El Gobierno y el Congreso apelan al efectismo con el “terrorismo urbano”
En menos de una semana se han presentado en el Legislativo cuatro proyectos para incorporar esta figura. Se le suma la iniciativa del Ejecutivo que va en la misma línea y que, aparte, propone que militares y policías denunciados durante estados de emergencia sean investigados en el fuero militar y policial.
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La crisis de inseguridad ciudadana tiene distintas variables a considerar. Una de ellas, el papel del Congreso con la Ley 32108 la cual distintos expertos han advertido que favorece a las organizaciones criminales. En vez de derogarla, los congresistas han optado por presentar en la última semana cuatro proyectos para incorporar la figura del terrorismo urbano. Tres pertenecen a parlamentarios de Fuerza Popular y uno a Renovación Popular.
Ahora el Gobierno ha seguido el juego. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció una iniciativa en el mismo sentido, para incorporar el delito de terrorismo urbano en el código penal. Incluye una disposición según la cual los policías y militares que durante la vigencia de los estados de emergencia fueran denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones serán investigados y/o sancionados de acuerdo con lo previsto en el artículo 173 de la Constitución. Es decir, en el fuero militar y policial. Algo que puede ir en contra de una investigación independiente e imparcial. Lo ha sostenido desde hace años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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La declaración de Adrianzén no deja lugar a dudas de las razones de esta disposición: “Es un compromiso que teníamos con nuestras Fuerzas Armadas y Policía para que tengan el respaldo jurídico que necesitan para actuar en estados de excepción y con la garantía de la protección legal correspondiente”.
Lo visto hasta ahora no es el camino apropiado para responder al desafío de la inseguridad de acuerdo con el experto en criminalidad organizada, Rubén Vargas. Advirtió que, en general, estrategias como el aumento de penas o el cambio de nombre de un tipo penal -como la figura de terrorismo urbano- son medidas “en la línea de la demagogia y de un populismo penal absolutamente irresponsable”. “Quieren dar un mensaje de mano dura, pero están utilizando anuncios efectistas que, si bien pueden generar aplausos fáciles de una población asustada, no ayudan a enfrentar el problema de fondo”, sostuvo.
Vargas recordó que para tratar de contener el robo de celulares se elevaron las penas hasta los 30 años de cárcel. Sin embargo, no funcionó. “La incidencia creció. Las penas altas no disuaden”, añadió. El experto también advirtió que en esa línea de la “mano dura” se proponen medidas que “violan marcos constitucionales y tratados internacionales” las cuales, a la larga, pueden terminar “victimizando a los delincuentes”.
Por su parte, el abogado penalista, Carlos Caro, explicó en un video difundido en sus redes sociales que se habla de terrorismo urbano para calificar delitos comunes que ya se encuentran en el código penal, como la extorsión, el asesinato y el secuestro, que suponen penas que incluso pueden llegar a la cadena perpetua. “Cambios en el código penal no necesitamos, ni normas procesales. Necesitamos inteligencia policial y eficacia en los procesos penales”, sostuvo.
Pena de muerte
En paralelo, corre en el Congreso otro proyecto de Wilson Soto (Acción Popular) que plantea sancionar con cadena perpetua o pena de muerte los delitos de terrorismo, sicariato, secuestro “y otros de extrema gravedad”. Ha sido criticado entre otros por la no agrupada Maricarmen Alva (aunque se mantiene como militante de Acción Popular). Dijo que en ningún país en donde la pena de muerte se ha aplicado ha habido disminución de delincuencia. “Es populismo barato. No estoy de acuerdo, menos en este país en donde va a morir cualquiera menos el que tiene la culpa”, declaró.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) recordó en un comunicado que el Código Penal contempla penas severas para delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro y el robo agravado, lo que vuelve al PL de Soto “innecesario e inconstitucional”. El CAL señaló que es necesario que el Ejecutivo impulse una reforma de los sistemas de justicia y penitenciario con un enfoque que incluya políticas de prevención, rehabilitación y atención a las causas de la criminalidad para lograr una reducción de los delitos.
