Procuraduría supera los S/ 300 millones en reparaciones civiles a favor del Estado por caso Lava Jato
Entre noviembre y diciembre, el Estado recibió más de S/ 60 millones de Odebrecht, Aenza y Cosapi bajo acuerdos de colaboración eficaz aprobados por el Poder Judicial.
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que la recaudación total por concepto de reparación civil en el proceso de corrupción ya superó los S/ 300 millones. Esta cifra corresponde a los pagos realizados por las empresas Odebrecht, Aenza y Cosapi en cumplimiento de los acuerdos de colaboración eficaz establecidos con el Poder Judicial.
Según lo señalado por la entidad pública, entre los meses de noviembre y diciembre, el Estado recibió un total de más de S/ 60 millones correspondientes a las cuotas de las empresas Odebrecht, Aenza y Cosapi. Las transferencias fueron realizadas en el marco de sus respectivos acuerdos de colaboración eficaz aprobados por el Poder Judicial.
Los pagos de Odebrecht, Aenza y Cosapi
La empresa Aenza efectuó dos transferencias, una el 28 de noviembre y otra el 3 de diciembre, sumando aproximadamente S/ 26 millones. Este pago corresponde a la segunda cuota de reparación civil establecida en su acuerdo de colaboración eficaz. Por su parte, el 5 de diciembre, la empresa Cosapi realizó un pago de S/ 13.4 millones, correspondiente a la cuota inicial de su convenio de colaboración eficaz.
Finalmente, el 10 de diciembre, la empresa Odebrecht abonó la suma de S/ 22 millones, correspondiente a la sexta cuota de su reparación civil, acordada por la justicia para un total de 4 proyectos. Con este pago, Odebrecht ha abonado hasta la fecha un total de S/ 190 millones en reparación civil a favor del Estado.
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Desde la Procuraduría se destacó que los montos de reparación civil impuestos a Odebrecht (S/ 610 millones más intereses legales), Aenza (S/ 480 millones, incluidos intereses legales) y Cosapi (S/ 83 millones más intereses legales) fueron calculados de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley N° 30737 y su Reglamento.
Todos los pagos realizados han sido ingresados a las cuentas de la Procuraduría General del Estado (PGE) y, conforme a la legislación vigente, estos fondos tienen la calidad de ser destinados al Tesoro Público.
