparación civil a favor del Estado.
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Desde la Procuraduría se destacó que los montos de reparación civil impuestos a Odebrecht (S/ 610 millones más intereses legales), Aenza (S/ 480 millones, incluidos intereses legales) y Cosapi (S/ 83 millones más intereses legales) fueron calculados de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley N° 30737 y su Reglamento.
Todos los pagos realizados han sido ingresados a las cuentas de la Procuraduría General del Estado (PGE) y, conforme a la legislación vigente, estos fondos tienen la calidad de ser destinados al Tesoro Público.
