Vladimiro Montesinos: ¿cuáles son los beneficios al someterse a la conclusión anticipada por caso Pativilca?
Penalistas —consultados por La República— indican que el ex jefe de facto del SIN buscó la conclusión anticipada para evitar un juicio oral y asegurar que su condena sea menor a la de 25 años por la matanza de Barrios Altos, a fin de que la nueva pena sea absorbida.
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El ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, aceptó —este lunes 29— acogerse a la figura de la conclusión anticipada, en el marco del juicio oral por el caso Pativilca. Esto se encuentra previsto en el artículo 372 del Código Penal, el cual indica que el juez declarará “la conclusión del juicio” para un imputado, si este responde de manera afirmativa a la pregunta de si admite su culpabilidad, con lo cual acepta su participación en el delito materia de acusación y se hace responsable de la reparación civil.
Como consecuencia directa, el Código Penal establece que el juez deberá sentenciar en menos de 48 horas (el miércoles 31 de enero a las 11 de la mañana) bajo sanción de nulidad, de manera que al momento de determinar la pena esta no podrá ser mayor a la solicitada por el Ministerio Público (25 años por el caso Pativilca) y, en caso decida reducirla, solo puede llegar hasta una séptima parte del total.
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En diálogo con La República, el abogado penalista Andy Carrión explicó que lo que buscaría Montesinos Torres es que su condena sea inferior a los 25 años que se le impuso por la matanza de Barrios Altos, la cual es —en la actualidad— la mayor de sus penas. Esto lo ayudaría a que el nuevo tiempo en prisión dispuesto sea absorbido por la mayor, así pueda salir de la Base Naval del Callao el 24 de junio de 2026.
“El que sale beneficiado es definitivamente Montesinos porque él ya cumplió en exceso la pena que se le pide en la acusación. Se libera de este caso y ya podría salir eventualmente al cumplimiento de la pena más alta y no tendría que afrontar este juicio”, dijo.
En tanto, el penalista Mario Amoretti indicó que “de la pena solicitada por el fiscal, le disminuyen dos o tres años, por aceptar la pena, las pruebas y los hechos en su contra”, indicó a este medio. En tanto, al ser el pedido fiscal de 25 años, podrían darle 22 o 23.
Como se recuerda, la masacre de Pativilca fue una acción cometida por el denominado Grupo Colina, el cual secuestró, torturó y asesinó a seis campesinos en la Pampa de San José y Caraqueño de Pativilca, en enero de 1992. Se les acusa de presuntamente pertenecer a Sendero Luminoso, algo que jamás fue probado.
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Defensa de Fujimori busca la extensión de la gracia presidencial
Por su parte, la defensa de Alberto Fujimori plantea que el indulto otorgado en el 2017, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se extienda a todos los procesos judiciales, incluido el caso Pativilca. De manera paralela, los abogados intentarán rebatir la tesis fiscal que le imputa al expresidente la autoría mediata por las muertes.
Así lo dio a conocer su abogado Elio Riera. “Es una de las estrategias de forma que tenemos porque, como estrategia de fondo, tenemos que discutir esta autoría mediata. La resolución emitida por el Sr. Pedro Pablo Kuczynski hace referencia a condenas y procesos, entiéndase procesos fiscales, judiciales, incidentes vinculados a un conflicto entre las partes. En efecto, se ha postulado como tal la extinción de la responsabilidad penal”, dijo a Exitosa.
Ya existe un pronunciamiento al respecto del PJ
En febrero del 2018, un par de meses después de emitirse el indulto a Alberto Fujimori en diciembre del 2017, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional resolvió que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias. Por ende, no puede ser excluido de ese nuevo proceso que en la actualidad se encuentra en etapa de juicio oral.
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Finalmente, aunque ya existe un pronunciamiento de descarte de la aplicación del indulto para este caso en específico, la defensa liderada por el abogado Elio Riera tiene aún la vía de requerir una aclaración adicional al Tribunal Constitucional (TC) para que realice una evaluación de la cuestión jurídica.
