Denuncian a Gustavo Adrianzén y dos ministros por impulsar Ley Antiforestal en medio de crisis de incendios forestales
El presidente de la PCM, Ángel Manero, Juan Carlos Castro y la directora del Serfor enfrentan una denuncia penal por implementar la Ley Antiforestal y omitir acciones ante los incendios forestales en Perú.
Al menos cuatro funcionarios del Gobierno han sido denunciados penalmente por la implementación de la Ley N° 31973, también conocida como la "Ley Antiforestal", a pesar de la existencia de demandas que cuestionan su constitucionalidad y legalidad. La denuncia fue presentada por Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, e involucra al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; al ministro de Agricultura, Ángel Manero; al ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro; y a la directora del Serfor, Nelly Paredes.
La primera imputación se refiere al avocamiento ilegal de procesos en trámite, ya que la Ley Antiforestal —aprobada por el Congreso en el mes de enero— sigue siendo objeto de demandas ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Según el documento al que La República tuvo acceso, los denunciados promovieron la invasión de tierras forestales, facilitando actividades ilegales como la deforestación y quema de más de 299 mil hectáreas en Ucayali a través del "Redimensionamiento del Bosque de Producción Permanente".
Denuncia penal contra Gustavo Adrianzén, Ángel Manero, Juan Carlos Castro y Nelly Paredes.
La segunda acusación se relaciona con el otorgamiento ilegal de derechos sobre tierras deforestadas. Según el documento, el ministro Manero promovió un programa de formalización de tierras en mayo de 2024, sin cumplir con los requisitos legales. Esto buscaba legitimar tierras ocupadas de forma ilegal, lo que favorece la expansión de cultivos ilícitos. Se señala además que esta política incentivó la deforestación y provocó incendios en la Amazonía, que benefician a consorcios agroindustriales y promueven el narcotráfico.
Denuncia penal contra Gustavo Adrianzén, Ángel Manero, Juan Carlos Castro y Nelly Paredes.
El tercer cargo es la omisión de actos funcionales ante la crisis de incendios forestales. Según el documento, pese a que los incendios ya habían dejado decenas de fallecidos y más de mil damnificados, el gobierno se tardó en declarar el estado de emergencia hasta el 18 de septiembre. La gestión fue calificada como negligente, ya que desde semanas antes se tenían datos que advertían la gravedad de la situación.
Finalmente, el documento menciona a Nelly Paredes, directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), quien fue criticada por su falta de acción frente a la crisis de los incendios forestales en Perú. Según el documento, mientras los incendios se agravaban, Paredes, quien también había sido asesora principal de la presidenta Dina Boluarte, se encontraba en China participando en un foro sobre madera legal y sostenible. Esta ausencia fue vista como una señal de desatención hacia la emergencia ambiental que afectaba gravemente al país, lo que incrementó las críticas hacia su gestión y el desempeño del Serfor, institución clave en la protección de los bosques.
¿Qué es la 'Ley Antiforestal'?
En enero de este año, el Congreso de la República aprobó la autógrafa que modificaba los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, añadiendo dos disposiciones complementarias enfocadas en impulsar la zonificación forestal. La norma establece que "los bosques de producción permanente se crean mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del Serfor".
Además, indica que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre debe formular y aprobar un Plan Maestro de gestión, el cual debe incluir la identificación de áreas que requieran tratamiento especial para garantizar el uso sostenible, así como rutas de acceso, vías comunes y puntos de control.
No obstante, la Ley 31973, conocida por los activistas ambientales como la ley "Antiforestal", ha generado vacíos legales que han provocado confusión y una aplicación incorrecta de la norma. Esto ha generado preocupación entre los expertos, quienes consideran que las ambigüedades en su redacción facilitan interpretaciones erróneas y afectan la protección efectiva de los bosques y su fauna.
