Política

Reforma constitucional que busca que condenados no ocupen cargos públicos deja fuera el delito violación sexual

La Comisión de Constitución aprobó el texto sustitutorio del proyecto que solo incluye los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín.

Comisión de Constitución aprobó el dictamen con 17 votos a favor. Foro: Congreso
Comisión de Constitución aprobó el dictamen con 17 votos a favor. Foro: Congreso

La reforma constitucional que busca que los sentenciados por delitos graves no postulen a las elecciones generales y otros cargos públicos avanza en el Congreso. Con 17 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó un texto sustitutorio y, el proyecto, listo para ser visto en el Pleno. Sin embargo, la iniciativa parece estar hecha a medida de las bancadas, pues excluye varios delitos como violación sexual, lavado de activos y corrupción.

La propuesta, sustentada por Fernando Rospigliosi, presidente de la referida Comisión, contiene 20 proyectos de ley y plantea limitar “la participación política a quienes hayan sido sancionados por delitos graves que atenten contra el orden constitucional y el sistema democrático”. También aleja de los cargos de elección popular a los autores de “delitos pluriofensivos que socaban las bases democráticas”, como el trafico ilícito de drogas y el terrorismo.

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En un inicio, el dictamen planteada prohibir la postulación a cargos públicos a los sentenciados por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, y contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

Sin embargo, esto habría sido ajustado a intereses particulares. El texto presentado en febrero de este año ante el Pleno, solo comprendía los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín. Esto provocó que el proyecto pase a un cuarto intermedio y regrese a la Comisión de Constitución, grupo que, finalmente, aprobó el dictamen.

En esa oportunidad, la congresista Flor Pablo se pronunció al respecto. Según Pablo, el debate se ha centrado en proteger a figuras específicas asociadas a distintos sectores políticos. También mencionó que delitos como terrorismo y motín, fueron incluidos en las modificaciones, mientras que delitos como secuestro y corrupción de funcionarios, relacionados, por ejemplo, con Alberto Fujimori, fueron excluidos. Esta selectividad, según la parlamentaria, evidencia una protección de intereses particulares y no una búsqueda de idoneidad en los candidatos políticos.

"Cada uno tiene a su delincuente. Ayer ha sido clarísimo. Han puesto todos los delitos asociados a Antauro, pero no han puesto secuestro o corrupción de funcionarios porque allí limitaría la participación de Fujimori y de otros personajes de ese sector. Cada uno está cuidando a sus sentenciados y no se logra llegar a un proyecto de ley que busca la idoneidad para la política", manifestó.

Asimismo, mencionó a algunos parlamentarios cuestionados. "Mira tenemos al congresista Díaz que está ahorita procesado por un tema de violación a una trabajadora del Congreso, si no ponemos un resguardo ahí, él podría volver a postular así fuese así estuviese sentenciado, ¿por qué?, porque la norma lo permitiría", indicó.

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