Fiscalía presentará acción de inconstitucionalidad contra ley de impunidad
Sala que lleva el caso Huanta, por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 62 personas en 1984, verá hoy recurso que interpuso exmarino procesado. Excolinas también pidieron archivar sus casos. Abogados de las víctimas exhortan a los jueces a desestimarlos.
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Una acción de inconstitucionalidad contra la ley de impunidad, que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, presentará el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en los próximos días. El Ministerio Público emitió este pronunciamiento horas después de que tres acusados en casos emblemáticos presentaron un recurso para que se archive sus procesos.
“Atenta contra la defensa de los derechos humanos debido a que se contrapone a los estándares internacionales”, advirtió la Junta de Fiscales Supremos anoche en un comunicado, en el que precisa algunos de los procesos de graves violaciones a derechos humanos que se verían afectados, entre ellos el caso Huanta, en Ayacucho, sobre la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 62 personas en 1984.
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Precisamente, en ese proceso, el abogado del exmarino Augusto Gabilondo García del Barco, presentó ayer un recurso solicitando el archivo definitivo de su caso, el levantamiento de las órdenes de captura en su contra, “bajo responsabilidad”.
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Los máximos representantes del Ministerio Público rechazaron la ley aprobada con el N°32107, “porque vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha se encuentra a su cargo por hechos de especial gravedad”.
Expresaron su preocupación por los fiscales del subsistema de derechos humanos pues el artículo 5 de la cuestionada norma puede tener consecuencias negativas para ellos pues “al hacerlos pasibles de responsabilidad administrativa, habilita la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Control ejerza un control disciplinario de las decisiones que adopten en el marco de las investigaciones y procesos judiciales en los que intervienen”.
La Junta de Fiscales Supremos remarcaron que la Ley N° 32107 frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías del subsistema especializado de derechos humanos y "genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes".
Entre esos casos mencionó las investigaciones por los crímenes en Madre Mía, Soras, Ventocilla, Las Gardenias, Santa Bárbara, El Frontón, Leonor La Rosa, Cantuta-Pativilca. En este último caso, los abogados de los exmiembros del Destacamento Colina Carlos Pichilingue Guevara y Julio Chuqui Aguirre también presentaron ayer recursos, acogiéndose a la ley de impunidad.
Los primeros en pedir impunidad: Gabilondo García del Barco, Carlos Pichilingue y Julio Chuqui Aguirre
No serían los únicos en hacerlo, pues el abogado del indultado Alberto Fujimori -también procesado por los crímenes de Pativilca- ha anunciado que se acogerá a la norma.
Primer caso
La jueza Miluska Cano, que preside la Sala integrada por los magistrados Otto Verapinto y Herbert Llerena, señaló que tras ser oralizado el recurso presentado por el abogado de Augusto Gabilondo García del Barco, en el caso Huanta, hoy se escuchará al fiscal y los abogados de las víctimas. Luego de ello tomarán una decisión. No se sabe si hoy o en la próxima sesión.
Jueces Miluska Cano (Izq.), Otto Verapinto y Herbert Llerena (los de la derecha) decidirán si aplican ley de impunidad en el caso Huanta. Crédito Poder Judicial.
Los abogados de las víctimas, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), y Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), señalaron que los jueces deben desestimar el pedido.
“Es una ley inaplicable porque es contraria a las obligaciones del Estado sobre los tratados de derechos humanos que suscritos por Perú y violenta el derecho de las víctimas. Los jueces tienen que aplicar el control de convencionalidad”, dijo Cano.
Quispe agregó que debe también aplicarse el control difuso porque es una disposición que va contra la Constitución y el fallo del Tribunal Constitucional de 2011 sobre lesa humanidad. “De lo contrario tendremos que denunciarlos por prevaricato”, refirió.
