Pedro Castillo: este 22 de enero analizan apelación para no ser investigado por golpe de Estado
La Fiscalía solicita 34 años de prisión contra el ex jefe de Estado por este caso. Se le atribuye la comisión de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
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El Poder Judicial analizará —el próximo lunes 22 de enero— la apelación presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones, recurso que busca que deje de ser investigado por su fallido intento de golpe de Estado, del 7 de diciembre del 2022. Actualmente, el ex jefe de Estado se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.
La audiencia será realizada en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la cual es presidida por el Dr. César San Martín. El inicio de la misma fue programado para las 9 de la mañana.
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Tuit del PJ sobre el caso del exmandatario Pedro Castillo. Foto: Poder Judicial
¿Qué delitos se le imputan a Pedro Castillo?
Al expresidente Pedro Castillo se le imputan los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública por su intento de golpe de Estado. Tras no lograr su objetivo, fue detenido —por la Policía Nacional— mientras intentaba refugiarse en la embajada de México, en busca de un eventual asilo político.
Por este caso, se le impuso una medida de 18 meses de prisión preventiva, los cuales cumple en el penal Barbadillo. En este centro penitenciario también se encuentra recluido el exmandatario Alejandro Toledo, mientras es juzgado por el caso Interoceánica. También estuvieron presos ahí —en años anteriores— Alberto Fujimori y Ollanta Humala.
Fiscalía pide 34 años de prisión para él
En tanto, la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial imponer 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Para quienes serían sus cómplices, el Ministerio Público pidió 25 años de pena privativa de la libertad para Betssy Chávez (jefa de la PCM durante el golpe de Estado) y 15 años para Aníbal Torres, quien ya no era ministro, pero se desempeñaba como asesor presidencial. También 25 años para los exministros Roberto Sánchez (Mincetur) y Willy Huerta Olivas (Interior).
