Política

Nueva Mesa Directiva del Congreso: ¿qué se espera tras la designación de Eduardo Salhuana?

El parlamentario de Alianza para el Progreso enfrenta acusaciones por presunta vinculación con actividades de minería ilegal y anti forestales.

Eduardo Salhuana fue elegido presidente del Congreso, pese a sus presuntos nexos con la minería ilegal. Foto: Congreso
Eduardo Salhuana fue elegido presidente del Congreso, pese a sus presuntos nexos con la minería ilegal. Foto: Congreso

Eduardo Salhuana es el nuevo presidente del Congreso. Su designación se dio en medio de una controversia por su presunta relación con actividades ilícitas, entre ellas, la minería ilegal y la industria maderera. Esto provocó que los sectores, ya perjudicados por los proyectos de ley que promovió, se enfrenten a la probabilidad de nuevas acciones en su contra.

La incertidumbre persiste, pese a que el líder del Parlamento aseguró que no presentará propuestas en tales sectores. "Rechazo categóricamente tener vínculo con actividad ilegal de algún tipo. Conforme a la democracia brindaré a la opinión pública toda la información de mis iniciativas y actividades públicas. Para evitar especulaciones, hago saber que el año que ejerza la presidencia no presentaré ninguna iniciativa de dicho sector económico", dijo haciendo referencia a la minería.

Al respecto, el parlamentario Guido Bellido comunicó que no espera ningún cambio transcendente. "Hay que ver en la práctica cuál va a ser el desarrollo, pero no creo que sea nada distinto de las anteriores mesas, porque es un bloque que viene trabajando desde la primera legislatura y que tienen una mayoría en el Congreso", refirió.

En tanto, el congresista Esdras Medina hizo hincapié en promover un trabajo conjunto al interior del Parlamento. "Lo que esperamos es trabajar todos en conjunto con temas puntuales de desarrollo para el país en economía, seguridad ciudadana. Y sobre todo que pueda haber consensos que puedan ayudarnos a dar un mensaje a la ciudadanía del trabajo que se desarrolla en el Congreso en bien de las diferentes regiones. Espero que la Mesa Directiva (trabaje) sin distinción política", señaló.

Por su parte, la excongresista de la República, Indira Huilca, se pronunció respecto a la elección de Eduardo Salhuana como presidente de la Mesa Directiva para el periodo anual de sesiones 2024-2025 y mencionó que la presidenta Dina Boluarte no debería confiarse del nuevo titular del Parlamento Nacional, ya que podría generar una crisis en perjuicio de su Gobierno.

En ese sentido, señaló que en una presunta inestabilidad, podría configurarse un cálculo en el cual el Legislativo intente apartar a Dina Boluarte, dado que la jefa de Estado ha demostrado ser una autoridad con un porcentaje mínimo de aprobación por parte de la ciudadanía y que desde el Congreso se podría asumir el rol de la Presidencia de la República.

Agregó que el mensaje a la nación de Boluarte trata de "enmascarar" el poder que tiene en la actualidad el Legislativo y calificó el discurso que emitió hace unos minutos como "falso".

Estos son las cuestionadas leyes de Eduardo Salhuana

El único representante de la región de Madre de Dios en el Congreso, ha presentado cuatro propuestas legislativas que buscarían modificar las acciones que se están haciendo para frenar la minería ilegal. Estas son:

  • Proyecto de Ley 07287-2023-CR: comprendía medidas para frenar el crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país, aprobada, sin mayor debate y sin dictamen.
  • Proyecto de Ley 0894-2022: también conocida como Ley Antiforestal, la cual busca quitar la potestad del Ministerio del Ambiente de gestionar la zonificación forestal y permitir la titulación de predios rústicos sin sustento técnico.
  • Proyecto de Ley 6259/2023: declara de interés nacional la planificación y construcción de infraestructura para el mejoramiento vial en el departamento de Madre de Dios. Esta propuesta incluía la construcción de carretera sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Tras protestas, este tramo fue retirado.
  • Ley que establece que equipamiento decomisado a mineros no se destruya sino que pase al sistema nacional de incautados.