Abogado de Patricia Benavides asegura que suspendida fiscal no pasaría a la clandestinidad
Poder Judicial programó para el lunes 29 de abril la evaluación del pedido de impedimento de salida del país contra la suspendida fiscal de la Nación.
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El abogado Juan Peña, quien lidera la defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró que su cliente no pasaría a la clandestinidad ante el avance de las investigaciones que la vinculan al liderazgo de una presunta red criminal que se habría enquistado en la cúpula del Ministerio Público. Señaló que ella cuenta con arraigo familiar y laboral, además de otros motivos que la obligan a mantenerse en el Perú.
“No se justifica (el pedido de la Fiscalía) porque el tema del impedimento de salida del país se da cuando hay indicios de que esta persona pueda rehuir a la investigación, pero lo extraño es que nosotros no hemos dejado de asistir a ninguna de las citaciones que el Ministerio Público nos ha dado, ni del Congreso, ni de la JNJ, hemos asistido a todas”, declaró a RPP.
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En este sentido, Juan Peña indicó que Patricia Benavides ha cumplido con asistir a todas las citaciones que le fueron reprogramadas: “Por estrategia se ha reprogramado algunas (audiencias), pero hemos ido. Ellos conocen el domicilio de la doctora; saben que tiene hijas, esposo, tiene arraigo familiar y domiciliaria. No entiendo el motivo”.
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Piden 36 meses de impedimento de salida del país contra Benavides
En tanto, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó una medida de restricción de salida del país contra Patricia Benavides, quien actualmente está suspendida del cargo de fiscal de la Nación. Según el organismo, esta solicitud se basa en el riesgo procesal vinculado a la posible conexión de Benavides con una organización criminal. Esta afirmación se apoya en una serie de pruebas que han sido presentadas a la autoridad judicial competente.
La solicitud se realizó este 23 de abril, fecha en la que se realizó el operativo Valkiria, desarrollado en Lima desde las 3:40 de la madrugada, bajo la dirección de la Eficcop, en un trabajo en conjuntos entre fiscales y efectivos policiales. Este fue dispuesto por Raúl Wensislao Justiniano Romero, del 8.° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. En total, 21 inmuebles fueron allanados.
Por su parte, el Poder Judicial, a través de sus redes sociales, informó que el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluará este lunes 29 de abril a las 11.00 a. m. la solicitud del Ministerio Público sobre el impedimento de salida del país por 36 meses contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esto, en el marco de las diligencias que se le siguen por presuntamente liderar una organización criminal en la Fiscalía.
"Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el lunes 29 de abril, a las 11.00 a. m., la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses para la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides (...). La Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó se imponga esta medida contra Benavides Vargas, investigada por el presunto delito de organización criminal", se lee en la publicación del Poder Judicial.
La red criminal que habría liderado Patricia Benavides
De acuerdo a la tesis fiscal, la presunta organización criminal, liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y para generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas.
La supuesta organización criminal habría logrado su consolidación y desplegado acciones para evitar que Patricia Benavides sea procesada y sancionada, y así continuase en el máximo cargo de la titularidad de la acción penal. Esto habría permitido que sus exasesores influyan ilícitamente en las decisiones de los congresistas de la República para que procuren promover la destitución de Zoraida Ávalos como fiscal suprema, quien sería su potencial sucesora ante su eventual destitución. El entorno de Patricia Benavides también habría trascendido en la designación del defensor del Pueblo, a fin de procurar la remoción de la Junta Nacional de Justicia para impedir la destitución de la exfiscal.
