Política

Mirtha Vásquez sobre almacenamiento en cámaras de seguridad: "A mí no se me reportó problemas de capacidad"

La expresidenta del Congreso manifestó que, durante su gestión, solicitó videos de la cámara de seguridad del Parlamento sin ningún inconveniente.

Mirtha Vásquez cuestionó la gestión de Eduardo Salhuana por la presunta red de prostitución del Congreso. Foto: composición LR.
Mirtha Vásquez cuestionó la gestión de Eduardo Salhuana por la presunta red de prostitución del Congreso. Foto: composición LR.

Mirtha Vásquez afirmó —en una entrevista con La República— que el actual Congreso no refleja en absoluto los intereses de la ciudadanía, sino que responde a intereses particulares y de grupos corruptos y criminales. También se refirió a la supuesta red de prostitución y rechazó la explicación del Parlamento, que argumenta que no puede proporcionar los videos de Jorge Torres Saravia debido a limitaciones en su capacidad de almacenamiento. Según indicó, durante su gestión nunca se le informaron problemas de capacidad de almacenamiento cuando solicitaba material relacionado con incidentes.

Al cierre de este año, el Congreso sigue con iniciativas cuestionadas. Se aprobó la ley para que los abogados de los partidos sean pagados con recursos, ¿cómo evalúa esta medida?

Si algo ha caracterizado este año es la actuación nefasta del Congreso, que ha terminado por minar el concepto de democracia representativa, que debiera ser el sentido de un Parlamento. Si algo le queda claro al ciudadano es que este Congreso no representa de ningún modo los intereses de los ciudadanos, sino intereses particulares de grupos corruptos y criminales. El Congreso, hoy más que nunca, evidencia esa cultura prebendaria que se ha ido afianzando progresivamente. El congresista no se ve como un funcionario público, sino que ve su posición en la lógica de un privilegio que lo hace asumir legítimo, su accionar aprovechador, lucrativo y a favor de aquello que le interesa personalmente.

También se aprobó la restitución del financiamiento privado a los partidos políticos ¿Considera absurda la medida cuando hay varios expresidentes acusados por fondos de campaña?

Una de las apuestas de este Congreso, en cuya composición priman representantes de partidos políticos involucrados en escándalos de corrupción por haber financiado sus campañas con fondos de privados, es justamente lograr la impunidad. Por ello, esta ley no solo es un grave retroceso a lo que se había avanzado en la reforma política, porque se prohibió este tipo de financiamiento por ser fuente de corrupción —los funcionarios que llegaban al poder tenían que devolver el “apoyo económico” a los privados mediante puestos, obras o privilegios similares—, sino que representa el salvavidas legal de aquellos que están procesados judicialmente.

En medio de estas cuestionadas iniciativas sale a la luz el escándalo de la presunta red de prostitución ¿conocía a Jorge Torres Saravia?

No, jamás conocí a este personaje, pero ahora que ha salido a la luz su historia, se evidencia que ha sido asesor principal del excongresista Luis Valdez en el periodo 2020-2021, en la época en que también fui congresista y presidí el Parlamento. Imagino que cuando yo llegué a la presidencia, él ya estaba como asesor. Por desgracia, ahí hay un problema de fondo que tiene que ver con la contratación de personal. Los asesores de despacho son designados únicamente por los propios parlamentarios; el único filtro es la oficina de Recursos Humanos, que apenas tiene el mandato de verificar que cumplan requisitos formales.

¿Qué se debe aplicar para evitar estas irregularidades?

De ahí la necesidad no solo de implementar otros mecanismos de contratación de personal, volver al Estatuto Parlamentario o aplicar el régimen SERVIR para colocar a profesionales de carrera. De igual forma, se hace necesario limitar la contratación de personal de confianza y establecer procedimientos para evitar que mucha de esta gente pase sin mayor control a formar parte de puestos parlamentarios estratégicos (...) Como este señor Torres Saravia, que de llegar como asesor de un congresista ha terminado sin mayor mérito en un cargo estratégico de dirección del parlamento. Además, hacen falta sistemas de control sobre los trabajadores, pues muchas veces no solo tienen antecedentes, sino que adentro generan procesos que lindan no solo con la ética, sino hasta con la delincuencia, como en este caso.

El Congreso se excusa en su poca capacidad de almacenamiento en cámaras de vigilancia para no entregar grabaciones en caso Torres Saravia ¿la alertaron de esa irregularidad durante su gestión?

En mi gestión hubo algunos problemas de incidentes en las instalaciones del Congreso, no serio, pero, para efectos de verificación, se recurría a los archivos de los videos de las cámaras de videovigilancia. En ese entonces, a mí no se me reportaron problemas de capacidad de almacenamiento; al menos, las veces que yo solicité dichas grabaciones se me otorgaron sin problemas. (...) Bueno, yo recuerdo que a mí me han entregado incluso videos de más de 15 días atrás. No sé si para entonces había otro sistema de almacenamiento. En todo caso, si el Congreso detecta un problema de esta naturaleza, su prioridad para invertir recursos, que ahora son millonarios, debiera ser un aspecto como este: no solo para asegurar que cada hecho que sucede en el parlamento es controlado y queda registrado para efectos probatorios, sino para cumplir estándares mínimos de transparencia.

Siguen pasando los días y en el Congreso no se explica a detalle las modalidades de contratación menos sobre la presunta red de prostitución ¿Hay encubrimiento?

En el Congreso se tenía un instrumento muy importante que definía las modalidades de contratación de personal, requisitos y funciones de los puestos laborales, que era el Estatuto Parlamentario. Por desgracia, durante la presidencia de Luis Galarreta, se suspendió la aplicación de este instrumento y se creó un sistema paralelo para incorporar personal. Desde entonces, existe no solo un desorden en este aspecto; los requisitos que se exigen son sumamente flexibles, pero, además, provoca un escenario propicio para usar los puestos y cargos parlamentarios en la lógica del clientelismo político, es decir, para pagar favores o beneficiar a gente cercana a los parlamentarios.

Mencionaste que había un cuarto en la presidencia del Congreso. ¿Sabes si había más cuartos en otras oficinas?

En el momento en que llegué a la presidencia del Congreso, me llamó la atención que existieran espacios “privados” en el parlamento, como esta suerte de pequeño apartamento. No me consta que en otras oficinas del Congreso exista lo mismo. En todo caso, creo que en todas las oficinas de la administración pública debieran transparentarse la existencia de estos espacios y regular su uso, si por alguna razón son necesarios. Ello evitaría usos arbitrarios de estos lugares y la realización de cualquier acto indebido.

Un sector del Congreso evalúa la censura de Eduardo Salhuana ¿cree que debe continuar en el cargo?

Algo que preocupa y debería llamar la atención del propio Parlamento es la escasa o nula reacción de la Mesa Directiva frente a un escándalo como este. Aparte de sacar del puesto a Torres Saravia, medida que es ínfima en relación con tamaña denuncia, lo que vemos es una Mesa Directiva bastante despreocupada por el tema; un presidente reaccionando de manera poco contundente, casi ignorando la complejidad del asunto y sin ninguna decisión o medida para investigar un tema tan escabroso que deja al parlamento con una imagen deplorable. Ello debería merecer una censura de parte de sus colegas. Ahora, cambiar de caras sin hacer reformas profundas como las que necesita este parlamento siempre será insuficiente.

Este cogobierno entre el Congreso y el Ejecutivo está haciendo mucho daño al país. ¿Qué se viene para 2025 si seguimos así?

Tenemos un Congreso sin frenos que, por desgracia, ha ido consolidando su poder a través de la reforma constitucional y la modificación de varias normas legales. Por desgracia, este Congreso ha afectado el balance de poderes y se ha irrogado casi un poder absoluto que ni el Ejecutivo ni el Judicial pueden o quieren controlar; las principales instituciones de garantía están capturadas: Tribunal Constitucional, Defensoría, Contraloría. Este año, con la Junta Nacional de Justicia, también tendrán control sobre el sistema de justicia y los organismos electorales. Por desgracia, si desde la ciudadanía no logramos conformar un bloque democrático, capaz de oponerse contundentemente y hacerle frente a las arbitrariedades y abusos del Congreso y el Ejecutivo, todo parece indicar que en 2025 esta coalición abyecta, autoritaria, antiderechos e involucrada con la corrupción seguirá pulverizando la democracia, atropellando la institucionalidad, empinándose sobre su impunidad y marcando un camino firme para seguir en el poder los próximos años.