Manuel Rodríguez Cuadros: “La decisión de la JNJ es una gota de institucionalidad en este contexto de caos”

El excanciller y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Manuel Rodríguez Cuadros advirtió que la decisión del Estado peruano de no cumplir las obligaciones que tiene con el derecho internacional, específicamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convierte en una “quimera” las opciones del Perú de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

-El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de Alberto Fujimori. La liberación igual se produjo. ¿En qué estado queda la posición internacional peruana?

-Lo que ha hecho el TC al afirmar la primacía de su sentencia sobre los tratados internacionales, en este caso la Convención Americana, es una decisión sumamente grave, vulnerable desde el punto de vista jurídico. La Convención de Viena, que es una especie de constitución del derecho internacional, establece en su artículo 27 que ningún Estado puede utilizar su derecho interno…

-¿Para imponerse sobre los tratados?

-Como justificación para no cumplir con sus obligaciones internacionales. Esto significa que después de dos siglos de una política exterior que se ha fundamentado en el respeto al orden jurídico internacional y en el respeto de las obligaciones que emanan de los tratados, el Perú se ha puesto al margen de la legalidad internacional. Esto es muy delicado. No solamente hay efectos en el sector de los derechos humanos, sino también hay un impacto general. Somos un país que le dice a la comunidad internacional: “Señores, no cumplo mis obligaciones internacionales porque hago prevalecer el derecho interno sobre los tratados firmados en uso y en ejercicio de mi soberanía”. Esa es la inseguridad jurídica más absoluta que puede tener un Estado y va a repercutir en las inversiones, en el clima de negocios, en medio de una crisis económica cada vez más difícil de remontar.

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-Comprendo la explicación jurídica. Al mismo tiempo, quienes están a favor de la excarcelación señalan que, en realidad, mucho no va a pasar. ¿Qué responde?

-Diría que va a pasar mucho. Mucho y más. Esto afecta todas las relaciones internacionales del país, en todos los ámbitos, desde los derechos humanos hasta la economía y las inversiones. Para que el Perú pueda recuperarse económicamente, una decisión así manda el mensaje a los inversionistas de que este Estado no cumple con sus obligaciones internacionales.

-¿Los inversionistas observan este tipo de hechos?

-Es lo primero que observan. Un inversionista mira la legalidad y qué normas se aplican en caso de un conflicto con el Estado receptor. Es tan cierto esto que las inversiones extranjeras, en caso de conflicto, de interpretación, no se rigen por las leyes nacionales ni la jurisdicción peruana. Los Gobiernos del Perú, en uso de su soberanía, pactaron con los inversionistas extranjeros un régimen de solución de controversias que excluye la jurisdicción nacional. Por eso, el mensaje de que mandamos al tacho nuestras obligaciones pone en situación de vulnerabilidad nuestros acuerdos de inversión.

-¿Podría haber consecuencias políticas?

-Un elemento central de una democracia es la separación de poderes y el Estado de derecho. Damos la impresión de que somos un país que opta por patear el tablero de su propia institucionalidad jurídica. A estas alturas pensar que el Perú hará avances para ingresar a la OCDE es ya una quimera. La OCDE no es un organismo de cooperación internacional ni de integración. Nuclea a un grupo de países con ciertos estándares en diferentes ámbitos —constitucional, político, medio ambiente, legislación laboral—. El beneficio de estar en la OCDE es dar un mensaje de que se es un país predecible, con un Estado democrático y un sistema de justicia que funcionan.

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-¿Con la ejecución del indulto se liquidan en la práctica las opciones que tenía el Perú de ingresar a la OCDE?

-No digo con el indulto. Digo con la decisión de no cumplir las obligaciones que tiene el Perú con el derecho internacional, específicamente con la Corte IDH. Es distinto. No es el indulto el problema. El problema es que el Perú patea el tablero en sus obligaciones internacionales. El Perú no va a ingresar a la OCDE hasta que termine el Gobierno, eso está claro.

-¿Cómo se explica que un gobierno que buscaba legitimidad internacional —están los viajes de la presidenta Boluarte— haya pateado, precisamente, el tablero de sus obligaciones internacionales?

-Desde diciembre del año pasado, la política exterior ha estado dirigida a encontrar el reconocimiento internacional del Gobierno. Eso llevó a una percepción absurda de los viajes presidenciales para aparecer en fotografías con dignatarios extranjeros. Se llegó al extremo de publicitar reuniones bilaterales que nunca existieron. Todo esto lo que ha hecho es ruborizar a la historia diplomática peruana, porque han sido acciones muy poco serias.

-De acuerdo con el diagnóstico. Insisto, ¿por qué un gobierno que quiere legitimarse a nivel internacional patea el tablero internacional? Hay una contradicción.

-La hay. Pienso que hay una excesiva y singular actitud de privilegiar intereses coyunturales internos sobre la política exterior. Tenemos lo de la Junta Nacional de Justicia, lo de la fiscal de la Nación, las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de altos representantes del Gobierno y, en ese contexto, se calcula que es mejor mantener alianzas políticas —por ejemplo, con Fuerza Popular— que defender con entereza lo que son los intereses del Estado y de la sociedad. Lo que explica esto es la falta de consistencia en el ejercicio de la política, donde todo se supedita a intereses particulares. Hay un matiz. El canciller, con buen criterio, ha dicho que esta decisión no implica que el Perú se vaya a retirar de la Corte...

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-De hecho, dijo que el Perú respetaba al sistema interamericano. Sonó algo cínico.

-De acuerdo. Pero lo importante es que no se haya expresado la voluntad de dar un paso más radical en contra de los intereses del Perú. Dicho esto, yo pienso que lo que tenemos es una crisis multidimensional y, en el medio, está el colapso del sistema político y de la gobernabilidad que implica negociaciones y consensos. En ese contexto, pienso que lo único que puede evitar un mayor deterioro para la vida cotidiana de los peruanos es el adelanto de las elecciones. No será la solución, pero permitirá que un gobierno de transición evite una crisis mayor.

-Dudo que actores políticos que están haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder accedan a eso.

-(Pablo) Macera decía que la estabilidad en el Perú se corresponde con la geografía cambiante del huaico y del aluvión. La posibilidad de que se creen las condiciones para un adelanto de elecciones puede ser escasa, como usted dice, pero en términos de la historia peruana pueden configurarse en cualquier coyuntura próxima.

-¿Qué le parece la decisión de la JNJ de haber suspendido a la fiscal Patricia Benavides?

-Es una decisión que está dentro de sus competencias. En esta situación, la legalidad y la previsibilidad de los principales órganos del Estado es un valor que hay que estimular. Es una decisión que está en el marco constitucional y en el marco legal. Es una decisión legítima en función de la evaluación que ha realizado. En ese sentido, la decisión de la JNJ es una gota de institucionalidad en este contexto de caos que estamos viviendo.

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“La proyección externa peruana es muy negativa”

-Distintos observadores de la actualidad han advertido que en el Perú ejerce el poder una especie de coalición autoritaria que tiene distintas patas en el Gobierno, en el Congreso y en la Fiscalía. ¿La suspensión de la fiscal Patricia Benavides podría tener algún efecto sobre dicha coalición?

-La democracia admite gobiernos de distintas orientaciones políticas, ¿no es así?

-Claro. Además, lo ideal es que haya alternancia.

-Pero es importante decirlo para contextualizar mi respuesta. En efecto, se está produciendo una alteración de los modos en que se articuló una suerte de bloque en el poder, de una orientación de derecha, en la que están las fuerzas más importantes del Congreso, el Gobierno, algunas instituciones y otros sectores. Ahora se ven contradicciones que antes no existían y puede haber un reacomodo de este bloque, una reedición de estas alianzas.

-¿Qué imagen proyecta el Gobierno peruano a nivel internacional? Ya no solo me circunscribo al tema del indulto. Hablo en general.

-Yo no soy un partidario de usar la palabra “imagen”. A veces se piensa que la diplomacia no es técnica, pero sí lo es. Y es una ciencia social. Los países no tienen una imagen, sino una proyección externa.

-¿Cuál es la proyección internacional peruana, entonces?

-La proyección externa que tiene el Perú en estos momentos es muy negativa. Nos perciben como un país con gravísimos problemas de gobernabilidad, de corrupción, de inestabilidad institucional y de imprevisibilidad de las acciones de los actores políticos. Todo esto da, en resumen, la visión de un país que se percibe, quizás, como el más inestable en América Latina. A eso hay que añadir ya no la percepción, sino la certidumbre de un país que está en recesión económica y cuyos indicadores sociales se han deteriorado de manera dramática. Al mismo tiempo, la comunidad internacional sabe que se mantiene una disciplina macroeconómica importante y con una riqueza minera, pesquera y agrícola competitiva.

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