Los jueces sin rostro de los años 90 fracasaron al no administrar justicia

Los jueces sin rostro implementados entre los años 1992 y 1997 para la lucha contra el terrorismo fueron un fracaso total. A pesar de esta mala experiencia, el congresista Juan Burgos Oliveros plantea que se vuelvan a implementar para combatir el avance de la violencia social y el crimen organizado en el país.

Este sistema, que buscó proteger la identidad de los magistrados, fue implementado por el régimen dictatorial de Alberto Fujimori en 1992, luego del autogolpe de Estado. Pero, al cabo de cuatro años, el mismo Fujimori reconoció que las cárceles se habían abarrotado de gente inocente.

Más de mil personas inocentes estaban presos injustamente acusadas de terrorismo y traición a la patria. Ante esta trágica realidad, en 1996, el propio Fujimori reconoció los excesos e impulsó una ley para implementar una comisión ad hoc de indultos y derecho de gracia para revisar caso por caso.

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La comisión estuvo presidida por el padre Hubert Lanssiers, filósofo y capellán de los penales Miguel Castro Castro, Chorrillos y El Frontón.

Por recomendación de la comisión Lanssiers, entre 1996 y el 2000, Fujimori liberó por indulto y derecho de gracia a 513 inocentes. La revisión continuó en los años siguientes. En el gobierno de Valentín Paniagua se liberó a 227 inocentes y con Alejandro Toledo, otros 131 inocentes recuperaron su libertad.

El daño que se cometió contra ellos nunca ha sido reparado por el Estado.

Nuevos juicios

Eso no fue todo. Por acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, el Estado debió reconocer que el sistema de jueces sin rostro afectó la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso, la imparcialidad de los jueces de todas las personas juzgadas bajo este sistema.

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Por esto, a partir del 2004, tuvieron que repetirse todos los juicios por terrorismo: 2.500 procesos, incluidos los casos contra las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA, se anularon y las investigaciones y juicios tuvieron que realizarse de nuevo, recuerda el entonces presidente de la Sala Penal Nacional, Pablo Talavera Elguera.

Volver a realizar los juicios fue todo un problema. Muchos testigos habían muerto y otras pruebas desaparecieron por el paso del tiempo. Pero los juicios se realizaron y los que eran culpables fueron condenados, en juicios que respetaron la ley, a penas de cadena perpetua o superiores a 25 años.

Sin rostro, sin juez

El problema de los jueces sin rostro es que no hay forma de controlar su trabajo ni la investigación, el recojo de las pruebas o el debido proceso.

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Con los jueces sin rostro, la investigación quedó en manos de la policía. Tras la detención, el policía definía si el detenido era inocente y quedaba en libertad, si había cometido terrorismo, pasaba a los fiscales y jueces del fuero común, o traición a la patria, y era puesto en manos de los tribunales militares.

Con lo cual, el atestado policial se convirtió en prueba definitiva e incuestionable. Las declaraciones de arrepentidos, colaboradores y testigos, muchas veces obtenida bajo tortura y sin participación de abogado defensor, no podían ser contradichas.

Los jueces militares completaban la investigación, juicio y sentencia en cinco días. Se reportaron casos en los que tribunales en un solo día habían juzgado y condenado 15 casos distintos. Abogados o familiares que pudieron observar el área de seguridad de los jueces vieron que no había ningún magistrado. Nadie los estaba escuchando en las audiencias.

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La denuncia fiscal y la sentencia repetía y copiaba el atestado policial en todos sus extremos. Aquel juez o fiscal en el fuero común que se atrevía a contradecir el atestado o algún testimonio se convertía en sospechoso de colaborar con el terrorismo.

No repetir

Además, no todos los magistrados tenían el rostro cubierto, recuerda la fiscal María del Pilar Peralta, durante muchos años fiscal de casos de terrorismo en Lima. “Los fiscales y jueces de investigación estábamos plenamente identificados, así como todo el personal auxiliar y jurisdiccional; solo nos dieron un chaleco antibalas para protegernos”, señala.

A nivel del fuero común, se realizaban algunas diligencias para corroborar los atestados, pero estos eran los casos menores de filiación o colaboración con el terrorismo.  Repetir todos estos problemas sería fatal para el país. Sendero Luminoso y el MRTA fueron grupos estáticos y con mando único. Las organizaciones criminales se renuevan y cambian constantemente. Cae un cabecilla y otros dos toman su lugar.

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La realidad del perú es distinta a la de El salvador

Enfoque. Pablo Talavera, abogado

Está poniéndose de moda el sistema Bukele, pero nuestra realidad no se asemeja a la de El Salvador. Perú es más grande en territorio y población.

Tenemos que buscar alternativas jurídicas acordes con nuestra realidad para luchar contra este terrorismo urbano. Los jueces sin rostro fueron un fracaso en el pasado y más bien generarían un problema mayor.

Creo que lo que habría que trabajar es tener un sistema especial de jueces y fiscales, con logística y seguridad especial para enfrentar los riesgos. Esto supone una gran inversión del Estado que no se quiere realizar.

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Fiscales, jueces y personal jurisdiccional y administrativo con seguridad reforzada, bien pagados y comprometidos a realizar esta tarea y enfrentar los peligros. Con acciones de contrainteligencia para evitar infiltrados.

Luego, hay que tener una normativa jurídica especial, con investigaciones serias que no califiquen todo como organización criminal para evitar los falsos positivos y que los procesos no duren más de 36 meses.