Alberto Otárola en contra de regreso de los jueces sin rostro: “La justicia debe ser garantista”

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció sobre el proyecto presentando por el congresista Juan Burgos, de la bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario, el cual busca restituir la figura de los jueces sin rostros. Estos fueron empleados durante la década de los 90 para la lucha contra los movimientos subversivos, pero fracasaron en su intento de administrar justicia.

Representando la voz del Gobierno, Alberto Otárola indicó que el Ejecutivo no comparte la iniciativa, pero esperará que se realice el debate respectivo en el Congreso: “Vamos a esperar el debate, pero a mí me parece —personalmente— que la justicia debe ser democrática, garantista, y respetar el debido proceso legal. Hay resoluciones de la propia Corte Suprema que se manifiestan en ese sentido”, declaró en conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros de este lunes 12.

Como se recuerda, este sistema, que buscó proteger la identidad de los magistrados, fue implementado por el régimen dictatorial de Alberto Fujimori en 1992, luego del autogolpe de Estado. Pero, al cabo de cuatro años, el mismo Fujimori reconoció que las cárceles se habían abarrotado de gente inocente. Más de 1.000 personas inocentes estuvieron presas injustamente acusadas de terrorismo y traición a la patria.

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Proyecto para el regreso de los jueces sin rostro

A fines de enero, el congresista Juan Burgos presentó el proyecto de ley que propone la creación de los tribunales sin rostro para juzgar a las organizaciones criminales de alta peligrosidad, que podrían buscar atentar contra la seguridad de jueces y fiscales para evadir la justicia. El objetivo es preservar la identidad de los magistrados y fortalecer la lucha contra la criminalidad.

El artículo 2 del citado proyecto autoriza al Poder Judicial la creación e instalación de tribunales sin rostro en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado. Históricamente, los tribunales sin rostro aparecieron en Italia para los juicios contra las mafias locales.

¿Qué papel cumplieron los jueces sin rostro en el Perú?

En el Perú, durante las turbulentas décadas de 1980 y 1990, el país enfrentó una ola de terrorismo y violencia política sin precedentes, principalmente a manos de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En este contexto, el sistema de justicia implementó una medida radical para proteger a los jueces y fiscales que se encargaban de estos casos: la creación de los jueces sin rostro. Esta estrategia consistía en ocultar la identidad de los magistrados para evitar represalias, lo cual permitía que llevaran a cabo juicios sin exponerse a amenazas o ataques.

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La medida fue una respuesta directa a los numerosos asesinatos y amenazas dirigidas contra el personal judicial por parte de los grupos terroristas. Al mantener en secreto la identidad de los jueces, y en ocasiones alterar sus voces o permitir que se comuniquen detrás de cortinas, se buscaba garantizar su seguridad y la de sus familias. A pesar de que esta estrategia logró cierto éxito en la persecución y condena de terroristas, rápidamente se convirtió en objeto de críticas internacionales y nacionales. Los detractores argumentaban que el anonimato de los jueces podía vulnerar el derecho a un juicio justo, afectando la transparencia y la imparcialidad del proceso judicial.

Con el paso del tiempo, y ante las mejoras en la situación de seguridad del país, así como las reformas en el sistema judicial, el uso de los jueces sin rostro comenzó a disminuir. Aunque su existencia refleja una etapa crítica en la lucha contra el terrorismo en el Perú, también pone de manifiesto los desafíos éticos y legales que surgen al intentar equilibrar la seguridad de los funcionarios judiciales con los derechos fundamentales de los acusados. Este capítulo de la historia judicial peruana sigue siendo un tema de debate sobre cómo enfrentar eficazmente el terrorismo respetando los principios del Estado de derecho.